
Del castigo salarial al reconocimiento: el insólito cambio de discurso del Colegio de Abogados de Río Grande
Polo Sur
RÍO GRANDE.– Apenas unas semanas separan dos mensajes que parecen expresar posiciones difíciles de conciliar. En septiembre, el presidente del Colegio Público de Abogados de Río Grande, Renán Uribe, quedó en el centro de una fuerte controversia con los sindicatos judiciales por sus declaraciones sobre posibles descuentos de presentismo o de días de paro. El 16 de noviembre, la misma institución publicó una salutación destacando la labor cotidiana de los trabajadores judiciales y su contribución al funcionamiento de la Justicia.
El contraste merece algo más que una lectura superficial.


Porque reconocer el esfuerzo de los empleados judiciales cuando llega una fecha conmemorativa resulta sencillo. Lo verdaderamente importante es cómo se los considera cuando reclaman mejores salarios y ejercen sus derechos laborales. Y es precisamente allí donde la conducción del Colegio de Abogados dejó una contradicción política e institucional que todavía merece explicaciones.
En septiembre, descuentos salariales; en noviembre, reconocimiento y felicitaciones
El 25 de septiembre, los gremios Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y Sindicato de Empleados Judiciales Provinciales (SEJUP) cuestionaron públicamente las expresiones de Uribe en medio del conflicto salarial que atravesaba el Poder Judicial fueguino.
Según denunciaron las organizaciones sindicales, el presidente del Colegio había planteado la posibilidad de evaluar medidas económicas frente a los paros, entre ellas descuentos por presentismo o por jornadas no trabajadas.
La reacción gremial fue contundente.
Los sindicatos consideraron especialmente preocupante que una autoridad institucional vinculada al ejercicio del derecho propusiera consecuencias económicas para trabajadores que estaban ejerciendo una medida de fuerza reconocida constitucionalmente.
No se trataba de una discusión menor.
El planteo involucraba directamente los ingresos de empleados que reclamaban una recomposición salarial y que, según las organizaciones sindicales, atravesaban dificultades para cubrir sus necesidades básicas.
Sin embargo, el 16 de noviembre, con motivo del Día del Empleado Judicial, el Colegio difundió en su cuenta institucional de Instagram un mensaje de tono completamente diferente:
“El Colegio Público de Abogados de Río Grande saluda a las trabajadoras y los trabajadores judiciales en su día”.
Y agregó:
“Reconocemos su labor cotidiana y su valioso aporte al funcionamiento del Poder Judicial y al fortalecimiento del servicio de justicia”.
Las palabras son correctas y el reconocimiento es merecido.
Lo que resulta llamativo es su contraste con la controversia que la propia conducción del Colegio había protagonizado semanas antes.
¿Los trabajadores son indispensables solamente cuando no reclaman?
La publicación institucional deja planteada una pregunta incómoda.
¿Cómo se puede reconocer el aporte fundamental de los trabajadores judiciales y, al mismo tiempo, haber propuesto medidas que podrían afectar sus ingresos cuando ejercen el legitimo derecho de huelga?
El problema no es que el Colegio de Abogados salude a los empleados. Por el contrario, es positivo que reconozca públicamente su tarea. El problema es que ese reconocimiento pierde consistencia si no está acompañado por una posición igualmente respetuosa cuando aparecen los conflictos laborales.
Los trabajadores judiciales no son importantes únicamente cuando garantizan el funcionamiento de los tribunales, tramitan expedientes, atienden al público o permiten que los abogados desarrollen su actividad profesional. También lo son cuando reclaman condiciones salariales que consideran justas. Y el derecho de huelga no desaparece porque una medida de fuerza genere dificultades en la prestación del servicio.
Naturalmente, los paros judiciales afectan a abogados, litigantes y ciudadanos que necesitan respuestas. Es legítimo que el Colegio exprese preocupación por esas consecuencias y reclame mecanismos para garantizar la atención de asuntos urgentes.
Pero una cosa es cuestionar los efectos de una huelga y otra muy distinta es convertir a quienes protestan en los principales responsables del conflicto salarial.
Además, corresponde distinguir el debate jurídico sobre eventuales descuentos de jornadas no trabajadas —cuya procedencia depende de las circunstancias y del marco normativo aplicable— de cualquier intento de intimidar o desalentar ilegítimamente el ejercicio de la protesta.
El Colegio reconoce ahora que sin empleados judiciales no hay Justicia
La propia salutación de noviembre contiene una afirmación que debería orientar la posición institucional del Colegio durante todo el año. Cuando reconoce el aporte de los trabajadores al funcionamiento del Poder Judicial, está admitiendo que el servicio de justicia no depende exclusivamente de magistrados, funcionarios o profesionales de la abogacía.
También depende de quienes sostienen diariamente las tareas administrativas, técnicas y operativas.
Son los empleados quienes intervienen en la gestión de expedientes, las notificaciones, la atención de las mesas de entradas y numerosas actividades indispensables para el funcionamiento de los tribunales.
Su trabajo constituye una parte esencial de la estructura judicial.
