Polo Sur
Por Guadalupe Zamora – Concejal MPF Río Grande
La intervención del Puerto era un secreto a voces, negado por distintos actores del gobierno provincial, y se suma a una serie de situaciones críticas que viene atravesando la provincia. Todo ello, además, en un contexto nacional e internacional complejo, con crecientes tensiones geopolíticas en nuestra región, donde las decisiones —o las omisiones— de los gobiernos adquieren un peso aún mayor.
Esto me lleva a una reflexión central: en política y en economía, las decisiones nunca son neutras.
Cada medida que se toma —o que se evita— tiene consecuencias muy concretas en la vida cotidiana de la gente.
En Tierra del Fuego esas consecuencias ya no se discuten, se padecen: menos salud, menos educación, menos empleo, menos desarrollo social y menos previsibilidad. Seguir naturalizando un Estado provincial que reacciona tarde, gobierna sin planificación y carece de rumbo es aceptar que el deterioro se vuelva permanente.
En este contexto, la intervención del Puerto no puede analizarse como un hecho aislado. Es, en buena medida, el resultado de un modelo de gestión del gobernador Gustavo Melella que, en los últimos años, priorizó casi exclusivamente la reforma de la Constitución Provincial, postergando debates y políticas estructurales indispensables para el futuro de la provincia.
Es la síntesis de una forma de gobernar que privilegió la improvisación por sobre la planificación, la discrecionalidad por sobre el diálogo y la concentración de poder por sobre el respeto institucional.
Y esto tiene un costo alto. Porque Tierra del Fuego posee una enorme capacidad estratégica, logística, productiva, comercial y geopolítica, pero el desorden persistente y la falta de conducción política terminan apagando ese potencial y nos hacen perder oportunidades vitales.
Entonces vuelvo a la pregunta inicial: ¿cuál es el costo de gobernar sin rumbo?
El costo es concreto y lo paga la sociedad fueguina todos los días.
Lo vemos en los puestos de trabajo que se pierden, en la ausencia de una política sostenida de desarrollo y en la falta de acompañamiento real a quienes invierten y producen.
Lo vemos en los servicios esenciales que no se garantizan. La educación y la energía son ejemplos claros de sistemas atravesados por problemas estructurales que se repiten año tras año sin soluciones de fondo. No podemos olvidar las pocas semanas de clases del año pasado y el daño profundo que eso genera en niños y jóvenes, ni los reiterados cortes de energía en Ushuaia y Tolhuin.
Lo vemos en los salarios, con trabajadores que no llegan a fin de mes y policías retirados que pasan meses sin cobrar.
Lo vemos en la salud, con familias enteras que ven postergados tratamientos, medicamentos y derivaciones. En muchos casos, la mala gestión se paga con un deterioro irreversible de la salud o con la vida misma.
No se trata de relatos exagerados: es una realidad que atraviesa a muchas familias fueguinas.
Un Estado que llega tarde no solo falla en la gestión, sino que rompe el contrato más básico con su gente: el de cuidar la vida.
Lo vemos en la dignidad de personas obligadas a vivir en la calle o a endeudarse para pagar servicios básicos o un alquiler, ante la ausencia de políticas habitacionales sostenidas.
Lo vemos en la institucionalidad, cuando se intervienen organismos, se toman decisiones unilaterales y se debilitan los controles democráticos.
Y lo vemos en el federalismo, porque Tierra del Fuego no logra una defensa firme y sostenida de sus intereses frente al Gobierno Nacional, incluso cuando están en juego recursos estratégicos, soberanía y desarrollo. Resulta llamativo el escaso acompañamiento político regional en momentos clave como la crisis de la industria, la eliminación del FAMP, la instalación de bases extranjeras, el radar británico con capacidad militar y ahora el Puerto.
El Puerto debería ser una herramienta central para el desarrollo provincial: generar empleo, fortalecer el comercio, potenciar el turismo y consolidar nuestra posición estratégica en el Atlántico Sur. Hoy, lamentablemente, se ha transformado en un símbolo de parálisis y falta de conducción política.
Ahora bien, sería irresponsable analizar esta situación sin señalar también el rol del Gobierno Nacional. La intervención fue dispuesta de manera intempestiva, sin una comunicación institucional clara y con fundamentos que, hasta el momento, se apoyan más en presunciones que en explicaciones concretas.
A ello se suma una preocupación que no puede ser soslayada: en un escenario global de disputa geopolítica por rutas, recursos y posiciones estratégicas, el Gobierno Nacional tiene la responsabilidad indelegable de garantizar que la intervención del Puerto no derive en decisiones que comprometan la soberanía ni habiliten la injerencia de intereses externos en un recurso que es estratégico para Tierra del Fuego y para el país.
Se habla de supuestos desvíos de fondos, pero no se ha informado con precisión qué criterios objetivos justifican una intervención por doce meses, ni qué ocurrirá con los trabajadores, la actividad comercial y turística o los recursos que allí se generan.
¿Cómo se van a administrar esos fondos? ¿Quién los va a controlar? ¿Se destinarán a inversiones reales para la provincia?
Esta falta de información genera incertidumbre y vulnera el derecho de los fueguinos a saber qué se está haciendo con un recurso que les pertenece. Porque el Puerto no es del Gobierno Nacional ni del Gobierno Provincial: el Puerto es de los fueguinos.
Frente a este escenario, es imprescindible cambiar el rumbo con urgencia. Tierra del Fuego necesita recuperar la planificación, el diálogo y la previsibilidad; fortalecer la institucionalidad; construir un plan estratégico para el desarrollo portuario y logístico; defender activamente la industria y el trabajo fueguino; y garantizar transparencia y control democrático.
No se trata solo de señalar errores, sino de ofrecer un camino posible para volver a poner a la provincia en marcha.
Tierra del Fuego no puede seguir siendo gobernada a base de parches, silencios, decisiones tardías y maquillaje mediático. Cada oportunidad perdida profundiza el deterioro de una provincia que debería estar creciendo, no sobreviviendo.
Los fueguinos no elegimos vivir en la incertidumbre permanente. Merecemos un Estado que ordene, que dé previsibilidad y que defienda el presente y el futuro de la provincia por encima de cualquier especulación política.
Nada de lo que ocurre hoy es casual. Todo tiene responsables.
Y el costo de gobernar sin rumbo ya es demasiado alto para seguir mirando para otro lado.
