Dejó un déficit de $27 mil millones mensuales y ahora tiene la receta para salvar la industria fueguina

En Tierra del Fuego, la política parece haberse especializado en un ejercicio cada vez más frecuente: anunciar soluciones después de haber generado los problemas. La reciente reunión encabezada por el ministro de Producción, Francisco Devita, junto a autoridades provinciales y cámaras industriales, no escapa a esa lógica. Bajo el discurso de la “diversificación productiva” y la “modernización de procesos”, el Gobierno intenta posicionarse como arquitecto de una salida que, en rigor, nunca supo construir a tiempo.

Hablan de repensar la manufactura, de acoplarse a nuevas cadenas de valor, de aprovechar el know-how y la capacidad instalada. Todo eso suena que se cae de maduro. El problema es que no es nuevo. Es exactamente lo mismo que se viene diciendo desde hace años, mientras la industria fueguina pierde competitividad, se retrae el consumo y se deteriora el empleo privado. La diferencia es que ahora el contexto es más crítico, y las consecuencias, más visibles.

El dato que incomoda —y que el discurso oficial intenta esquivar— es el rojo estructural de la provincia: un déficit mensual que ronda los 27 mil millones de pesos. Ese agujero no es una abstracción técnica; es el resultado directo de una gestión que no logró ordenar las cuentas, ni generar nuevas fuentes de ingresos, ni anticipar el impacto de un modelo económico nacional adverso. En ese escenario, pretender liderar una transformación industrial sin resolver el frente fiscal es, como mínimo, inconsistente y hasta irresponsable.

Más aún cuando los propios funcionarios reconocen que el problema central es la caída del consumo. Sin demanda, no hay producción que resista. Sin mercado interno, cualquier intento de reconversión productiva queda reducido a un enunciado teórico y a una mera expresión de deseo. Sin embargo, en lugar de abordar esa raíz estructural, el Gobierno insiste en medidas periféricas: simplificación de trámites, programas de proveedores, reuniones de agenda. Herramientas útiles, sí, pero claramente insuficientes frente a la magnitud de la crisis, es como querer apagar un incendio con un vaso de agua.

A esto se suma la dependencia de decisiones nacionales. La preocupación por el fin del anti dumping en aires acondicionados, el reclamo por el contrabando, la necesidad de “receptividad” por parte de funcionarios de Nación. Todo el esquema productivo fueguino aparece atado a variables externas que la provincia no controla. Y en ese contexto, el discurso oficial oscila entre la gestión de ese vaso de agua y la resignación.

La foto con las cámaras industriales —UIF, AFARTE, CAFIN— busca transmitir articulación y consenso. Pero detrás de esa imagen hay una realidad menos amable: un sector privado que advierte el deterioro, que reclama previsibilidad y que no encuentra en el Estado provincial una conducción clara para atravesar el momento. La agenda común que se menciona es, en los hechos, una agenda de urgencias.

El problema de fondo no es la falta de diagnósticos. Es la falta de resultados. La dirigencia que hoy habla de “repensar” la industria es la misma que no logró evitar su retroceso. La que hoy propone “diversificar” es la que no generó alternativas cuando todavía había margen. Y la que ahora busca consensos es la que no construyó condiciones para sostener el desarrollo en los años de mayor disponibilidad de recursos.

En política, la credibilidad no se construye con declaraciones, sino con antecedentes. Y en ese terreno, el Gobierno provincial carga con una contradicción difícil de disimular: haber administrado un proceso de deterioro y, al mismo tiempo, presentarse como el motor de la recuperación.

La industria fueguina necesita mucho más que reuniones, diagnósticos repetidos y promesas de articulación. Necesita un rumbo claro, decisiones concretas y, sobre todo, una conducción que haya demostrado capacidad para gestionar en contextos adversos. Hoy, lo que se ofrece es un nuevo intento discursivo de ordenar lo que ya se desordenó.

Y en ese contraste —entre lo que se dice y lo que efectivamente ocurrió— es donde queda expuesta la principal debilidad del planteo oficial: querer liderar la salida de una crisis que ellos mismos no supieron evitar.