PoloSur
Poco después de que el entonces juez Sergio Moro lo condenara en 2017 a nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, Lula se convirtió en el símbolo de la lucha política en Brasil. La condena se basó en la acusación de que recibió como regalo un tríplex de la constructora OAS a cambio de favores políticos. Tras la confirmación de su condena en un tribunal de apelaciones, Lula fue arrestado el 7 de abril de 2018, en un acto cargado de simbolismo donde se presentó ante sus seguidores como un inocente perseguido por el sistema.
El panorama judicial de Lula dio un giro inesperado en 2019, cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) decidió anular las condenas dictadas en su contra, al determinar que Moro había actuado de forma parcial y que las causas no eran competencia del tribunal que las había juzgado. Este fallo, que no solo beneficiaba a Lula, sino a otros procesados, permitió su liberación tras 580 días de encarcelamiento. A pesar de las controversias y el escándalo generado por la filtración de mensajes entre Moro y fiscales, la decisión final del STF se centró en cuestiones de competencia y no sobre la imparcialidad del exjuez.
La anulación de los procesos devolvió a Lula sus derechos políticos, lo que le permitió presentarse en las elecciones presidenciales de 2022, donde finalmente se alzó con la victoria. Aunque las causas relacionadas con su nombre fueron trasladadas a la Justicia Federal de Brasilia, nunca volvieron a abrirse, pues la fiscalía solicitó su archivo por prescripción, dado que Lula ya había superado los 70 años. Así, la historia de Lula y su enfrentamiento con el sistema judicial brasileño continúa siendo un tema de gran relevancia en el debate político del país.
