Polo Sur
Esta ultima presentación se suma a la realizada por tres policías territoriales retirados solicitaron formalmente a la Legislatura que investigue la actuación del gobernador Gustavo Melella por una problemática previsional que, aseguran, lleva años sin resolverse.
El periodista Carlos Roberto Muzón presentó formalmente ante la Legislatura de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur un pedido de juicio político contra el gobernador Gustavo Adrián Melella, al considerar que las demoras en la transferencia de recursos de coparticipación al Municipio de Río Grande podrían configurar una causal de mal desempeño del cargo.
La presentación, fechada el 11 de noviembre de 2026 y acompañada por documentación y antecedentes históricos, solicita que el Poder Legislativo provincial investigue la conducta del mandatario y determine si existen responsabilidades constitucionales derivadas de la administración de los fondos que corresponden a los municipios.
El escrito fue recibido por la Legislatura, según consta en el sello incorporado a la documentación, y plantea una cuestión institucional de particular relevancia: la comparación entre el actual conflicto por la coparticipación y el proceso de juicio político que culminó con la destitución del entonces gobernador Jorge Colazo, el 2 de diciembre de 2005.
Muzón fundamentó su presentación en los artículos 114, inciso 3º, 115 y 135, inciso 10º, de la Constitución de Tierra del Fuego.
En particular, invocó la disposición constitucional que establece la obligación de remesar en tiempo y forma los fondos coparticipables a las municipalidades y comunas, cuyo incumplimiento es considerado falta grave en el ejercicio de las funciones.
El periodista sostiene que el Gobierno provincial habría incumplido esa obligación mediante demoras reiteradas en la transferencia de recursos correspondientes a Río Grande.
Como fundamento, incorporó el reclamo formulado por el Municipio el 30 de octubre de 2026, cuando la administración del intendente Martín Pérez denunció una deuda de $17.294 millones por distintos conceptos vinculados con coparticipación, regalías y otros recursos.
Según el escrito, las transferencias acumulaban demoras superiores a 45 días y la situación había sido reconocida por la propia administración provincial mediante documentación de liquidación definitiva correspondiente a julio de 2026.
El denunciante considera que estos antecedentes justifican la intervención de los mecanismos constitucionales de control político.
Uno de los argumentos centrales de la presentación es la falta de una propuesta concreta para cancelar los fondos reclamados.
Muzón hace referencia a la reunión desarrollada el 3 de noviembre en Ushuaia entre el ministro de Economía provincial, Alejandro Barrozo, y representantes de los municipios de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin.
Según el escrito, durante ese encuentro el Ejecutivo provincial no presentó un cronograma de cancelación ni precisó fechas para regularizar los recursos pendientes.
El denunciante cita como respaldo las manifestaciones de funcionarios municipales que, al finalizar la reunión, señalaron que no habían obtenido una propuesta de pago.
Para Muzón, esta circunstancia refuerza la necesidad de determinar si existe un incumplimiento de la obligación constitucional de transferir oportunamente los recursos municipales.
Cabe señalar que los montos y las circunstancias expuestos forman parte de los fundamentos de la denuncia y deberán ser examinados mediante la documentación contable y administrativa correspondiente.
El aspecto más significativo de la presentación es la incorporación de antecedentes del juicio político que culminó con la destitución del gobernador Jorge Colazo, el 2 de diciembre de 2005.
Muzón acompañó como Anexo A un resumen del Diario de Sesiones de la Legislatura provincial correspondiente a la Reunión Nº 7, Sesión Especial del XXII Período Legislativo.
Aquella sesión fue presidida por la legisladora María del Carmen Battaini, en su carácter de presidenta de la Sala Juzgadora, y contó con la presencia de siete legisladores.
La causa estaba relacionada con la remisión de fondos de coparticipación federal a la Municipalidad de Río Grande.
El denunciante original de aquel procedimiento había sido Alejandro Rafael de la Riva.
De acuerdo con la documentación incorporada, la Sala Juzgadora aplicó las disposiciones constitucionales vinculadas con el mal desempeño del cargo y el incumplimiento de las obligaciones de remisión de fondos municipales.
El antecedente adquiere relevancia porque el proceso de 2005 concluyó con una sanción institucional de máxima gravedad: la destitución del gobernador.
La documentación histórica reproducida por Muzón incluye parte de los fundamentos del voto de la legisladora Norma Martínez.
En aquella intervención se sostuvo que Jorge Colazo había incurrido en la causal constitucional de mal desempeño por incumplir la obligación de remitir recursos coparticipables al Municipio de Río Grande.
La resolución de la Sala Juzgadora registró siete votos a favor de la culpabilidad y uno en contra, según el detalle consignado en el anexo de la denuncia.
Como consecuencia, se dispuso la destitución de Jorge Colazo y su inhabilitación durante cuatro años para ejercer cargos públicos.
Muzón utiliza este antecedente para sostener que las demoras en la remisión de fondos municipales ya fueron consideradas por la Legislatura provincial como una conducta susceptible de generar responsabilidad política.
No obstante, el precedente de 2005 no determina automáticamente la responsabilidad del actual gobernador. Para establecer si existe una situación jurídicamente comparable sería necesario analizar las circunstancias, las pruebas y las eventuales defensas dentro del procedimiento constitucional correspondiente.
