PoloSur
El eje central de la reforma es la desregulación del Nomenclador de Prestaciones Básicas, que dejará de incluir valores universales, según lo estipulado en el presupuesto. Esto implica que el listado de aranceles obligatorios para obras sociales, prepagas y prestadores que atienden a personas con discapacidad perderá su fuerza, lo que obligará a las familias a negociar los costos de terapias y tratamientos de manera individual.
Otro aspecto relevante es el retorno al esquema de pensión por invalidez, lo que significa que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ya no garantizará el acceso a las prestaciones. Además, quienes cuenten con un empleo registrado no podrán percibir este beneficio.
En el Capítulo VI del Presupuesto 2027, se encuentran los artículos 36 a 41, que sustituyen o derogan elementos fundamentales de la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad y modifican permanentemente las leyes 13.478 y 24.901. Según el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, la nueva redacción elimina principios esenciales, como la homogeneidad de aranceles y su actualización automática mediante el índice de movilidad jubilatoria.
Con la aprobación de estos artículos, se prevé que los cambios en los valores de las prestaciones ya no sean automáticos, lo que podría llevar a una mayor discrecionalidad en la fijación de aranceles por parte de los prestadores privados y a un ajuste de precios que dependerá de la Secretaría Nacional de Discapacidad. La oposición advierte que estas modificaciones podrían poner en riesgo la continuidad de las prestaciones y afectar a miles de familias.
Fuente original: Infobae.