Si ese aporte es tan valioso como sostiene el Colegio, también debería serlo la discusión sobre las condiciones laborales y salariales en las que se desarrolla.
Un reconocimiento institucional coherente no puede limitarse a una publicación conmemorativa.
Debe expresarse también en el respeto por quienes reclaman, en la disposición al diálogo y en la comprensión de que las dificultades del sistema judicial no pueden atribuirse exclusivamente a sus trabajadores.
La pregunta de los gremios que sigue sin respuesta
En septiembre, UEJN y SEJUP introdujeron otro elemento que puso en evidencia las tensiones entre la representación profesional de los abogados y las demandas salariales de los empleados judiciales.
Los sindicatos cuestionaron la diferencia entre la evolución del IUS, unidad utilizada para la regulación de honorarios profesionales, y la recomposición salarial de las categorías iniciales del Poder Judicial.
En ese contexto formularon una pregunta dirigida a Uribe:
“¿Estaría dispuesto el presidente del Colegio Público de Abogados de Río Grande a que el valor de la unidad con la que se regulan sus honorarios evolucionara únicamente en la misma proporción que el salario de las categorías iniciales del Poder Judicial luego del incremento percibido en agosto?”
La pregunta buscaba señalar una posible doble vara.
Por un lado, la preocupación de los abogados por preservar la actualización de sus honorarios profesionales.
Por otro, los cuestionamientos a medidas de fuerza impulsadas por trabajadores que reclamaban recuperar poder adquisitivo.
La comparación no significa que honorarios profesionales y salarios judiciales deban tener necesariamente el mismo mecanismo de actualización.
Pero sí pone sobre la mesa una cuestión de coherencia institucional.
¿Por qué las demandas económicas de un sector merecen comprensión y las del otro reciben cuestionamientos cuando afectan el funcionamiento cotidiano de los tribunales?
Una institución seria que debería construir puentes, no profundizar enfrentamientos
El Colegio Público de Abogados tiene una responsabilidad que excede la defensa de los intereses profesionales de sus matriculados. Por su posición dentro del sistema de justicia, sus intervenciones públicas también pueden contribuir a construir consensos o profundizar conflictos.
Los propios gremios recordaron en septiembre que habían acompañado solicitudes de los colegios profesionales para ampliar la disponibilidad del sistema de gestión electrónica SAE Kayen.
Según explicaron, lo hicieron porque entendían que mejorar el servicio de justicia requería cooperación entre los distintos sectores.
Ese antecedente adquiere relevancia frente a la controversia posterior.
Si los trabajadores estuvieron dispuestos a acompañar cambios que facilitaron el ejercicio profesional de los abogados, resulta razonable esperar que sus reclamos salariales sean abordados con una sensibilidad institucional equivalente.
No se trata de exigir que el Colegio respalde automáticamente cada medida sindical.
Se trata de reclamar que sus críticas no desconozcan las condiciones que originan los conflictos y que sus propuestas no sean percibidas como una amenaza para quienes protestan.
Una salutación no borra las declaraciones anteriores
El mensaje del 16 de noviembre no demuestra, por sí solo, que Renán Uribe haya cambiado de opinión sobre los descuentos salariales o sobre el conflicto judicial.
Tampoco constituye una rectificación formal de sus declaraciones anteriores.
Hasta donde surge de los antecedentes analizados, la publicación es una salutación institucional y no una explicación sobre la controversia de septiembre.
Pero precisamente por eso el contraste resulta significativo.
El Colegio reconoce ahora, con palabras elogiosas, el esfuerzo de trabajadores cuya protesta salarial había provocado semanas antes un enfrentamiento público con su presidente.
La institución tiene derecho a cuestionar los efectos de los paros. Los gremios tienen derecho a defender sus reclamos. Y la sociedad tiene derecho a exigir un servicio judicial que funcione adecuadamente.
Ninguno de esos derechos debería utilizarse para desconocer los otros.
Del reconocimiento en las redes al respeto durante los conflictos
El Día del Empleado Judicial debería ser una oportunidad para valorar a quienes sostienen diariamente una función esencial del Estado.
La salutación del Colegio Público de Abogados de Río Grande va en esa dirección.
Pero también deja al descubierto una contradicción que no puede resolverse solamente con una imagen institucional y unas palabras de reconocimiento.
No alcanza con agradecer el esfuerzo de los trabajadores judiciales un día al año si, cuando reclaman mejores salarios, la respuesta es discutir cómo descontarles parte de sus ingresos.
La coherencia institucional se demuestra especialmente en los momentos de conflicto, cuando defender principios puede resultar incómodo.
El Colegio de Abogados tiene ahora una oportunidad para aclarar su posición y demostrar que el reconocimiento expresado en noviembre no se limita a una formalidad.
Porque los trabajadores judiciales merecen respeto cuando cumplen sus tareas, cuando sostienen el servicio de justicia y también cuando reclaman por sus derechos.
La verdadera valoración de su esfuerzo no se mide por la calidad de una salutación en Instagram, sino por la actitud que se adopta frente a sus necesidades y sus reclamos.


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