Polo Sur
El Superior Tribunal de Justicia debe resolver si avanza la querella por injurias contra el director del Servicio Penitenciario, Ariel Ciares. La defensa denuncia arbitrariedad y violencia institucional en la suspensión del proceso, mientras el funcionario sigue en funciones pese a múltiples causas abiertas por abuso de autoridad, persecución laboral y represalias dentro del sistema penitenciario.
La suspensión de la querella por calumnias e injurias contra el director del Servicio Penitenciario Provincial, Ariel Ciares, llegó al Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego luego de la presentación de un recurso de queja que cuestiona la decisión adoptada por el Juzgado Correccional.
El planteo judicial sostiene que la paralización del expediente constituye una medida arbitraria que vulnera derechos reconocidos en tratados internacionales vinculados a la protección de las víctimas y al acceso a la justicia. Según expone la defensa, el proceso quedó suspendido bajo el argumento de una supuesta prejudicialidad con otras causas en trámite, situación que —afirman— genera una dilación injustificada.
En el escrito presentado ante el máximo tribunal provincial, se advierte que mantener frenada una querella criminal durante casi un año “vulnera el derecho a ser juzgado en un plazo razonable” y representa una forma de violencia institucional.
La defensa solicita que el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego ordene el avance inmediato de la causa por injurias y deje sin efecto la suspensión dictada en instancias inferiores.
Antecedentes y otras investigaciones
El caso se produce en un contexto de diversas denuncias e investigaciones que involucran a Ciares, quien continúa al frente del Servicio Penitenciario Provincial pese a los expedientes judiciales y administrativos en curso.
Entre los antecedentes mencionados se encuentra una investigación iniciada en 2024 por presunto abuso de autoridad y violencia institucional, vinculada a denuncias por suspensión irregular de haberes y supuestas persecuciones laborales contra agentes penitenciarios.
