Polo Sur
El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, volvió a apelar a la narrativa de futuro prometedor con la aprobación de la reforma de la Ley 1355 que impulso en conjunto con los Libertarios locales. Melella presentó a la acuicultura como una actividad “estratégica” capaz de generar empleo, atraer inversión privada y ampliar la matriz productiva de la provincia. Sin embargo, detrás del discurso optimista, la realidad vuelve a mostrar un patrón repetido, anuncios grandilocuentes sin ningún sustento concreto.
La habilitación de la salmonicultura fuera del Canal Beagle se vende como un punto de inflexión para el desarrollo fueguino, pero no hay evidencia de inversores reales dispuestos a desembarcar en la provincia. No hay proyectos en ejecución, no hay cronogramas de inversión, no hay certezas. Solo declaraciones.
El propio gobernador desatando su verso que ya es todo un clásico de guitarreo mediático habló de “reglas de juego fortalecidas”, “altos estándares ambientales” y “fomento a la inversión privada”. Pero la pregunta clave sigue sin respuesta: ¿quién va a invertir? Porque en un contexto de incertidumbre económica, falta de infraestructura y ausencia de políticas claras de largo plazo, el capital privado no responde a discursos, responde a condiciones, que también se basan en un gobierno responsable que tenga credibilidad y confianza, cosa que Melella dejo de tener hace mucho tiempo.
La historia reciente refuerza el escepticismo. Tierra del Fuego acumula una larga lista de proyectos anunciados por Melella que nunca se concretaron: polo petroquímico, hidrógeno verde, desarrollo portuario, industrialización de recursos naturales. Todos presentados como soluciones estructurales, todos diluidos en el tiempo.
Ahora la acuicultura parece seguir el mismo camino.
Más aún, el planteo oficial omite una contradicción central: mientras se impulsa esta supuesta diversificación productiva, el contexto nacional —marcado por la apertura de importaciones y la desarticulación de políticas industriales— va en sentido inverso, debilitando cualquier esquema que requiera planificación y protección inicial.
En este escenario, la salmonicultura corre el riesgo de convertirse en un nuevo “relato productivo” sin correlato real.
El gobierno habla de empleo, pero no hay empresas, habla de inversión, pero no hay capital, habla de desarrollo, pero no hay plan, el gobierno de Melella lo único que hace es hablar, hablar y hablar.
Una vez más, la política fueguina parece atrapada en el anuncio permanente, donde cada nueva iniciativa se presenta como la solución definitiva, aunque nunca llegue a materializarse.
Porque cuando las palabras no se traducen en hechos, dejan de ser políticas públicas.
Y pasan a ser, simplemente, otro verso más.
