Polo Sur
En medio de una crisis económica que golpea con crudeza a la industria nacional y castiga particularmente a Tierra del Fuego, los gobiernos de Gustavo Melella y Javier Milei eligieron el mismo camino: aumentos para la cúpula del poder y ajuste para el resto.
En la provincia, mientras el déficit mensual roza los 20 mil millones de pesos y la actividad industrial atraviesa una de sus etapas más delicadas, el Ejecutivo decidió incrementar en un 35 % promedio los salarios de ministros, secretarios, subsecretarios y coordinadores provinciales mediante el Decreto 92/2026. La suba, retroactiva al 1° de enero, fue cuidadosamente disfrazada bajo ítems como “antigüedad” y “título profesional”. No alcanza a trabajadores, no alcanza a jubilados, no alcanza a sectores críticos: es exclusivamente para la planta política.
Al mismo tiempo, el gobierno provincial sostiene un millonario esquema de pauta oficial que supera los 7 mil millones de pesos y que depende directamente de la Jefatura de Gabinete. A eso se suma un dato imposible de ocultar: Tierra del Fuego es la segunda provincia con mayor gasto publicitario por habitante en Facebook, con $742,18 por persona, cuadruplicando el promedio nacional. Más de 190 millones de pesos volcados a una sola red social en un contexto de déficit estructural.
La contradicción es obscena: se invoca austeridad cuando se negocia con estatales, se habla de responsabilidad fiscal cuando se ajusta sobre salarios y servicios, pero no hay límites cuando se trata de fortalecer la estructura política o financiar comunicación oficial en año electoral.
A nivel nacional el escenario no es diferente. El gobierno de Milei otorgó aumentos que, según denuncias sindicales, rondan el 90 % para ministros y altos funcionarios, mientras el salario mínimo perdió más de un tercio de su poder adquisitivo desde fines de 2023. El argumento es la “competitividad” y la “jerarquización” de la función pública; la realidad es que el sacrificio no se distribuye de manera equitativa.
En ambos casos el mensaje es claro: el ajuste es selectivo. Se exige esfuerzo a trabajadores, docentes, jubilados y sectores productivos, pero se protege a la elite política. Se pide paciencia a la sociedad mientras se garantizan privilegios en la cúspide del Estado.
En Tierra del Fuego, donde la industria sostiene el empleo y la recaudación, donde cada caída del consumo repercute en fábricas y comercios, resulta aún más grave que el gobierno priorice pauta y aumentos políticos por sobre una estrategia seria para enfrentar la crisis.
No se trata solo de números. Se trata de prioridades. Y hoy las prioridades de Melella y Milei parecen coincidir: blindar al poder mientras el costo lo paga la sociedad.
