Polo Sur
Lo que durante meses circuló a través de denuncias, presentaciones administrativas, pedidos de auditoría e investigaciones internas vinculadas al funcionamiento del PAMI en Tierra del Fuego acaba de alcanzar una nueva dimensión institucional.
El diputado nacional Jorge Neri Araujo Hernández, acompañado por otros trece legisladores nacionales, presentó el expediente 3463-D-2026, mediante el cual propone crear dentro de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados una Subcomisión Especial Investigadora.
Y el objeto de la investigación propuesta es amplio.
El proyecto pretende examinar la prestación, autorización, auditoría, control y facturación de prestaciones médicas financiadas por PAMI en Tierra del Fuego, además de revisar las actuaciones administrativas, auditorías, investigaciones internas y mecanismos de control aplicados frente a las denuncias.
No se trata todavía de irregularidades judicialmente acreditadas ni de responsabilidades determinadas. El propio proyecto advierte expresamente que no busca anticipar culpabilidades y reivindica el principio de inocencia.
Pero la cantidad y naturaleza de los antecedentes recopilados llevaron ahora a un grupo de diputados nacionales a plantear que ya no alcanza con esperar respuestas internas del organismo.
Uno de los puntos más impactantes del expediente aparece cuando reconstruye el origen de las denuncias.
Según los fundamentos parlamentarios, las primeras observaciones estuvieron relacionadas con la facturación de prestaciones identificadas como biofeedback anorrectal, una práctica especializada que requiere equipamiento, capacitación y recursos específicos.
La documentación menciona la existencia de numerosas órdenes vinculadas con esa prestación y señala que surgieron “serias dudas” acerca de la efectiva realización de determinados procedimientos y de la disponibilidad de la infraestructura necesaria para efectuarlos.
Pero el planteo no termina allí.
Los cuestionamientos posteriormente se habrían extendido a procedimientos urológicos, prácticas de laboratorio, estudios diagnósticos, intervenciones quirúrgicas y otras prestaciones, sobre las cuales se reclamó revisar su razonabilidad clínica, efectiva realización y documentación respaldatoria.
El proyecto incluso destaca observaciones vinculadas con estudios de fertilidad y otras prácticas cuya indicación respecto de afiliados del PAMI generó interrogantes que, según los legisladores, justifican una verificación documental exhaustiva e independiente.
Esa es una de las preguntas centrales que atraviesa las 17 páginas del proyecto.
Los antecedentes mencionan posibles inconsistencias entre las prestaciones autorizadas, las efectivamente realizadas y las posteriormente facturadas.
Determinar qué ocurrió requeriría, según el expediente, reconstruir historias clínicas, órdenes médicas, autorizaciones, registros administrativos y trazabilidad de pacientes.
Es precisamente aquí donde el caso adquiere una enorme sensibilidad.
Porque ya no se habla simplemente de una controversia administrativa entre prestadores.
Se habla de dinero público destinado a financiar la salud de jubilados y pensionados.
Hay otro aspecto que puede resultar todavía más grave desde el punto de vista institucional.
El proyecto sostiene que durante más de un año y medio se realizaron denuncias, ampliaciones, ratificaciones, pedidos de informes y presentaciones acompañadas de documentación técnica y administrativa, pero que hasta el momento no existiría una respuesta administrativa definitiva que permita conocer claramente los resultados de las auditorías, eventuales responsabilidades o medidas correctivas adoptadas.
Los antecedentes incluso consignan que el caso llegó a la Unidad Fiscal de Investigación de PAMI, dentro de actuaciones identificadas como “Caso Coirón” N.º 241115/2025.
Por eso, la investigación propuesta no apunta solamente a determinar si existieron prestaciones irregulares.
También busca establecer algo políticamente mucho más delicado:
qué hicieron las autoridades del PAMI cuando tomaron conocimiento de las denuncias.
El expediente pretende reconstruir cuándo fueron informadas, qué actuaciones promovieron, qué comunicaciones realizaron con auditoría médica y áreas jurídicas, qué inspecciones ordenaron, qué medidas preventivas adoptaron y si existieron demoras, omisiones o deficiencias en el tratamiento de los hechos.
Entre los antecedentes mencionados aparece además una auditoría realizada en octubre de 2025 sobre el Centro Médico Médici y estructuras empresariales vinculadas.
Según el proyecto, aquella auditoría habría relevado infraestructura, prestaciones y disponibilidad de equipamiento utilizado para determinadas prácticas.
Sin embargo, sostiene que sus informes no habrían sido puestos a disposición de quienes impulsaron las denuncias, por lo que persistirían interrogantes acerca de qué encontraron los auditores y qué medidas se adoptaron posteriormente.
El proyecto también pide revisar procedimientos de contratación vinculados con ambulancias, internación domiciliaria, sistemas informáticos y otras contrataciones, incluyendo expedientes, mecanismos de selección, autorizaciones y participación de los funcionarios intervinientes.
Si la iniciativa prospera, la Subcomisión tendría facultades concretas.
Podría requerir expedientes, documentación, auditorías y actuaciones administrativas, además de convocar a funcionarios, exfuncionarios, profesionales, auditores, denunciantes y otras personas relacionadas con el caso.
También podría solicitar colaboración a organismos nacionales, provinciales y municipales.
Y tendría 60 días desde su constitución para elaborar un informe circunstanciado con conclusiones y recomendaciones institucionales, administrativas o legislativas.
El comunicado que acompaña la presentación eleva considerablemente el tono político del caso.
“Cuando durante más de un año y medio se acumulan denuncias, expedientes, pedidos de auditoría e investigaciones sin respuestas claras, el Congreso tiene la obligación institucional de intervenir”.
Araujo sostuvo además que cuando los recursos comprometidos pertenecen a los jubilados, “el silencio no es una opción”.
El diputado también planteó una definición que sintetiza el eje de la iniciativa: si las denuncias fueran falsas, deben descartarse mediante auditorías serias e independientes; y si fueran verdaderas, deberán establecerse las responsabilidades correspondientes.
El expediente es cuidadoso en un aspecto fundamental: no afirma que las irregularidades denunciadas estén comprobadas ni cuantifica un perjuicio económico definitivo.
De hecho, reconoce expresamente que actualmente no resulta posible determinar con exactitud un eventual daño patrimonial y sostiene que cualquier cifra deberá surgir de las auditorías correspondientes.
Pero precisamente allí aparece el problema institucional.
Después de más de un año de denuncias, documentación, reuniones, auditorías e intervenciones administrativas, todavía quedarían preguntas elementales sin una respuesta pública concluyente:
¿Qué prestaciones fueron efectivamente realizadas? ¿Cuáles fueron autorizadas? ¿Cuáles fueron facturadas? ¿Qué encontraron las auditorías? ¿Funcionaron los controles? ¿Qué hicieron las autoridades cuando recibieron las denuncias? ¿Existió algún perjuicio económico para PAMI?
La Cámara de Diputados tiene ahora sobre su mesa un proyecto que pretende responderlas.
Y detrás de todas ellas existe una cuestión todavía más importante: cada peso eventualmente utilizado de manera irregular dentro del PAMI es dinero que debía estar destinado a la atención médica de jubilados y pensionados.
Como sostuvo Araujo en la presentación: “No estamos discutiendo números en una planilla; estamos hablando del derecho a la salud de nuestros jubilados y pensionados”.
