PoloSur
Este martes, la defensa de Fernández de Kirchner anunció la incorporación de una auditoría económica a su presentación, que se suma a la comunicación individual presentada a fines de julio. En este documento, se alegan ocho violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluyendo la falta de una revisión exhaustiva por parte de la Cámara de Casación y el hecho de que 49 de las 51 obras públicas en cuestión ya habían sido objeto de investigaciones cerradas.
La auditoría, realizada por el economista brasileño Antonio Corrêa de Lacerda, se basa en datos de la Dirección Nacional de Vialidad. Según el informe, las empresas del Grupo Austral, vinculadas a Lázaro Báez, recibieron 18,66 millones de dólares, lo que representa solo el 0,85% de los más de 2.000 millones desembolsados. El abogado Carlos Beraldi, quien lidera la defensa, afirmó que la sentencia en su contra fue injusta y que se condenó a una persona inocente.
La condena de Fernández de Kirchner, ratificada por la Corte Suprema en junio de 2025, la declaró culpable de administración fraudulenta por la adjudicación irregular de 51 obras viales en Santa Cruz, con un perjuicio estimado al Estado de alrededor de 500 millones de dólares. Actualmente, cumple una pena de seis años de prisión en arresto domiciliario, tras haber firmado el decreto 54/2009, considerado por la fiscalía como el eje de la maniobra delictiva.
El Comité de Derechos Humanos revisa comunicaciones individuales bajo el Protocolo Facultativo del Pacto, emitiendo dictámenes que no tienen carácter vinculante. La defensa espera que su solicitud sea considerada en la próxima reunión del organismo, programada para finales de octubre o principios de noviembre, y posteriormente planea solicitar la revisión de la condena en la justicia argentina.
Fuente original: MercoPress Argentina.
