Un dato político contundente para cerrar el año, solo Río Grande logró aprobar su Presupuesto 2026. Ni la Provincia de Tierra del Fuego ni la ciudad de Ushuaia consiguieron hacerlo.
En un contexto de incertidumbre económica y deterioro de las cuentas públicas, el contraste es evidente, mientras el gobierno provincial y la capital quedaron atrapados en la improvisación y la falta de acuerdos, Río Grande garantizó previsibilidad, planificación y reglas claras para el año próximo. La diferencia no es técnica, es de gestión y de responsabilidad política.
La falta de presupuesto aprobado es la consecuencia directa de una gestión marcada por la improvisación permanente. En energía, Gustavo Melella acumula parches, emergencias, cortes permanentes y promesas incumplidas; en educación y salud, los conflictos salariales, la precariedad de equipamiento y edilicia sumado a la ausencia de planificación se repiten año tras año; y en materia productiva, el deterioro sostenido de la actividad hidrocarburífera expone años de desinversión y ausencia de una política clara que marque el rumbo del sector. A esto se suma una sucesión de anuncios grandilocuentes —El Puerto de Río Grande, polos industriales, proyectos energéticos, Hidrogeno Verde y ahora leyes “salvadoras”— que nunca se concretaron y terminaron erosionando la credibilidad del propio gobierno. Cuando el relato reemplaza a la gestión y las promesas no se cumplen, la desconfianza deja de ser política y se convierte en un problema estructural.
La gestión Melella comienza un 2026 con falta de credibilidad y confianza, cuando no cumplir con la palabra empeñada en una sociedad tan integrada como la fueguina comienza a pasar factura y se nota en las decisiones institucionales.
