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Errores políticos, fallas jurídicas y una contratación por 60 mil dólares sin resultados concretos profundizan el desgaste en la gestión portuaria. A más de dos meses de la intervención del puerto de Ushuaia, el oficialismo enfrenta una interna cada vez más expuesta.

La estrategia judicial del gobierno de Gustavo Melella para frenar la intervención del puerto de Ushuaia sufrió un duro revés tras el dictamen del Procurador General de la Nación, que convalidó la incompetencia del juzgado federal local y sostuvo que toda la causa debe tramitar directamente ante la Corte Suprema.

Se conocieron detalles de la reunión que el gobernador Gustavo Melella mantuvo con sindicatos y el escenario que surge de su desastrosa gestión es más que alarmante: luego de no concretar ninguno de los proyectos productivos que prometió llegó la caída de recursos, dificultades para afrontar salarios y una crisis social que ya se refleja en hospitales y sectores vulnerables de la provincia.

Con más de $12.000 millones retenidos al Municipio de Río Grande, $10.000 millones al municipio de Ushuaia en concepto de coparticipación , $6.900 millones sin transferir a OSEF, un déficit que ronda los $20.000 millones mensuales para cubrir gastos corrientes, Tierra del Fuego enfrenta una crisis financiera de proporciones inéditas. Sin producción en expansión ni grandes obras estratégicas en marcha, la Provincia transita un escenario que ya no es de tensión fiscal, es de virtual quiebra operativa, con un gobierno que se niega a realizar un plan de equilibrio fiscal, al contrario prefiere mantener a los mas de 500 ñoquis entre las áreas manejadas por Jorge Canals y Analía Cubino 

Acorralado por su propia gestión, que luego de seis años no pudo realizar ningún logro significativo para ampliar y diversificar la matriz productiva, Melella ahora se camufla bajo un cumulo de excusas y un eslogan berreta que promete un nuevo impulso fueguino, pero como muchos anticipan ira directo al fracaso.