movimiento popular fueguino

Mientras el Gobierno provincial da de baja pensiones del RUPE a personas con discapacidad, avanza con contratos por casi $500 millones para alquilar cuatro vehículos oficiales, profundizando un ajuste que golpea a los sectores más vulnerables.

Mientras el gobierno paga mas de 400 millones en choferes vip, y la provincia lidera los contagios por tos convulsa en el país, los pacientes del Hospital de Río Grande advierten que las esperas por los resultados de las mamografías se extienden hasta por lo menos 75 días, por otro lado los trabajadores señalan fallas en la gestión, además de la existencia de servicios tercerizados y falta de controles en áreas clave del funcionamiento del hospital.

Frente a las graves sospechas de coimas y la incautación de USD 700.000 que pesan sobre Ornella Calvete, su aval al Proceso Productivo de Celulares —rechazado por la UOM y el secretario General de ASIMRA por amenazar miles de empleos— carece de toda legitimidad. Exigir la anulación inmediata de todas las resoluciones de la exfuncionaria en la Comisión del Área Aduanera Especial, bajo la presunción de que sus decisiones fueron tomadas con fines corruptos y en detrimento de la producción nacional y la estabilidad laboral fueguina deben ser un imperativo de todos los fueguinos.

El reconocido militante ambientalista; pero además Doctor en Biología, licenciado en Filisofía, investigador del CONICET y docente en la UBA; tuvo una mirada crítica hacia el intento de reformar la Ley 1355 en nuestra provincia. Dijo, entre otras cuestiones, que “son proyectos que no tienen ningún tipo de justificación, salvo de grandes negociados, intentos desesperados de un sector político que ven eso, una entrada de dinero rápida y bajo ningún punto de vista, una proyección a cinco o diez años”. Además, señaló que “acá no se trata de la dicotomía conservar versus producir, sino que lo que estamos hablando son de las formas de producir”. ESCUCHÁ EL AUDIO COMPLETO DE LA NOTA

La Legislatura fueguina de Tierra del Fuego aprobó una nueva ley de acuicultura, que deroga la normativa vigente que limitaba la cría industrial de salmones en las aguas de la provincia. El proyecto fue impulsado por Melella en sociedad con los libertarios.