Ocurrió en San Francisco, Estados Unidos, los oficiales federales escoltaron al piloto fuera del avión y sorprendieron a los pasajeros
Denuncian la desaparición de imagenes en un sobre que contenía CDs con material fotográfico que según la defensa del Juez Leonelli resultaría fundamental frente a la acusación de tenencia de pornografía infantil, la defensa busca argumentar que esas imagenes eran cruciales para demostrar que las fotos provenían de una causa que el magistrado investigó en el pasado, aunque el argumento resulta insuficiente, ya que los magistrados en ningún caso deberían tener contacto con material fotográfico, ya que es una labor exclusiva de los peritos expertos que elaboran un dictamen y eso es lo que en ultima instancia observa el magistrado.
El fiscal Fernando Ballester Bidau pidió anular resoluciones firmadas por el camarista Alejandro Fernández, quien no se excusó a pesar de mantener una sociedad comercial con Andrés Leonelli, el juez investigado por presunta tenencia de imágenes de abuso sexual infantil. La Fiscalía reclama que se perite el segundo celular secuestrado y se conforme un nuevo tribunal.
Una escritura reveló que dos jueces de la Cámara de Apelaciones de Tierra del Fuego son socios en un emprendimiento inmobiliario. Uno de ellos, Andrés Leonelli, está imputado por tenencia de pornografía infantil; el otro, Alejandro Fernández, firmó días atrás una resolución a su favor sin haberse excusado. La evidencia contradice declaraciones de la defensa y suma un nuevo capítulo de gravedad institucional en la causa.
La presidenta del Superior Tribunal se habría reunido con jueces que luego firmaron una resolución a favor del camarista investigado por tenencia de pornografía infantil. Se impidió el peritaje de un celular sospechado de contener pruebas sensibles. La sombra del corporativismo judicial se extiende sobre el caso.
El pasado viernes 4 de julio, la Cámara de Apelaciones de Ushuaia anuló la orden de la Juez María Cristina Barrionuevo en cuanto a peritar un celular paralelo que le fuera allanado al magistrado Andrés Leonelli. Lo llamativo es que esta anulación la realizó el juez Alejandro Fernández quien sería socio de Leonelli en una serie de negocios inmobiliarios que ambos llevan a cabo en Ushuaia, específicamente un edificio que se estaría construyendo en la calle Deloqui.
Por orden de la jueza María Cristina Barrionuevo, la Policía secuestró equipamiento informático del camarista penal Andrés Leonelli en su despacho y domicilio. La medida se originó tras una alerta internacional que detectó el almacenamiento digital de material pornográfico infantil en una cuenta vinculada al magistrado. Leonelli asegura que los archivos provienen de causas judiciales tramitadas en Ushuaia.
En una votación que generó fuerte polémica, la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE) resolvió por mayoría rechazar la acreditación de origen solicitada por la textil fueguina Australtex, medida que deja a la empresa sin la posibilidad de exportar su producción y que compromete seriamente la continuidad de la planta en Río Grande.
La Dirección Provincial de Energía (DPE) abrió una licitación pública que prevé un presupuesto oficial multimillonario destinado al servicio de vigilancia y seguridad para sus dependencias por dos años, con chance de extenderlo por un año más.
El candidato a senador de Defendamos Tierra del Fuego cuestionó duramente la falta de políticas para proteger el empleo de los vecinos, la industria y el turismo en la provincia. Además, defendió la necesidad de reactivar el FAMP y subrayó que el Senado es clave para traer programas y recursos que fortalezcan la matriz productiva.
La controversia por la adquisición de indumentaria de brigadistas sacude los cimientos del Poder Ejecutivo. Una investigación revela que los equipos forestales fueron comprados a cifras siderales, muy por encima de los valores de mercado, y las pruebas señalan directamente a la Jefatura de Compras y a la pareja de su titular como presuntos beneficiarios de las licitaciones armadas.
Las esposas de policías retirados y pensionados denuncian que la Caja de Previsión Provincial adeuda haberes de julio, agosto y septiembre, además del SAC, y reclaman transparencia sobre el manejo de los fondos.
con el voto de Sandra Pagnussat jefa de aduana de Río Grande, la Comisión del Área Aduanera Especial logró votar en contra de la textil Australtex, impidiéndole obtener la acreditación de origen necesaria para exportar. Desde SETIA advierten sobre el riesgo para la continuidad laboral y denuncian una postura sistemática contra la industria local.
