INCREÍBLE: PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ABOGADOS, EN CONTRA DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

RÍO GRANDE.– El conflicto salarial de los trabajadores judiciales de Tierra del Fuego sumó un nuevo y polémico capítulo luego de las declaraciones públicas del presidente del Colegio Público de Abogados de Río Grande, Renán Uribe, quien se refirió a las medidas de fuerza que llevan adelante los gremios y mencionó posibles herramientas económicas para responder a los paros.

Las declaraciones generaron una inmediata reacción de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) y el Sindicato de Empleados Judiciales Provinciales (SEJUP), que difundieron un comunicado conjunto expresando su “profunda inquietud”.

Según sostienen los sindicatos, Uribe habría sugerido al Superior Tribunal de Justicia evaluar medidas como la quita del presentismo o el descuento de los días de paro.

Para las organizaciones gremiales, el planteo resulta especialmente grave porque implica discutir consecuencias económicas sobre trabajadores que se encuentran ejerciendo una legitima medida de protesta por salarios.

“Resulta particularmente preocupante que quien ocupa la máxima representación institucional del Colegio Público de Abogados de Río Grande plantee consecuencias económicas sobre las y los trabajadores judiciales por el ejercicio de un derecho constitucional como es el derecho de huelga”, expresaron.

“Detrás de una medida de fuerza no hay una decisión caprichosa”

Los gremios remarcaron que respetan el derecho del Colegio de Abogados a cuestionar los efectos que los paros producen sobre el funcionamiento de la Justicia.

Pero trazaron un límite frente a cualquier propuesta que, según su interpretación, busque trasladar el costo del conflicto hacia los trabajadores.

“Detrás de una medida de fuerza no hay una decisión caprichosa”, señalaron UEJN y SEJUP.

Y agregaron que existen empleados judiciales con años de antigüedad, experiencia y capacitación cuyos salarios, según la posición sindical, no alcanzan a cubrir adecuadamente sus necesidades básicas ni reflejan la responsabilidad de las funciones desempeñadas.

Los gremios le recordaron al Colegio el antecedente del SAE Kayen

El comunicado también introduce un elemento dirigido directamente hacia la relación histórica entre abogados y empleados judiciales.

UEJN y SEJUP recordaron que, cuando los Colegios de Abogados solicitaron ampliar los horarios de funcionamiento del sistema de gestión electrónica SAE Kayen, los sindicatos acompañaron el planteo.

Según explicaron, incluso prestaron conformidad para avanzar hacia una disponibilidad prácticamente integral del sistema, superior a la extensión originalmente solicitada.

“Lo hicimos porque entendemos que la construcción de un mejor servicio de justicia requiere diálogo, responsabilidad y consideración de las necesidades de todos los sectores que lo integran”, afirmaron.

Una incómoda pregunta sobre los honorarios de los abogados

Pero uno de los pasajes más fuertes del comunicado aparece cuando los sindicatos introducen en la discusión el IUS, la unidad utilizada para determinar honorarios profesionales de los abogados.

UEJN y SEJUP sostienen que la evolución de esa unidad fue superior a la recomposición salarial recibida por buena parte de los trabajadores judiciales.

Y formularon públicamente una pregunta dirigida a Uribe:

“¿Estaría dispuesto el presidente del Colegio Público de Abogados de Río Grande a que el valor de la unidad con la que se regulan sus honorarios evolucionara únicamente en la misma proporción que el salario de las categorías iniciales del Poder Judicial luego del incremento percibido en agosto?”

La comparación busca poner en discusión una aparente contradicción: mientras los gremios reclaman una recomposición de los ingresos de los trabajadores judiciales, quien representa institucionalmente a los abogados propone medidas que podrían reducir aún más los ingresos de quienes realizan los legítimos reclamos salariales, amparados en la constitución.

Aseguran que las urgencias judiciales continúan siendo atendidas

Los sindicatos también rechazaron que las medidas de fuerza puedan caracterizarse como una paralización indiscriminada del Poder Judicial.

Según explicaron, durante los paros se mantienen guardias mínimas para atender aquellas situaciones que requieren una respuesta judicial impostergable.

De esta manera, sostienen que intentan compatibilizar el ejercicio del derecho de huelga con la continuidad de los asuntos urgentes.

“Las organizaciones sindicales han ejercido el derecho de huelga con responsabilidad, procurando preservar la atención de las urgencias”, remarcaron.

“No aceptaremos que se pretenda amedrentar a los trabajadores”

El comunicado eleva todavía más el tono cuando UEJN y SEJUP interpretan las expresiones cuestionadas como una forma de presión sobre los empleados.

“Mucho menos aceptaremos que se pretenda amedrentar a las y los trabajadores mediante propuestas desacertadas que trasladan sobre ellos las consecuencias de un conflicto que no generaron”, señalaron.

Para los gremios, la salida no consiste en sancionar económicamente a quienes realizan medidas de fuerza sino en resolver las causas salariales que originaron el conflicto.

Continúa el plan de lucha

UEJN y SEJUP aseguraron además que durante septiembre suspendieron y postergaron medidas para otorgar al Superior Tribunal de Justicia tiempo para encontrar una solución.

Según su versión, la respuesta esperada no llegó.

Por ese motivo resolvieron continuar con el plan de lucha y las acciones gremiales previamente definidas.

El reclamo central permanece sin modificaciones: una recomposición salarial que los sindicatos consideran que debe contemplar responsabilidad, capacitación, antigüedad y función de los trabajadores judiciales.

El conflicto queda así abierto en dos frentes: por un lado, la negociación salarial con el Poder Judicial; por otro, una controversia institucional con el presidente del Colegio Público de Abogados de Río Grande por los límites de las respuestas frente a las medidas sindicales.

UEJN y SEJUP cerraron su comunicado con una definición:

“No serán los intentos de amedrentamiento ni las expresiones que pretendan enfrentar a trabajadores con abogados, usuarios o distintos sectores del sistema judicial las que nos hagan abandonar ese objetivo”.

Y concluyeron:

“La unión hace la fuerza. La unidad prevalece. La organización vence al tiempo.”