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Mientras en Santa Cruz un policía cobrará casi $1,75 millones, Tierra del Fuego quedó última en toda la Patagonia. La brecha ya supera los $446.000 mensuales y vuelve a encender el reclamo de las fuerzas de seguridad fueguinas, que observan cómo sus salarios siguen perdiendo terreno frente al resto de la región.

Doce años después, el Gobierno provincial destinará más de $1.400 millones para terminar las obras que nunca realizó el desarrollador privado. La pregunta sigue siendo la misma:  ¿Cómo pudo avanzar una operatoria de semejante magnitud sin que el Estado la detuviera cuando Gustavo Melella era intendente de Río Grande? El estrecho vinculo entre Melella y Moliterno podría ser la respuesta.

El Gobierno provincial apeló el fallo que anuló la convocatoria a elecciones constituyentes y ahora la Cámara de Apelaciones deberá resolver si mantiene la nulidad del decreto o habilita nuevamente el proceso impulsado por Gustavo Melella. El sorteo definió a Daniel Sacks, Paola Caucich y Sergio Dieguez como los magistrados que intervendrán en una causa con fuerte impacto institucional y político.

El gremio de la sanidad anunció una nueva medida de fuerza para el próximo 24 de junio. Reclaman salarios que no alcanzan para cubrir el costo de vida, mejores condiciones laborales y respuestas concretas de un conflicto que lleva meses sin solución. La protesta amenaza con profundizar la crisis que atraviesa el sistema sanitario fueguino.

La Comisión de Seguridad analizará las actuaciones del Gobierno tras los incidentes registrados en la cárcel de Río Grande. También avanzan las medidas judiciales en la causa que involucra a agentes penitenciarios y reclusos.

La Justicia allanó la Unidad de Detención de Río Grande y siete domicilios de agentes penitenciarios. La causa apunta a una presunta “zona liberada” que habría permitido una brutal golpiza contra tres internos e incluso sospechas de abuso sexual.

Errores políticos, fallas jurídicas y una contratación por 60 mil dólares sin resultados concretos profundizan el desgaste en la gestión portuaria. A más de dos meses de la intervención del puerto de Ushuaia, el oficialismo enfrenta una interna cada vez más expuesta.

La estrategia judicial del gobierno de Gustavo Melella para frenar la intervención del puerto de Ushuaia sufrió un duro revés tras el dictamen del Procurador General de la Nación, que convalidó la incompetencia del juzgado federal local y sostuvo que toda la causa debe tramitar directamente ante la Corte Suprema.

Se conocieron detalles de la reunión que el gobernador Gustavo Melella mantuvo con sindicatos y el escenario que surge de su desastrosa gestión es más que alarmante: luego de no concretar ninguno de los proyectos productivos que prometió llegó la caída de recursos, dificultades para afrontar salarios y una crisis social que ya se refleja en hospitales y sectores vulnerables de la provincia.

Con más de $12.000 millones retenidos al Municipio de Río Grande, $10.000 millones al municipio de Ushuaia en concepto de coparticipación , $6.900 millones sin transferir a OSEF, un déficit que ronda los $20.000 millones mensuales para cubrir gastos corrientes, Tierra del Fuego enfrenta una crisis financiera de proporciones inéditas. Sin producción en expansión ni grandes obras estratégicas en marcha, la Provincia transita un escenario que ya no es de tensión fiscal, es de virtual quiebra operativa, con un gobierno que se niega a realizar un plan de equilibrio fiscal, al contrario prefiere mantener a los mas de 500 ñoquis entre las áreas manejadas por Jorge Canals y Analía Cubino 

Acorralado por su propia gestión, que luego de seis años no pudo realizar ningún logro significativo para ampliar y diversificar la matriz productiva, Melella ahora se camufla bajo un cumulo de excusas y un eslogan berreta que promete un nuevo impulso fueguino, pero como muchos anticipan ira directo al fracaso.