
Corrupcion Libertaria en el PAMI de Tierra del Fuego: aportan más pruebas a la justicia
Polo Sur
Una denuncia por presuntas irregularidades en la facturación de prestaciones médicas al PAMI en Tierra del Fuego suma nuevos elementos y apunta también contra Fernando Polizzi, quien estuvo al frente del organismo en la provincia y actualmente es interventor del Puerto de Ushuaia.
El médico Carlos Mariño amplió su presentación ante la Justicia Federal e incorporó nuevos hechos que involucran a otro centro médico de Río Grande y a un profesional. Según denunció, se habrían cobrado estudios que nunca se realizaron.
Uno de los mecanismos señalados consistiría en emitir hasta ocho o nueve órdenes médicas electrónicas para un mismo paciente, aunque solamente se concretaban dos. Las restantes, según Mariño, eran ficticias, pero igualmente se facturaban.
💰 Las cifras denunciadas son millonarias:
- Prestaciones facturadas por $800.000 cuyo costo real rondaría los $100.000.
- Servicios que habrían alcanzado facturaciones mensuales de hasta $80 millones.
- Estudios de capacidad pulmonar que, según el denunciante, requerían equipamiento que no existía en los establecimientos.
Pero el cuestionamiento no termina en los prestadores.
Mariño apuntó directamente contra Polizzi y aseguró que mantuvo reuniones con él entre marzo y octubre de 2025 para advertirle sobre las irregularidades, sin que se tomaran medidas.
“Yo me junté con él desde el mes de marzo hasta el mes de octubre y no hizo absolutamente nada”, afirmó.
Incluso sostuvo que, pese a las advertencias, el organismo habría continuado operando comercialmente con los prestadores denunciados.
La causa fue presentada en agosto de 2026 y el médico ya declaró en dos oportunidades ante la Fiscalía Federal, donde aportó documentación y una cronología de los hechos.
La Justicia deberá determinar si existieron maniobras fraudulentas, quiénes fueron responsables y qué controles se realizaron dentro del organismo. Por ahora, se trata de denuncias que están bajo investigación y no de responsabilidades judicialmente acreditadas.




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