PoloSur
El 15 de octubre, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja emitió el Acuerdo N° 18/2026, mediante el cual los jueces Mario Eduardo Martínez y Jorge Gamal Abdel Chamía designaron de manera interina a Daniela Belén Herrera Piedrabuena Iturbe en el cargo de jefa de Despacho. Esta decisión administrativa fue cuestionada por el tercer miembro del tribunal, José Quiroga Uriburu, quien se opuso a la incorporación de una “persona ajena” a la planta activa del tribunal, lo que ha generado un clima de sospechas sobre posibles favores políticos y nepotismo en el ámbito judicial.
La controversia se intensifica al considerar que la nueva funcionaria es hija de Daniel Herrera Piedrabuena, quien se desempeña como titular del Juzgado Federal de La Rioja y es el encargado de la causa penal que investiga al juez Chamía por presunta violencia laboral y acoso sexual, tras la denuncia presentada por la oficial judicial María Emilia Galván. Esta denuncia ha puesto en el centro de la escena a figuras vinculadas a la política, ya que Galván es hija del exsenador radical Raúl Alfredo Galván, quien ocupó un escaño en el Congreso Nacional entre 1995 y 2001 y fue subsecretario del Interior durante la presidencia de Raúl Alfonsín, cargo que dejó hace años al alejarse de la función pública.
Aunque Herrera Piedrabuena ha delegado la investigación en la fiscalía que subroga Rafael Alberto Vehils Ruiz, como magistrado instructor, él es quien determina los tiempos y decisiones sobre el expediente. Sin su firma, el caso no puede avanzar. Es relevante señalar que Chamía nombró a su hija en este cargo apenas dos meses después de que la denuncia se radicara en La Rioja, dado que la denuncia inicial se había presentado en abril en los tribunales de Comodoro Py, en Buenos Aires, lo que ha generado más cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.
Infobae intentó comunicarse con el juez Jorge Chamía para obtener su opinión sobre la designación y la denuncia de acoso, pero no recibió respuesta. Por su parte, su abogado defensor se pronunció ante este medio, afirmando que se trata de una “falsa denuncia”, lo que añade una capa de complejidad al caso y a las acusaciones que enfrenta el magistrado.
La causa penal se encuentra actualmente estancada, de acuerdo con lo que han confirmado fuentes del ámbito judicial. El fiscal Vehils Ruiz aún no ha tomado una decisión sobre si presentará un requerimiento de instrucción para iniciar la investigación o si, por el contrario, optará por desestimar la denuncia. Desde el Juzgado Federal de La Rioja han anticipado a Infobae que el juez Herrera Piedrabuena se apartaría del caso en caso de que la fiscalía decida abrir la pesquisa.
Este magistrado, que es el único con competencia electoral en la provincia, ya había sido mencionado en una investigación por nepotismo en el Poder Judicial, que se remonta a 2024. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) dio a conocer que Herrera Piedrabuena había incorporado a su propio juzgado a al menos una cuñada, un concuñado, dos yernos y un primo, una práctica que también ha sido observada en otros 45 jueces, según el informe. Hasta el momento, dos de estos jueces habrían presentado su renuncia.
La vacante en la Jefatura de Despacho se generó de manera indirecta. En primer lugar, el tribunal promovió a Alejandra del Carmen Grimaux para ocupar la Secretaría de Cámara, lo que dejó disponible el puesto de prosecretaria administrativa. Para cubrir esta posición, los tres jueces coincidieron en ascender a Ana Agustina Aguilar, una contadora con dos décadas de experiencia en el Poder Judicial.
De este modo, el ascenso de Aguilar generó una vacante en la Jefatura de Despacho, un cargo de gran importancia que asiste directamente a los magistrados en la redacción de proyectos y sentencias. Diversas fuentes judiciales consultadas coinciden en que este puesto es considerado “en el que muchos se retiran, aspiran toda la vida a llegar ahí”, con un salario que no baja de los 5.000.000 de pesos, dependiendo de la antigüedad.
En este contexto, se rompió el consenso entre los tres jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) riojano. Para justificar la elección de la hija del juez Herrera Piedrabuena, según se desprende de la acordada a la que tuvo acceso Infobae, Martínez y Chamía resaltaron sus antecedentes académicos, su formación en perspectiva de género y su experiencia previa en el tribunal como escribiente —tres escalones por debajo del cargo que asumió recientemente— entre 2019 y 2023. En los últimos años, trabajó en el Ministerio Público Fiscal.
El juez Quiroga Uriburu se opuso a la designación, argumentando que el reglamento de ascensos vigente establece que se debe priorizar a los trabajadores de la categoría inmediata inferior que no hayan recibido sanciones en los últimos 12 meses. En este sentido, explicó que la oficial María Emilia Galván ocupaba el primer lugar en la línea de promoción por rango, pero se encontraba impedida de ascender debido a las sanciones disciplinarias impuestas por el Tribunal Oral Federal (TOF) este año, a raíz de sus faltas laborales. La oficial se trasladó a Buenos Aires junto a sus hijos y dejó de asistir de manera presencial.
