
Tierra del Fuego al límite del colapso: deuda con municipios, rojo estructural y una economía sin rumbo
Polo Sur
La crisis financiera de Tierra del Fuego dejó de ser una advertencia para convertirse en una realidad documentada. Según surge del reclamo formal presentado por el Municipio de la ciudad de Ushuaia, la gestión Melella mantiene retenidos más de $10.276 millones correspondientes a coparticipación, con fondos que —según se detalla en las páginas 1 y 3 del expediente— ya fueron transferidos por Nación y permanecen en cuentas provinciales sin ser girados en tiempo y forma.
Si a esa cifra se le suman los $12.000 millones que la Provincia adeuda y retiene de forma indebida al Municipio de Río Grande en concepto de coparticipación, los $6.900 millones con OSEF y un déficit estructural acumulado cercano a los $20.000 millones mensuales que obligan a la provincia a solicitar constantes anticipos en concepto de coparticipación a nación, el panorama es más que alarmante, la Provincia se encuentra en una situación financiera que, en términos técnicos, se asemeja a un escenario de virtual default operativo.


Coparticipación retenida y servicios en riesgo
Es importante destacar que el 73,82% de los fondos no transferidos a los municipios tienen origen nacional y deberían girarse en un plazo razonable de por lo menos 72 horas. Sin embargo, la Provincia los retiene en promedio 30 días, generando costos financieros y afectando la prestación de servicios esenciales. Esta maniobra ya deja de ser una discusión política, es un problema de caja, de liquidez y de falta de cumplimiento normativo.
Cuando el gobierno provincial empieza a demorar transferencias automáticas, el problema ya no es administrativo, pasa a la órbita de lo financiero.
Déficit estructural y falta de horizonte productivo
El problema de fondo no es solo el atraso deliberado en los pagos. Es la ausencia de una estrategia económica que permita generar nuevos recursos.
Mientras la producción de petróleo y gas viene en declive sostenido, el Gobierno provincial no impulsó con decisión proyectos estratégicos que hoy podrían estar equilibrando las cuentas públicas:
Puerto de Río Grande
Polo petroquímico
Producción de hidrógeno verde
Planta de urea granulada
Planta de amoníaco
Industrialización de recursos energéticos
Todos esos proyectos fueron anunciados por el gobernador Melella en distintos momentos como ejes de transformación productiva. Ninguno se materializó, ninguno se hizo realidad. Hoy, en medio de la crisis, la Provincia carece de nuevas fuentes de generación de divisas, empleo y recaudación.
Una economía sin amortiguadores
En un contexto nacional adverso, las provincias que lograron diversificar su matriz productiva cuentan con herramientas para amortiguar la caída de recursos. Tierra del Fuego no.
Depende en gran medida de:
Coparticipación nacional, regalías hidrocarburíferas en retroceso, actividad industrial condicionada por el contexto macroeconómico nacional, sin expansión productiva y con creciente gasto estructural, el resultado es un rojo financiero persistente.
¿Default técnico?
Cuando el gobierno provincial acumula déficit millonario, retiene fondos que no le pertenecen, mantiene deudas con municipios y organismos propios, no genera nuevos ingresos productivos, la discusión ya no es política sino contable, la Provincia está operando al límite de su capacidad financiera.
La crisis fueguina no es solo coyuntural. Es el resultado de años sin decisiones concretas, sin inversión productiva sostenida y sin planificación energética estratégica.
La pregunta es cuánto margen queda antes de que el sistema financiero provincial entre en una fase más crítica y colapse en su totalidad, y en ese punto, la realidad ya no admite maquillaje.


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de incorporar los juicios por jurados. Advirtió sobre una “gran pasividad” de la Fiscalía en
Ushuaia y reveló que durante 2025 el Distrito Judicial Norte llevó 161 causas al Tribunal de
Juicio, frente a solamente 80 del Distrito Sur. También anticipó un proyecto para incorporar
inteligencia artificial en la tramitación de ejecuciones fiscales y liberar a los jueces de tareas que
pueden automatizarse.

