Polo Sur
Las primeras declaraciones públicas del nuevo ministro de Economía, Alejandro Barrozo, lejos de aportar certezas o un rumbo claro, confirmaron una preocupante carencia: la provincia atraviesa una de las crisis más profundas de los últimos años sin un programa económico definido. En lugar de diagnósticos precisos, metas concretas y herramientas de política pública, las expresiones del funcionario se limitaron a expectativas condicionadas al contexto nacional y a la reiteración de problemas ya conocidos.
Reconocer que el sector textil “está muy dañado” no constituye un diagnóstico novedoso, ni mucho menos una propuesta. La pérdida de producción y empleo en esa actividad es un fenómeno que lleva años y que nunca fue abordado con políticas activas de reconversión, innovación o diversificación. Volver a enunciarlo, sin un plan asociado, equivale a administrar la decadencia.
Algo similar ocurre con la referencia al sector energético. La “esperanza” puesta en la reactivación petrolera en la zona norte, tras el traspaso de activos de YPF a la empresa provincial Terra Ignis, vuelve a apoyarse más en el deseo que en hechos concretos. No se explicaron plazos, inversiones comprometidas, impacto fiscal ni generación de empleo. Sin esos datos, la expectativa no es política económica: es voluntarismo.
En materia fiscal, la afirmación de que se presentó un presupuesto “austero y responsable” choca con la realidad. La provincia no cuenta con un presupuesto aprobado y depende de financiamiento de corto plazo para cubrir gastos corrientes, una práctica que erosiona la sostenibilidad fiscal. La insistencia en la necesidad de letras de Tesorería, aun después del freno impuesto por la Fiscalía de Estado, confirma que no hay una estrategia de ordenamiento de las cuentas públicas, sino una búsqueda permanente de oxígeno financiero para llegar a fin de mes.
El anticipo de coparticipación acordado con la Nación, bajo condiciones financieras claras y devolución en el mismo mes, expone además la debilidad estructural de la caja provincial. No es una solución, sino un paliativo transitorio que posterga el problema y encarece el financiamiento del Estado fueguino.
Tampoco la mención a la reforma de la Ley de Salmonicultura alcanza para configurar una política de diversificación productiva. Se trata de un debate relevante, pero aislado, que sin un marco integral de desarrollo económico corre el riesgo de transformarse en otro anuncio sin impacto real, además de reabrir tensiones ambientales y sociales no saldadas.
Que el propio ministro concluya que “hay que ver cómo se reactiva la actividad a nivel nacional” termina de desnudar el problema de fondo: la economía de Tierra del Fuego parece quedar nuevamente atada a factores externos, sin una estrategia propia, sin prioridades claras y sin decisiones estructurales.
En síntesis, las primeras definiciones del nuevo ministro confirman la continuidad de un modelo sin plan, sin metas y sin conducción económica. En un contexto de crisis fiscal, colapso de la obra social, caída del empleo y deterioro de servicios esenciales, la provincia no necesita expectativas: necesita un programa económico serio. Todo lo demás son expresiones de deseo que, hasta ahora, ya demostraron no alcanzar.
