Polo Sur
Las declaraciones del flamante y ya fracasado ministro jefe de Gabinete, Jorge Canals, defendiendo la necesidad de avanzar en una reforma de la Constitución provincial para “dinamizar Tierra del Fuego”, generaron una inmediata y dura reacción política. El ex diputado nacional Ricardo Garramuño cuestionó con extrema dureza al Gobierno provincial y lanzó un mensaje : “Siguen hablando de reformar la Constitución con las manos manchadas de sangre. Qué gente divorciada de la realidad”.
El posteo fue leído como una respuesta directa al discurso oficial que, en medio de una profunda crisis económica, financiera y social, vuelve a poner en agenda una reforma institucional de alto impacto político. Para Garramuño, el contraste entre las prioridades del Gobierno y la realidad que atraviesan miles de fueguinos resulta inadmisible.
Las críticas se producen en un contexto particularmente sensible, atravesado por los recientes y trágicos acontecimientos vinculados a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). En los últimos días, la provincia quedó conmocionada por la muerte de un paciente oncológico derivado a Buenos Aires, quien no habría recibido en tiempo y forma la medicación indispensable para su tratamiento, en medio de demoras administrativas, deudas acumuladas y falta de respuestas por parte del Estado provincial.
Si bien Garramuño no mencionó explícitamente el caso, su publicación fue interpretada como una alusión directa a ese episodio, que expuso crudamente el colapso del sistema de salud y la incapacidad del Gobierno para garantizar derechos básicos. En ese marco, la idea de avanzar con una reforma constitucional aparece, para amplios sectores, como una discusión desconectada de las urgencias reales.
Canals había señalado que no hay que “tenerle miedo a los cambios” y que una eventual reforma busca modernizar y dinamizar la provincia, aclarando que los tiempos serán definidos por el gobernador Gustavo Melella. Sin embargo, las críticas ponen el foco en una contradicción central: mientras el Ejecutivo impulsa debates institucionales de largo alcance, persisten crisis profundas en áreas esenciales como salud, obra social, energía y finanzas públicas.
La reacción de Garramuño sintetiza un malestar creciente en la sociedad fueguina, donde se multiplica la percepción de que el Gobierno prioriza la agenda política por sobre la gestión de las emergencias. La pregunta que atraviesa el debate ya no es solo constitucional, sino ética y política: ¿puede hablarse de reformas estructurales cuando el Estado no logra responder a tiempo ante situaciones donde está en juego la vida de las personas?