Ante esta situación, Quiroga Uriburu propuso al escribiente Nicolás Rolando Alvares para el cargo, quien ha estado trabajando en el tribunal desde 2007. Según las fuentes consultadas, Alvares ha recibido al menos 18 ascensos interinos a lo largo de su trayectoria. Un funcionario que sigue de cerca las dinámicas del Tribunal explicó que “lo subieron y bajaron a medida que necesitaban cubrir una silla vacía, pero nunca de forma definitiva”.
Este asunto no solo ha generado divisiones entre los jueces, sino que también ha desencadenado una reacción legal. El escribiente Alvares presentó un recurso de reconsideración para solicitar la nulidad de la designación. En su presentación, argumentó que la elección de una persona externa viola su derecho constitucional a la estabilidad y a la carrera administrativa. Afirmó que el escalafón debe funcionar como un límite objetivo a la discrecionalidad de las autoridades y que su postergación, tras 19 años de servicio, no cuenta con fundamentos válidos.
La presentación judicial ha recibido el respaldo de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). El secretario general de la Regional 9, Juan Pablo Tripputi, firmó un documento en apoyo a Alvares, en el que criticó la práctica de incorporar personas ajenas al Poder Judicial en cargos jerárquicos, a la que se refirió como el ingreso de “paracaidistas”.
En caso de que la reconsideración presentada ante el Tribunal no prospere, el sindicato de los judiciales se prepara para llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura.
La situación de María Emilia Galván, la oficial que no logró acceder al cargo vacante debido a una sanción previa, se presenta como el contexto de toda la controversia. Según lo que se detalla en su denuncia presentada este año, los episodios de violencia y acoso que atribuye al juez Chamía habrían tenido lugar en 2023. Este magistrado había asumido su cargo un año antes, tras recibir el acuerdo del Senado.
En marzo de 2024, Galván sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que requirió una intervención quirúrgica y un extenso tratamiento tanto neurológico como psiquiátrico. A finales de diciembre de 2025, el Departamento de Medicina Preventiva y Laboral de la Corte Suprema de Justicia emitió un dictamen que le otorgó el alta médica laboral. Como resultado, el tribunal en pleno dictó el Acuerdo N° 13/2025, mediante el cual se dejó sin efecto su convocatoria para la feria judicial de enero de 2026, intimándola a reintegrarse a sus funciones el primer día hábil de febrero de ese año.
Sin embargo, Galván no se presentó a trabajar de manera presencial, aunque ofreció hacerlo de forma virtual. Además, solicitó nuevas evaluaciones médicas, argumentando que sufría secuelas graves, como aneurismas en la carótida izquierda y un cuadro psiquiátrico complejo. En ese momento, aún no había denunciado el presunto acoso por parte de su superior.
A pesar de sus solicitudes, el tribunal desestimó sus peticiones, basándose en informes de la junta médica oficial que confirmaron su aptitud para el servicio, sin recomendaciones para una reducción horaria o un cambio de tareas. Ante la prolongada ausencia de la oficial, los jueces Martínez, Quiroga Uriburu y Chamía firmaron el Acuerdo N° 7/2026 el 13 de abril, en el cual declararon injustificadas las inasistencias de Galván desde el 7 de marzo de 2026, ordenando el descuento salarial correspondiente por los días no trabajados y aplicándole una sanción de suspensión de veinte días.
Esta medida disciplinaria provocó que Galván presentara una denuncia. Se dirigió a los tribunales de Comodoro Py para acusar a Chamía. La causa fue asignada al Juzgado Federal N° 3, bajo la dirección de Daniel Rafecas, quien se declaró incompetente y remitió las actuaciones a La Rioja, donde supuestamente habrían ocurrido los hechos de violencia de género y psicológica en el entorno laboral.
María Emilia Galván narró varios episodios de hostigamiento que habrían comenzado en el año 2023. Relató que, en una ocasión, mientras compartían un ascensor, el juez Chamía se ofreció a llevarla a su hogar en su automóvil. Al rechazar la propuesta, explicando que se encontraba residiendo temporalmente con su padre, el magistrado se habría burlado, afirmando que era “una vergüenza” que una mujer de su edad no viviera sola. La denunciante indicó que el juez hizo este comentario a sabiendas de que ella había sido víctima de un delito contra la integridad sexual en 2022.
Además, Galván denunció conductas de acoso sexual por parte del magistrado. Aseguró que, al presentarle proyectos de resolución en su despacho, el juez le preguntó si había sido secretaria privada de otros magistrados y comentó que él también elegiría como asistente a “la mujer más linda que tiene el plantel”, realizando gestos de carácter sexual con sus manos sobre sus genitales.
En otra ocasión, durante un casamiento al que ambos fueron invitados, Chamía, que estaba acompañado por su pareja, le habría expresado que “tiene un hermoso escote”. La denunciante manifestó que el juez estaba “obsesionado” con ella.
