Polo Sur
El frío todavía no llegó con toda su intensidad, pero la preocupación ya es total. En Tierra del Fuego, al menos 6.507 hogares viven una situación límite: no cuentan con conexión a la red de gas natural y dependen del sistema de GLP, una alternativa más costosa e inestable que hoy se vuelve prácticamente insostenible.
A medida que se acerca el invierno, el panorama se agrava. Las familias no solo enfrentan temperaturas extremas, sino también facturas impagables y la incertidumbre por el futuro del subsidio que, hasta ahora, permitía amortiguar el impacto.
El reclamo vecinal es contundente: están atrapados en un sistema que los obliga a pagar tarifas similares a las del gas natural, pero sin contar con el servicio.
Sin red domiciliaria, muchas familias se ven forzadas a calefaccionarse con electricidad, lo que dispara el consumo y multiplica los costos. El resultado es un combo asfixiante: garrafas, tubos, estufas eléctricas y facturas que superan cualquier ingreso promedio.
En ese contexto, el sistema deja de ser una solución provisoria y se transforma en una carga estructural que golpea directamente el bolsillo de los sectores más vulnerables.
El conflicto escala con un dato que encendió la bronca social: según denuncian vecinos, se administraron más de 900 millones de pesos destinados a conexiones domiciliarias de gas, pero solo se habría concretado un porcentaje mínimo de esas obras.
El resto, aseguran, quedó inconcluso. Caños que no llegan, redes que no se terminan y barrios enteros que siguen esperando una solución que nunca llega.
Ante esta situación, se presentó una auditoría legal exigiendo explicaciones sobre el destino de esos fondos. El reclamo es claro: saber qué pasó con el dinero y por qué miles de familias siguen sin acceso a un servicio esencial.
Como si el escenario no fuera ya crítico, se suma un nuevo factor de incertidumbre: el posible retiro del subsidio provincial al GLP.
De concretarse, el impacto sería inmediato. Las familias pasarían a afrontar costos plenos en plena temporada invernal, lo que podría derivar en una crisis social aún mayor.
Para muchos hogares, no se trata de ajustar gastos, sino de una disyuntiva básica: calefaccionarse o llegar a fin de mes.
El reclamo no se limita a lo económico. También apunta a las prioridades del gobierno provincial, encabezado por Gustavo Melella.
Mientras miles de familias atraviesan esta situación, sectores críticos cuestionan que el foco político esté puesto en la reforma constitucional, en lugar de resolver problemas urgentes vinculados a servicios básicos.
La consigna que circula en redes lo sintetiza con crudeza: “No falta plata, sobran privilegios”.
Lo que está en juego no es solo una discusión tarifaria o administrativa. Es una problemática que impacta directamente en la calidad de vida, la salud y la dignidad de miles de fueguinos.
Con temperaturas que en la provincia pueden descender varios grados bajo cero, la falta de acceso a un sistema de calefacción adecuado deja de ser un problema de infraestructura para convertirse en una emergencia social.
El reloj corre y el invierno no espera. Mientras tanto, más de 6.500 familias siguen haciendo la misma pregunta: dónde está la plata… y cuándo llegará el gas.
