Polo Sur
El intendente de Río Grande, Martín Perez, fijó una posición contundente frente a una serie de decisiones que impactan de lleno en Tierra del Fuego, al advertir que la falta de orden y planificación abre la puerta al avance del Gobierno nacional sobre recursos que pertenecen a los fueguinos. En ese marco, defendió la administración eficiente como una herramienta clave para preservar la soberanía provincial y garantizar derechos.
Martín Perez advirtió que «sin orden y planificación se habilita el avance sobre los recursos fueguinos.» refiriéndose a la intervención del puerto de Ushuaia por parte del Gobierno nacional, una medida que calificó como ilegítima e ilegal, y que deja a la provincia “sin un puerto propio”.
Perez remarcó que se trata de una decisión que no solo afecta a Ushuaia, sino que tiene impacto directo en toda la provincia, incluida Río Grande, al comprometer una infraestructura estratégica que forma parte del patrimonio histórico y productivo de los fueguinos. En ese sentido, expresó su preocupación por la situación laboral de los trabajadores portuarios, quienes quedan en un escenario de incertidumbre frente a la intervención.
“El puerto es de los fueguinos y debe ser defendido como tal”, sostuvo el intendente, al tiempo que vinculó este avance del Gobierno nacional con las debilidades internas de la administración provincial.
Orden y eficiencia para evitar el avance sobre los recursos fueguinos
En un tono de autocrítica institucional, Martín Perez subrayó la necesidad de ordenar prioridades y mejorar la eficiencia en la gestión pública, sin recurrir a políticas de ajuste ni a la lógica de la “motosierra”.
El intendente fue claro al señalar que una administración desordenada y sin planificación facilita las intervenciones externas, y que la mejor forma de defender los recursos estratégicos de la provincia es a través de una gestión sólida, transparente y eficiente.
“Cuando no hay orden ni eficiencia, se habilita el avance sobre lo que nos pertenece”, advirtió, marcando una línea política que combina responsabilidad en la gestión con defensa del interés provincial.