Galván también describió situaciones de maltrato profesional. Afirmó que Chamía descalificaba de manera sistemática sus proyectos de despacho, obligándola a confeccionar listas de palabras prohibidas para los escritos y rehaciendo las resoluciones de forma incorrecta, incorporando normativa de la justicia provincial —donde había trabajado previamente Chamía— que no correspondía al fuero federal.
Por otra parte, Galván destacó en su presentación que el magistrado cuenta con antecedentes de violencia laboral en la justicia de la provincia de La Rioja, presentados por su anterior secretaria, Florencia Fernández Valdez, así como denuncias de supuestas situaciones de acoso por parte de estudiantes de la Universidad Nacional de La Rioja. Estas causas no avanzaron y Chamía continúa ejerciendo como titular de cátedra en esa institución.
El abogado defensor del magistrado, Emilio Roberto Pagotto, calificó la acusación de Galván como “una maniobra tendiente a obtener una medida de prohibición de acercamiento entre ella y el juez denunciado, con el objetivo de justificar de ese modo su inasistencia o, de algún modo, obtener la posibilidad de trabajar de forma virtual, aspecto que nunca fue autorizado por el tribunal”. Pagotto sostiene que se trata de un caso “típico” de falsa denuncia.
De manera paralela, el oficial Galván emprendió una acción de amparo contra el tribunal oral, lo que resultó en la emisión de una medida cautelar que le permite continuar desempeñando sus funciones mediante teletrabajo desde su residencia actual en la Ciudad de Buenos Aires. Esta decisión fue tomada por el juez Daniel Herrera Piedrabuena.
El 20 de agosto, los jueces Martínez y Quiroga Uriburu confirmaron la validez de todas las sanciones impuestas anteriormente a la oficial Galván. Por su parte, Jorge Chamía se inhibió de participar en el proceso debido a la denuncia presentada en su contra.
Sin embargo, considerando la vigencia de la medida cautelar y la causa penal por violencia de género, los magistrados decidieron suspender de manera provisoria cualquier nueva medida administrativa o disciplinaria relacionada con la situación de la empleada hasta que la justicia aclare los hechos. Además, el caso fue remitido a la Corte Suprema para que tome una decisión definitiva respecto al futuro laboral de Galván.
En otras noticias, la municipalidad se enfrenta a una situación complicada tras no realizar la poda de un árbol, lo que resultó en que una rama cayera sobre un automóvil, obligando a la comuna a indemnizar al propietario del vehículo. En 2022, una rama se desprendió durante el día, sin condiciones climáticas adversas, y dañó el techo y los laterales de un Ford Focus que estaba estacionado en la zona norte. La Cámara de Apelaciones determinó que el municipio había autorizado la poda del árbol dos meses antes, pero nunca llevó a cabo la acción, confirmando así su responsabilidad por los daños, aunque redujo el monto de la indemnización.
En otro caso, un interesado que había entregado una reserva de USD 5.000 para adquirir una casa en un barrio cerrado se vio frustrado en su operación cuando el propietario vendió la propiedad a un tercero. A pesar de que el dinero fue transferido al dueño, la Cámara de Apelaciones ratificó la condena contra la corredora inmobiliaria por no haber retenido los fondos ni demostrado que había notificado debidamente al vendedor sobre la aceptación de la reserva dentro del plazo estipulado.
Finalmente, se confirmó una indemnización por la caída de una niña en una pista de hielo, un caso que se resolvió 14 años después del incidente. La decisión resalta la falta de instrucciones, protección y asistencia adecuadas en el lugar, lo que llevó a la justicia a dictar un fallo favorable a la familia afectada.
Una joven ingresó a una pista de patinaje en un centro comercial junto a sus amigas sin recibir instrucciones previas, sin contar con elementos de protección adicionales y sin ningún tipo de supervisión, según lo declarado por una testigo. Como resultado de una caída, la menor sufrió una fractura en el tobillo. Tras catorce años desde el accidente, la Cámara de Apelaciones ratificó una indemnización de 21,5 millones de pesos.
Itatí Demarchi Arballo, quien fue electa como consejera de la Magistratura, afirmó que es esencial establecer un mecanismo de selección de jueces que no contenga irregularidades. La presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, en Córdoba, logró obtener una de las cuatro bancas disponibles para la abogacía. En una conversación con Infobae, sugirió que se reduzca la importancia de las entrevistas en los concursos judiciales, que se federalice el proceso de selección de magistrados y que se avance en la implementación de un Código de Ética Judicial.
En el ámbito financiero, surgen nuevas acusaciones contra el financista cercano a Chiqui Tapia, relacionadas con la compra de propiedades en efectivo por un total de 1,5 millones de dólares. Ariel Vallejo fue arrestado y este lunes comenzará una nueva ronda de indagatorias que incluirá a su madre y a otros trece acusados. La investigación se centra en la adquisición en efectivo de una vivienda por 500 mil dólares en un barrio privado, así como en la compra de seis departamentos en Adrogué y un lote en Fincas de San Vicente.
Fuente original: Infobae Judiciales.
