Una escritura reveló que dos jueces de la Cámara de Apelaciones de Tierra del Fuego son socios en un emprendimiento inmobiliario. Uno de ellos, Andrés Leonelli, está imputado por tenencia de pornografía infantil; el otro, Alejandro Fernández, firmó días atrás una resolución a su favor sin haberse excusado. La evidencia contradice declaraciones de la defensa y suma un nuevo capítulo de gravedad institucional en la causa.
Actualidad08/07/2025
Polo Sur
Ushuaia. Una copia de escritura bastó para derribar una serie de negaciones y contradicciones en el marco de la causa que investiga al juez Andrés Leonelli por presunta tenencia de material de abuso sexual infantil. El documento, al que tuvo acceso este medio, confirma la existencia del Fideicomiso Edificio Glaciares, un emprendimiento inmobiliario que une como socios a varios nombres conocidos del ámbito judicial fueguino.
Entre los firmantes de la escritura figuran:
Paula Andrea Jiménez, esposa del juez jubilado Javier De Gamas Soler,
el propio Andrés Leonelli, juez de la Cámara de Apelaciones e imputado en la causa penal,
su hermano Diego Raúl Leonelli, sin vínculos con el Poder Judicial,
y el doctor Alejandro Sergio Manuel Fernández, también camarista, quien días atrás firmó una resolución favorable a Leonelli sin haberse excusado, pese a la evidente relación comercial que los une.
El fideicomiso tiene como objetivo la construcción del “Edificio Glaciares”, en la céntrica calle Gobernador Deloqui 995 de Ushuaia. El proyecto contempla 30 departamentos distribuidos en siete pisos, dos locales comerciales y ascensores, y es presentado como “una oportunidad única para inversores en la ciudad más austral del mundo”.
Socios en un negocio, juez en una causa
Si bien formar parte de un fideicomiso no constituye en sí mismo un delito, la situación adquiere una gravedad institucional evidente al estar involucrado un magistrado que resolvió en una causa en favor de su propio socio.
El viernes pasado, el doctor Fernández, junto al camarista Aníbal Gerardo Acosta, firmó una resolución en la que rechazaron la realización de una pericia policial sobre uno de los celulares secuestrados a Leonelli durante los allanamientos. La decisión se conoció apenas dos días después de una posible reunión mantenida con la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, la doctora María del Carmen Battaini.
La falta de excusación de Fernández es, según fuentes del ámbito judicial, un hecho de suma gravedad que seguramente será evaluado por el Consejo de la Magistratura, ya que podría configurarse como una violación al deber de imparcialidad y ética en el ejercicio de la función judicial.
¿Mentira o desconocimiento?
El abogado defensor de Leonelli, Gustavo Ariznavarreta, había declarado este lunes que “Leonelli y Fernández no eran socios en ningún emprendimiento inmobiliario”. La escritura del fideicomiso desmiente de forma categórica esa afirmación, y pone en evidencia un intento por minimizar o negar una relación que debió haber sido declarada desde el inicio del proceso.
Antecedentes del ex juez Javier De Gamas Soler
Cabe recordar que Javier De Gamas Soler, hoy juez jubilado y socio en el fideicomiso Edificio Glaciares, fue procesado por encubrimiento en la causa AMIA durante su desempeño como secretario del entonces juez Juan José Galeano. Su procesamiento, por delitos como peculado y prevaricato, fue ratificado por la Cámara Federal. Además, estuvo inscripto como monotributista por alquileres inmobiliarios mientras ejercía como juez, situación prohibida por ley. En 2023 solicitó su jubilación poco después de confirmarse su procesamiento, evitando así un eventual juicio político, lo que generó fuertes críticas de organismos de derechos humanos y del ámbito judicial.
Una causa que crece
La investigación judicial sobre Leonelli ya era compleja por la sensibilidad del delito que se investiga. Con estas nuevas revelaciones, se suma un posible conflicto de intereses, falta de transparencia y compromisos cruzados en el más alto nivel del Poder Judicial fueguino.
La ciudadanía, mientras tanto, asiste con preocupación a un nuevo capítulo donde la confianza en la Justicia vuelve a tambalear por prácticas que rozan el encubrimiento institucional.
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La curva negativa con proyección ascendente de la percepción pública sobre la gestión de Gustavo Melella no es un fenómeno repentino ni producto del clima de coyuntura político nacional. Es, más bien, la consecuencia directa de una acumulación de errores, omisiones y promesas incumplidas que han erosionado cada vez más la confianza de los fueguinos sobre la propia figura del gobernador.
Mientras el Gobierno provincial da de baja pensiones del RUPE a personas con discapacidad, avanza con contratos por casi $500 millones para alquilar cuatro vehículos oficiales, profundizando un ajuste que golpea a los sectores más vulnerables.
Frente a las graves sospechas de coimas y la incautación de USD 700.000 que pesan sobre Ornella Calvete, su aval al Proceso Productivo de Celulares —rechazado por la UOM y el secretario General de ASIMRA por amenazar miles de empleos— carece de toda legitimidad. Exigir la anulación inmediata de todas las resoluciones de la exfuncionaria en la Comisión del Área Aduanera Especial, bajo la presunción de que sus decisiones fueron tomadas con fines corruptos y en detrimento de la producción nacional y la estabilidad laboral fueguina deben ser un imperativo de todos los fueguinos.
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