Polo Sur
USHUAIA.- Un pedido de juicio político contra el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, fue presentado formalmente ante la Legislatura provincial. La iniciativa busca que el cuerpo legislativo active los mecanismos institucionales previstos en la Constitución provincial para evaluar la conducta y el desempeño del mandatario.
La presentación fue promovida por el subcomisario Daniel Ariel Torales, el suboficial mayor Alfredo José Gatti y el suboficial escribiente Jorge Alejandro Herrera, todos retirados de la fuerza policial territorial y directamente alcanzados por la problemática previsional que vienen denunciando públicamente desde hace por lo menos un año y medio.
El pedido constituye por sí mismo un hecho institucional de gran relevancia institucional. Pero también aparece en un contexto político mucho más amplio: Melella transita la última etapa de su segundo mandato con una administración cuestionada simultáneamente en algunas de las áreas más sensibles y estratégicas de Tierra del Fuego.
La discusión, por lo tanto, ya no pasa solamente por un expediente previsional. La presentación vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que comienza a atravesar diferentes sectores de la sociedad fueguina:
Los denunciantes aclararon que su presentación no busca convertir a la Legislatura en un tribunal encargado de resolver exclusivamente una diferencia previsional.
“La presentación no se limita a reclamar por una diferencia de haberes ni pretende convertir a la Legislatura en un tribunal previsional”, expresaron los firmantes en una publicación difundida a través de redes sociales.
Según explicaron, lo que ponen a consideración del Poder Legislativo es una problemática “institucional y previsional de carácter estructural”, desarrollada durante años y que afecta directamente a retirados y pensionados provenientes de la Policía del ex Territorio Nacional de Tierra del Fuego.
El escrito, sostienen, reconstruye decisiones, omisiones, antecedentes administrativos, advertencias oficiales, informes de organismos de control, legislación provincial, resoluciones de la Caja y actuaciones judiciales.
El objetivo declarado es determinar qué ocurrió, quiénes tenían conocimiento de la situación y qué respuestas se adoptaron frente a un problema que terminó afectando prestaciones de carácter alimentario.
El contexto difícilmente podría ser más complejo para la administración Melella.
Tierra del Fuego acumula problemas que inicialmente podían ser considerados sectoriales, pero que en conjunto comienzan a configurar una discusión mucho más profunda sobre la capacidad de conducción y planificación estratégica del Gobierno provincial.
Salud, educación, energía, obra pública, OSEF, producción, infraestructura estratégica y empleo forman parte de una agenda donde se acumulan conflictos y reclamos.
Ahora se incorpora un pedido formal para investigar si existió mal desempeño en el ejercicio del cargo de gobernador.
Eso no significa que el juicio político vaya a prosperar ni supone responsabilidad acreditada de Melella. La presentación inicia una instancia institucional que deberá ser evaluada conforme a los procedimientos constitucionales correspondientes.
Pero políticamente representa una nueva señal de desgaste.
Uno de los principales interrogantes que deja la gestión es qué ocurrió con la prometida ampliación y diversificación de la matriz productiva fueguina.
Durante años se sostuvo que Tierra del Fuego necesitaba reducir su dependencia de determinadas actividades y desarrollar nuevos motores económicos.
El objetivo era estratégico: aprovechar los recursos generados alrededor del régimen industrial para construir una economía más diversificada, capaz de producir alimentos, desarrollar tecnología, potenciar hidrocarburos, turismo, economía del conocimiento, logística antártica y nuevas actividades.
Sin embargo, la provincia llega a 2026 enfrentando una fuerte crisis industrial sin que esa transformación haya alcanzado una escala suficiente para compensar el deterioro del empleo manufacturero.
El problema se vuelve todavía más grave porque la diversificación debía realizarse antes de que llegara la crisis, no después.
Probablemente uno de los golpes institucionales más fuertes para el Gobierno provincial haya sido lo ocurrido con el Puerto de Ushuaia.
No se trata simplemente de una terminal marítima.
Es una pieza central para el turismo antártico, los cruceros, la logística del Atlántico Sur, el abastecimiento y la proyección geopolítica argentina hacia la Antártida.
