La Justicia condena a una aseguradora a pagar $9,5 millones tras el robo de una moto

Un hombre en Ituzaingó, Buenos Aires, fue víctima del robo de su moto, y aunque su compañía de seguros rechazó el reclamo por considerar insuficientes las medidas de seguridad, la Justicia falló a su favor.
Actualidad16/11/2026PoloSurPoloSur

Un hombre sufrió el robo de su motocicleta Yamaha NM-X modelo 2020 en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, el 22 de noviembre de 2023, alrededor de las 13:15. Había dejado su vehículo estacionado frente a la casa de su pareja, en la calle Olazábal al 400, cuando un delincuente se la llevó. Al regresar, el propietario se encontró con que su moto había desaparecido. Posteriormente, realizó el reclamo correspondiente ante su compañía de seguros, que le respondió de manera negativa. La aseguradora argumentó que el hombre no había tomado las medidas de seguridad adecuadas para prevenir el robo, lo que llevó a un conflicto que terminó en los tribunales.

Según la compañía, el hecho de que la moto estuviera sin las llaves y solo contara con un traba volante no era suficiente para evitar la sustracción. En su defensa, la aseguradora alegó que el propietario no había utilizado dispositivos adicionales de seguridad, como cadenas, alarmas o candados para el disco o la corona, lo que, a su juicio, configuraba una culpa grave por parte del asegurado. La negativa de la aseguradora generó frustración en el hombre, quien consideró que había cumplido con las medidas de seguridad razonables. Ante esta situación, decidió llevar el caso a los tribunales, buscando la indemnización correspondiente por el robo y los daños ocasionados por la falta de cobertura.

El caso fue presentado ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 12 de Morón, que finalmente falló a favor del demandante. La Justicia consideró que las medidas de seguridad adoptadas, aunque limitadas, no constituían una conducta de culpa grave. Así, ordenó a la aseguradora el pago de más de $9,5 millones al propietario de la moto, quien había argumentado que la falta de cobertura le había causado perjuicios significativos. Durante el proceso judicial, la aseguradora mantuvo su postura inicial, insistiendo en que el asegurado no había tomado las precauciones necesarias para proteger su vehículo. La decisión del tribunal sentó un precedente sobre las obligaciones de las aseguradoras en casos de robo y las expectativas razonables de los propietarios de vehículos asegurados.

Al evaluar el caso, el juez determinó que la aseguradora no había conseguido demostrar que el hombre había actuado con culpa grave. En su fallo, aclaró que no es suficiente indicar que el asegurado podría haber tomado mayores precauciones; para excluir la cobertura, la compañía debía probar una conducta reprochable que justificara tal decisión.

El magistrado también tuvo en cuenta que la moto se encontraba sin las llaves y con el traba volante colocado. Por esta razón, consideró que no se podía responsabilizar al propietario únicamente por no haber utilizado otros dispositivos de seguridad.

Asimismo, aplicó los principios establecidos en la Ley de Defensa del Consumidor, subrayando que la compañía aseguradora tenía la obligación de demostrar las circunstancias que alegaba para rechazar el reclamo.

La indemnización total asciende a $9.579.405,69, e incluye conceptos de daño moral y punitivo. El fallo condenó a la empresa a abonar esta suma en concepto de capital, desglosada en diferentes rubros: daño material por $4.579.405,69, que corresponde a la suma asegurada y el ajuste estipulado en la póliza; daño moral por $3.000.000; y daño punitivo por $2.000.000.

Para justificar el daño moral, el juez tomó en cuenta una pericia psicológica que reveló que el hombre presentaba una reacción anormal neurótica de grado II, con un 18% de incapacidad. El informe detalló síntomas relacionados con estrés postraumático, insomnio y angustia.

La sentencia también indicó que la falta de respuesta favorable por parte de la aseguradora y el conflicto generado a raíz del rechazo del reclamo habían intensificado el malestar del damnificado.

Por otro lado, el magistrado desestimó las solicitudes por privación de uso y lucro cesante, al no encontrar pruebas suficientes que justifiquen el reconocimiento de esos conceptos.

Fuente original: TN.

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