Polo Sur
La crisis de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) tuvo en las últimas horas su desenlace más dramático. Falleció Oscar Mauricio Ulloa, paciente oncológico derivado a Buenos Aires, cuyo tratamiento había sido interrumpido y demorado por cortes de prestaciones, pagos atrasados y la falta de entrega de una medicación clave, pese a contar con indicación médica y autorización formal.
Su hija, Florencia Ulloa, había realizado una denuncia pública que expuso con crudeza el calvario administrativo y sanitario que atravesaba la familia. En su testimonio, responsabilizó de manera directa a OSEF y al Gobierno provincial por una cadena de demoras que, según advirtió, ponían en riesgo la vida de su padre. Hoy, ese riesgo lamentablemente se materializó.
Oscar Ulloa cursaba un tratamiento oncológico por linfoma. Tras una recaída, había iniciado en mayo de 2025 un nuevo esquema terapéutico en la Hospital Británico de Buenos Aires. Sin embargo, en mayo de 2025 la institución suspendió la atención debido a la falta de pago de OSEF, obligando al paciente a cambiar de centro en pleno tratamiento. El Hospital Italiano continuó la atención, pero las demoras administrativas persistieron.
En la etapa más crítica del tratamiento, una nueva droga oncológica —indicada con carácter urgente y debidamente autorizada— nunca fue entregada, ya que la obra social no actualizó los pagos correspondientes. La solicitud había sido realizada el 18 de diciembre, luego de que el esquema anterior no diera los resultados esperados. Desde entonces, el silencio administrativo y la inacción se impusieron, mientras el estado de salud del paciente se deterioraba.
“El tiempo corre en contra. Juegan con los tiempos y con la vida de una persona”, había advertido Florencia Ulloa en su denuncia. Hoy, esas palabras adquieren un peso irreversible.
El fallecimiento de Oscar Ulloa vuelve a colocar en el centro del debate la responsabilidad política por el colapso de OSEF, una crisis que el propio Gobierno de Tierra del Fuego trata de minimizar desde hace años, sin proponer una solución estructural. Mientras tanto, los afiliados enfrentan tratamientos interrumpidos, derivaciones forzadas y una burocracia que, en casos como este, no es un problema administrativo: es una sentencia.
La familia pidió acompañamiento para visibilizar el caso y exigir respuestas. El reclamo ya no es solo por una medicación que no llegó a tiempo, sino por una vida que se perdió en medio de expedientes, deudas y decisiones que nunca se tomaron.
La pregunta que queda abierta es tan dura como ineludible: ¿cuántas muertes de familias fueguinas serán necesarias para que el gobierno provincial y el gabinete de Gustavo Melella asuma, de una vez, la gravedad de la crisis sanitaria que atraviesa Tierra del Fuego?