Otro de los ejes de la denuncia está relacionado con la actuación de Gustavo Melella durante sus años como intendente de Río Grande.
En el Anexo B, Muzón reunió antecedentes de reclamos realizados por el actual gobernador cuando estaba al frente de la administración municipal.
Según esa documentación, en agosto de 2013 Melella remitió una carta documento a la Tesorería General de la Provincia reclamando el depósito de fondos atrasados y advirtiendo que podría iniciar acciones judiciales si no obtenía respuestas.
El denunciante también menciona un reclamo formulado en septiembre de 2019, cuando Melella, ya electo gobernador, cuestionó públicamente una deuda provincial con Río Grande que superaba los $285 millones.
En aquella oportunidad, según el anexo, reclamó la regularización de las transferencias o, al menos, el establecimiento de un cronograma de pagos.
Muzón considera que estos antecedentes demuestran que el actual mandatario conocía la importancia institucional y financiera del cumplimiento de las obligaciones de coparticipación.
La presentación también recuerda que Melella, durante su gestión municipal, había reclamado la implementación del denominado goteo diario de coparticipación.
Este mecanismo consiste en transferir automáticamente a los municipios los fondos que les corresponden, reduciendo la posibilidad de demoras administrativas o financieras.
Según el denunciante, el actual gobernador defendió públicamente ese sistema cuando era intendente, argumentando que permitía garantizar la autonomía municipal y la previsibilidad de los recursos.
El escrito menciona, además, que durante aquel período Melella cuestionaba las demoras provinciales superiores a 45 días, circunstancia que Muzón compara con el reclamo actual de Río Grande.
El periodista invoca el principio jurídico de los actos propios para sostener que el mandatario no podría desconocer ahora una obligación que exigía cumplir cuando ejercía la Intendencia.
Se trata de una argumentación formulada por el denunciante, cuya pertinencia y alcance jurídico deberían ser evaluados por los órganos competentes.
La denuncia no se limita a los antecedentes periodísticos y políticos.
Muzón también presentó solicitudes de acceso a la información pública ante distintos organismos, con el objetivo de obtener documentación certificada que permita respaldar sus afirmaciones.
Entre los organismos requeridos figuran el Tribunal de Cuentas de la Provincia, el Tribunal de Cuentas Municipal y la Secretaría de Finanzas de Río Grande.
Al Tribunal de Cuentas provincial solicitó, entre otros documentos, la certificación de la deuda provincial con el Municipio de Río Grande al 31 de diciembre de 2025, por aproximadamente $11.000 millones, así como los informes y cálculos que respaldan esa cifra.
También pidió documentación sobre la evolución de los recursos adeudados durante 2026 y la discriminación de los conceptos correspondientes a coparticipación federal, coparticipación provincial, regalías hidrocarburíferas y otros fondos.
Al Tribunal de Cuentas Municipal requirió antecedentes similares, incluyendo una certificación de deuda por $16.000 millones y sus actualizaciones.
Por su parte, a la Secretaría de Finanzas municipal le solicitó copia de la intimación cursada al Gobierno provincial el 30 de octubre, el acta de la reunión del 3 de noviembre y el decreto de liquidación definitiva de coparticipación correspondiente a julio de 2026.
Las solicitudes fueron formuladas bajo las disposiciones de la Ley Provincial Nº 653, que regula el acceso a la información pública.
En el apartado final de su presentación, Muzón solicita que la Legislatura dé curso a la denuncia y active los mecanismos constitucionales correspondientes.
El petitorio comprende tres requerimientos principales.
En primer lugar, solicita que se tenga por promovida en tiempo y forma la denuncia de juicio político.
En segundo término, pide que se conforme la Comisión Investigadora prevista en el artículo 117 de la Constitución provincial y que se dé curso a la Sala Acusadora.
Finalmente, requiere que se declare la culpabilidad del gobernador por la causal invocada y se disponga su destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos, conforme al artículo 122 de la Constitución.
Este último pedido constituye la pretensión del denunciante y no una decisión adoptada por la Legislatura.
El ingreso de la denuncia no implica que se haya iniciado formalmente un juicio político ni que exista una acusación legislativa contra el gobernador.
Para avanzar en ese sentido deben cumplirse las etapas y los requisitos previstos por la Constitución provincial, incluyendo la evaluación de los antecedentes, la intervención de los órganos legislativos competentes y las garantías del debido proceso.
El documento presentado por Muzón plantea, sin embargo, una cuestión institucional que trasciende las diferencias políticas entre el Gobierno provincial y el Municipio de Río Grande.
La discusión se concentra en el alcance de las obligaciones constitucionales de transferencia de fondos, la autonomía financiera municipal y los mecanismos de responsabilidad política previstos para las máximas autoridades provinciales.
El antecedente de Jorge Colazo en 2005 y los reclamos realizados por Gustavo Melella durante su gestión como intendente constituyen los dos principales argumentos históricos utilizados por el denunciante.
La eventual continuidad del procedimiento dependerá de las decisiones que adopte la Legislatura provincial y de la valoración de la documentación presentada.
Mientras tanto, el pedido de juicio político incorpora una nueva dimensión institucional al conflicto por los recursos de coparticipación que enfrenta al Gobierno de Tierra del Fuego con la Municipalidad de Río Grande.