La intervención dispuesta por el Gobierno nacional sobre la administración portuaria significó que la Provincia perdiera, al menos durante ese período, el manejo operativo directo de uno de sus activos estratégicos más importantes.
Más allá de la disputa política y judicial alrededor de aquella decisión, el resultado institucional resulta difícil de minimizar:
Tierra del Fuego terminó con su principal puerto bajo intervención nacional.
Para una provincia que pretende convertirse en puerta de entrada argentina a la Antártida, el episodio representa mucho más que una controversia administrativa.
También la política provincial sobre Malvinas y el Atlántico Sur merece ser evaluada por sus resultados que muchos de ellos hasta se presentan contradictorios.
Melella construyó buena parte de su discurso institucional alrededor de la defensa de la soberanía. Sin embargo, la instalación de un radar con capacidad militar en la localidad de Tolhuin, con habilitaciones por parte de dependencias del gobierno provincial encienden las alarmas en relación a lo que se dice públicamente y lo que se ejecuta como accion de gobierno.
Algo similar sucedió recientemente con el buque petrolero británico que atraco en el puerto de Ushuaia, cuando el gobierno provincial desplego una ofensiva mediática en contra del hecho, pero luego se conoció que el propio gobierno emitió facturas de servicios al buque británico.
La situación económica agrega otra dimensión.
Río Grande, corazón industrial de Tierra del Fuego, enfrenta una fuerte reducción del empleo manufacturero y los últimos registros poblacionales analizados muestran una caída de habitantes después de décadas de expansión.
El fenómeno constituye una señal particularmente delicada para una provincia cuya política económica tuvo históricamente una dimensión demográfica y geopolítica.
Porque Tierra del Fuego no necesita solamente actividad económica.
Necesita empleo, inversión, infraestructura, producción y población permanente.
Cuando esas variables comienzan simultáneamente a mostrar dificultades, el problema deja de ser exclusivamente económico y empieza a convertirse en una discusión sobre el modelo provincial.
En ese escenario, los policías territoriales retirados sostienen que agotaron durante años diferentes instancias sin obtener una solución.
“Después de años de reclamos, informes, denuncias, advertencias de organismos de control, actuaciones judiciales y presentaciones institucionales, se ha llegado a una instancia distinta. Hoy el pedido de juicio político está formalmente en manos de la Legislatura provincial”, expresaron.
Y trasladaron directamente la responsabilidad política hacia los legisladores:
“No se les está pidiendo que condenen anticipadamente a nadie; se les está pidiendo algo mucho más elemental en una República: que investiguen”.
Los firmantes reclaman que la Legislatura requiera expedientes, confronte resoluciones con las leyes vigentes, determine el destino de aportes y contribuciones y reconstruya la trazabilidad de las decisiones administrativas.
“Que establezcan quién sabía, desde cuándo lo sabía y qué hizo frente a ese conocimiento”, reclamaron.
Ese será ahora el siguiente capítulo.
Los denunciantes esperan que los legisladores determinen, respetando las garantías constitucionales, si los hechos presentados pueden configurar o no mal desempeño en el ejercicio del cargo.
“El silencio ya no puede reemplazar a la respuesta institucional. La documentación fue presentada. Los antecedentes fueron individualizados. Las normas fueron señaladas. Los organismos que poseen la prueba fueron identificados. Ahora la responsabilidad de investigar está en manos de la Legislatura provincial”, concluyeron.
La presentación no determina culpabilidad ni implica por sí misma la apertura o procedencia de un juicio político.
Pero llega en un momento en que el Gobierno provincial enfrenta una acumulación de conflictos difícil de ignorar.
La crisis previsional denunciada por los policías retirados es el motivo concreto del pedido. El contexto político es mucho más grande.
Una matriz productiva que no logró diversificarse a la velocidad prometida. Una industria atravesando una crisis profunda. OSEF en dificultades. Problemas recurrentes en servicios esenciales. Un Puerto de Ushuaia intervenido por Nación. Una estrategia sobre Malvinas cuyos resultados concretos están bajo discusión. Y señales económicas y demográficas que obligan a preguntarse hacia dónde se dirige Tierra del Fuego.
Por eso, detrás del expediente que ahora deberán analizar los legisladores comienza a instalarse una pregunta política mucho más incómoda para Gustavo Melella:
