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En el contexto de la causa Vialidad II, el Tribunal Oral Federal N° 2 ha condenado a Martín Antonio Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, junto a otros cinco exfuncionarios. Este juicio se considera el segundo tramo del caso por corrupción en la obra pública que ya había llevado a la condena de la expresidenta Cristina Kirchner. Los seis acusados son Martín Antonio Báez, Julio Enrique Mendoza, Carlos Joaquín Alonso, Jorge Eduardo Gregorutti, Sergio Hernán Passacantando y Fernando Javier Butti, quienes han recibido penas que oscilan entre 2 años y 6 meses y 3 años de prisión, de acuerdo con el fallo al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
En particular, Martín Antonio Báez y Julio Enrique Mendoza han recibido penas unificadas que incluyen una condena por lavado de activos agravado. Así, el hijo del empresario cercano a los Kirchner fue sentenciado a 7 años y 9 meses de prisión, mientras que Mendoza fue condenado a 5 años y 9 meses, aunque se le concedió prisión domiciliaria debido a su avanzada edad. La sentencia fue dictada por el juez Andrés Fabián Basso, quien también ordenó el decomiso de bienes por un total de $684.990.350.139,86, monto que deberá ser actualizado al momento de su ejecución. El juicio abreviado fue acordado entre los fiscales, las defensas y la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF), donde los seis condenados admitieron su culpabilidad en los hechos investigados. El juez fundamentó su decisión en la condena anterior del caso Vialidad, subrayando que “los hechos aquí juzgados son los mismos que constituyeron el objeto del debate oral y público celebrado en el primer tramo de esta causa”, en el que se demostró “con certeza la existencia de la maniobra defraudatoria perpetrada en perjuicio de la administración pública mediante la obra pública vial adjudicada en la provincia de Santa Cruz entre los años 2003 y 2015”. A diferencia de la causa principal, Vialidad II se centró en el papel de funcionarios de segunda y tercera línea de Vialidad Nacional y de la seccional de Santa Cruz, así como en empresarios vinculados a las empresas de Lázaro Báez que obtuvieron contratos con el Estado. La sentencia condenó a los seis acusados por el delito de defraudación por administración fraudulenta, agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.
En el caso de los exfuncionarios de Vialidad, Alonso, Gregorutti y Passacantando, fueron considerados coautores de los delitos de corrupción en la obra pública. Estos exfuncionarios desempeñaron roles clave en la administración de los contratos y recursos públicos, lo que les otorgó una posición de responsabilidad que, según la acusación, quebrantaron al involucrarse en prácticas corruptas. Por su parte, Lázaro Báez, Butti y Mendoza, quienes ocuparon altos cargos en las empresas Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, fueron clasificados como partícipes necesarios en las maniobras ilícitas que se llevaron a cabo en el marco de la obra pública.
Según el escrito del juez Basso, los tres primeros mencionados “reunían la posición de administradores de los intereses pecuniarios afectados y quebrantaron los deberes que esa posición les imponía”. En contraste, los otros tres imputados “prestaron desde las empresas constructoras una cooperación sin la cual la maniobra no habría podido llevarse a cabo, a través de la presentación de ofertas, la suscripción de los contratos y su ejecución”. Esta distinción entre los roles de los imputados es fundamental para entender la estructura de la corrupción que se investigó.
En otro ámbito judicial, la Cámara de Casación rechazó los planteos presentados por Máximo y Florencia Kirchner, quienes buscaban suspender el decomiso en la causa Vialidad. Esta decisión se produce en un contexto en el que las acusaciones de corrupción han generado un intenso debate público y político, reflejando la relevancia de la causa en el panorama judicial argentino.
Durante la acusación, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola subrayaron que “se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública”, lo que se considera “un delito de extrema gravedad”. Este sistema no solo afectó la integridad de las instituciones, sino que también tuvo un impacto significativo en el uso de recursos públicos destinados a obras y servicios esenciales.
“Mediante sus aportes, contribuyeron al perfeccionamiento de una colosal maniobra de corrupción en la cual los imputados, mediante una estricta división de roles, de manera sostenida en el tiempo, sustrajeron sistemáticamente fondos del erario en provecho particular”, afirmaron los fiscales en su exposición. Esta declaración resalta la complejidad y la organización de las acciones ilegales que llevaron a cabo los involucrados, lo que pone de manifiesto la necesidad de una respuesta judicial firme y efectiva ante estos delitos.
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Fuente original: APF Nacionales.
