

El Equipo Técnico del Programa Provincial de Cooperadoras Escolares lleva adelante un trabajo territorial mediante recorridas, visitas e intervenciones en diversas instituciones educativas de la provincia, con el objetivo de promover la Ley Nacional N°26.759 y la Ley Provincial N°1170, las cuales regulan y fortalecen la organización y funcionamiento de las cooperadoras escolares.
En cada institución educativa visitada el equipo presentó los fundamentos legales del programa, entregó material informativo, brindó asesoramiento personalizado, resolvió consultas y realizó un relevamiento de necesidades, con una recepción positiva por parte de las instituciones, reflejando un creciente interés por parte de la comunidad en participar activamente en la vida institucional.
Durante estas visitas se da a conocer el programa, sus beneficios y se visibiliza la importancia de las cooperadoras como espacios fundamentales de participación social y comunitaria en la vida escolar. El trabajo territorial permite establecer un vínculo directo con directivos, docentes y familias, fomentando la creación y regularización de cooperadoras, así como el fortalecimiento de las ya existentes.
A su vez se compartió el Manual de Normas y Procedimientos “Potenciando Nuestras Cooperadoras Escolares 2025”, herramienta fundamental que proporciona lineamientos prácticos para organizar, gestionar y desarrollar cooperadoras en toda la provincia, el cual está disponible para su descarga en la página web de la cartera educativa:
https://educacion.tierradelfuego.gob.ar/
Actualmente Tierra del Fuego cuenta con 30 Cooperadoras escolares; 18 en la ciudad de Ushuaia, 9 en Río Grande y 3 en la localidad de Tolhuin.
El equipo técnico continuará con las visitas a lo largo del ciclo lectivo 2025, reafirmando el compromiso de construir una educación pública de calidad y con fuerte anclaje comunitario. Se invita a las instituciones interesadas a solicitar información o asesoramiento a través del correo electrónico [email protected]







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La falta de estrategia, el manejo político improvisado y errores procesales evidentes terminaron exponiendo a la provincia a un revés judicial que pudo evitarse. Lo que debía ser una defensa firme de los intereses fueguinos derivó en un litigio mal conducido, con consecuencias institucionales, económicas y políticas que ahora paga toda la sociedad.

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