Polo Sur
La crisis fiscal de Tierra del Fuego ya dejó de ser una advertencia política para convertirse en una alarma financiera concreta. Moody’s Local degradó la calificación crediticia de la provincia de BB+.ar a BB-.ar y expuso, con números demoledores, el deterioro acelerado de las cuentas públicas bajo la gestión de Gustavo Melella.
El informe es lapidario. La calificadora internacional advierte que la provincia atraviesa un “marcado deterioro de las métricas fiscales” producto de un crecimiento del gasto público muy por encima de los ingresos. En otras palabras: Tierra del Fuego gasta mucho más de lo que genera y ya ni siquiera los organismos financieros creen sostenible el rumbo económico del gobierno provincial.
Los números son alarmantes.
Durante 2025, el déficit financiero provincial explotó hasta alcanzar los $232.580 millones, cuando apenas un año antes el rojo era de solo $846 millones. El resultado operativo también se desplomó de un superávit de $28.603 millones en 2024 a un déficit de más de $202 mil millones en 2025.
El problema no es únicamente coyuntural. Moody’s identifica causas estructurales gravísimas: caída de la actividad industrial y turística, derrumbe real de las regalías hidrocarburíferas y agravamiento del déficit previsional. Pero además señala algo todavía más delicado: el Estado fueguino perdió capacidad de maniobra porque la mayor parte del gasto está absorbida por salarios y estructura estatal.
Es decir, la provincia quedó atrapada dentro de un aparato público gigantesco que consume recursos a un ritmo insostenible.
El dato más brutal del informe es el crecimiento del gasto en personal. En apenas cuatro años pasó de $41 mil millones en 2021 a más de $868 mil millones en 2025. Un incremento fenomenal que refleja la expansión permanente del Estado provincial mientras la economía privada se achica, la industria pierde competitividad y el empleo genuino se derrumba.
La contradicción es obscena: mientras el sector privado enfrenta caída de actividad, cierre de comercios y pérdida de empleo, el aparato político sigue creciendo y eso explica buena parte del colapso fiscal actual.
Moody’s también advierte que los gastos de capital están en niveles históricamente bajos. Traducción simple: la provincia gasta cada vez más en sostener su estructura política y cada vez menos en infraestructura, desarrollo o inversión real.
El modelo se volvió completamente improductivo.
Tierra del Fuego recauda más, gasta muchísimo más y aun así termina cada año más endeudada, más dependiente y más frágil financieramente.
La deuda total provincial ya escaló a $137.375 millones. Pero el punto más peligroso es otro: más del 91% de esa deuda está nominada en moneda extranjera. Es decir, la provincia quedó extremadamente expuesta a cualquier salto cambiario, algo especialmente grave en una Argentina donde el dólar históricamente destruye las cuentas públicas provinciales.
La situación es todavía más delicada porque gran parte de esa deuda está respaldada por regalías hidrocarburíferas, justamente uno de los ingresos que Moody’s marca como deteriorados.
El círculo es explosivo.
Menos actividad económica.
Menos regalías.
Más gasto político.
Más déficit.
Más deuda.
Más fragilidad financiera.
Y mientras todo eso ocurre, el gobierno provincial sigue destinando miles de millones a estructuras cuestionadas, agencias sobredimensionadas, contrataciones directas y proyectos de dudoso impacto productivo.
El informe de Moody’s destruye el relato oficial de “orden”, “modernización” y “administración eficiente”. Lo que muestran los números es otra cosa: una provincia que perdió equilibrio fiscal, que depende cada vez más del endeudamiento y que ya empieza a ser observada con preocupación por los mercados financieros.
La degradación de la nota crediticia no es un detalle técnico. Es una señal política y económica gravísima. Significa que Tierra del Fuego hoy es considerada una jurisdicción más riesgosa para prestar dinero, invertir o financiarse. Y eso inevitablemente termina impactando sobre toda la sociedad: menos crédito, más costos financieros y menor capacidad futura de inversión pública.
Pero quizás lo más preocupante sea el silencio político.
Porque frente a un deterioro fiscal de semejante magnitud, el gobierno no anunció una reducción estructural del gasto político, ni una revisión profunda del tamaño del Estado, ni un plan serio de desarrollo privado. Por el contrario: sigue ampliando estructuras burocráticas mientras la provincia se hunde financieramente.
La crisis ya no es una discusión ideológica, los números hablan solos.
Y el informe de Moody’s acaba de confirmar oficialmente algo que en Tierra del Fuego ya se siente en la calle hace tiempo: el modelo económico de Melella empezó a mostrar señales de agotamiento peligroso.
