El presidente del Colegio de Abogados de Río Grande reclamó investigaciones profundas y advirtió sobre la responsabilidad de los auxiliares de justicia ante los casos que comprometen la credibilidad del Poder Judicial. “Somos auxiliares, no cómplices”, sentenció.
Actualidad09/07/2025
Polo Sur
La crisis de confianza que atraviesa el Poder Judicial de Tierra del Fuego sigue sumando voces críticas. Esta vez, Renán Uribe, presidente del Colegio de Abogados de Río Grande, se pronunció con firmeza en FM Provincia, ante los casos de dominio público que involucran a jueces y camaristas. El abogado insistió en que la institución que preside no permitirá la impunidad ni el silencio corporativo.
“En estos casos que marcan al Poder Judicial hay que ser cautos, dejar que se investigue y, si hay responsables, que sean juzgados”, enfatizó Uribe. “Más allá de que uno entienda que debe investigarse la justicia, estamos preocupados y lo hemos manifestado siempre”, subrayó, dejando en claro que la preocupación atraviesa a todo el foro legal.
El dirigente se mostró crítico con la postura de la Asociación de Magistrados, que en las últimas semanas emitió un comunicado pidiendo “respeto” a la función judicial: “Entendamos que es solo una asociación, no es como el Colegio de Abogados que tiene poder de policía para sancionar y matricular. Ellos se cubren y siempre analizan la misma situación. No nos sorprende lo que dicen”, cuestionó Uribe, marcando distancia.
Consultado sobre si el Colegio impulsará la intervención del Consejo de la Magistratura para investigar la conducta de magistrados involucrados en causas recientes, el abogado fue claro: “Donde tengamos que manifestarnos, lo haremos sin tapujos”. En ese sentido, recordó que cuentan con representación en ese ámbito a través de la doctora Muchnik.
Uribe también valoró la actuación de la jueza Barrionuevo, quien dictó medidas cautelares y ordenó el secuestro de teléfonos vinculados a una causa que salpica a un camarista de Ushuaia. “Si lo ha hecho es porque hay algo. No nos olvidemos de eso”, remarcó. Además, destacó que “cada caso es particular y merece un análisis puntual”.
Sobre la situación de la jueza correccional Felicitas Maiztegui Marcó, Uribe advirtió: “Es un caso grave porque resuelve recursos de sanciones y multas del Juzgado de Faltas. Uno no solo debe conocer su cargo, sino tener criterio y moral para juzgar una infracción”.
El presidente del Colegio de Río Grande hizo especial hincapié en la necesidad de no naturalizar estas situaciones: “Nosotros no nos vamos a acostumbrar como colegio y como presidente. Si hay algo mal, lo vamos a decir. Yo sí respeto el debido proceso, pero tiene que haber una investigación cero”, enfatizó. Y completó con una frase contundente: “Si a mí me culparan de un delito tan aberrante, pondría todo a disposición para demostrar mi inocencia. Para sacarme el lazo de encima”.
Finalmente, subrayó la articulación que mantienen con el Colegio de Ushuaia y con la doctora Aguilar: “Somos auxiliares de la justicia y la justicia es provincial. Más allá de que estemos en Río Grande, esto nos involucra a todos”.
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Un estudio de Fopea señaló que uno de cada siete mensajes del Presidente contiene expresiones despectivas y que el insulto es un eje central de su estrategia comunicacional.
Al no contar con un presupuesto aprobado por la Legislatura para este año, el Gobierno de Melella enfrenta el fracaso político total y se ve obligado a disponer la reconducción de partidas correspondientes al presupuesto 2025. Con un mes de plazo, Poderes, organismos de control y entes autárquicos deberán presentar su distribución de gastos.
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Los directores y gerentes tienen salarios con gran dispersión según los sectores y las áreas de desempeño, así como los beneficios extrasalariales
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