Polo Sur
La ciudad de Ushuaia fue escenario de una masiva movilización encabezada por trabajadores de distintos gremios con injerencia mayoritariamente en la órbita municipal, quienes reclamaron por la regularización en el envío de fondos coparticipables y defendieron la autonomía financiera del Municipio.
La jornada comenzó en el Paseo de las Rosas, desde donde más de mil manifestantes marcharon hacia la Legislatura provincial para formalizar un pedido concreto: el tratamiento urgente de una ley que establezca un mecanismo automático, diario y previsible de transferencia de recursos, conocido como “ley de goteo”.
El planteo no es nuevo, pero esta vez adquirió volumen político, popular y sindical, en un contexto de creciente tensión entre el Municipio de Ushuaia y el Gobierno provincial por el manejo de fondos que —según denuncian— ya fueron transferidos por Nación.
Deuda millonaria y demoras en los giros
El documento presentado ante legisladores advierte que la deuda acumulada con el Municipio supera los 12 mil millones de pesos, con retrasos que llegan hasta los 37 días en la remisión de los fondos, el mismo mecanismo estaría acumulando un faltante de recursos para la ciudad de Río Grande.
Uno de los puntos más sensibles del reclamo es que una parte sustancial de esos recursos corresponde a partidas de origen nacional que ya habrían ingresado a la Provincia, lo que abre un interrogante político: si el dinero está, ¿por qué no se transfiere en tiempo y forma?
Desde los sectores movilizados sostienen que existe un desfasaje entre la percepción de los fondos y su distribución efectiva, e incluso deslizan que habría una utilización de recursos que no pertenecen a la órbita provincial.
Amplio respaldo sindical y político
La movilización contó con el acompañamiento de un amplio abanico de organizaciones sindicales, entre ellas UTA, ATE, SOEM, SPJ, ASEOM, SEMUP y SADEM, además de la participación de CECU y UTHGRA.
La presencia de estos gremios no solo amplificó el reclamo, sino que también dejó en evidencia que el conflicto trasciende lo estrictamente institucional y tiene impacto directo en las condiciones laborales y en la prestación de servicios.
Tras la presentación en la Legislatura, las columnas se dirigieron a la Casa de Gobierno, donde entregaron una carta abierta al gobernador, profundizando el planteo y exponiendo las consecuencias concretas de la situación.
Impacto directo en servicios y salarios
En la carta dirigida al Ejecutivo provincial, los trabajadores y representantes sindicales advirtieron que la demora en la transferencia de fondos constituye una práctica sistemática que afecta áreas críticas del funcionamiento municipal.
Entre los puntos señalados se encuentran el pago de salarios, la continuidad de las negociaciones paritarias, el sostenimiento del transporte público, la recolección de residuos y la atención primaria de la salud.
Es decir, no se trata solo de una discusión técnica sobre coparticipación, sino de un conflicto con impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos y vecinas de Ushuaia.
El reclamo político: autonomía real, no declamada
Durante la jornada también participaron funcionarios de la Municipalidad de Ushuaia, quienes respaldaron la movilización y reforzaron el mensaje político del reclamo.
El secretario de Gobierno, Sebastián Iriarte, fue claro al plantear que “los recursos deben llegar en tiempo y forma a quienes les corresponden, porque de eso depende el funcionamiento del Municipio y la calidad de vida de los vecinos”.
En esa línea, remarcó que la autonomía municipal “no puede ser solo una declaración formal”, sino que debe estar garantizada por la disponibilidad efectiva de los recursos.
El concepto no es menor: detrás del reclamo económico subyace una discusión estructural sobre el federalismo interno y el reparto de poder dentro de la provincia.
La ley de goteo, eje del conflicto
El denominador común entre todos los sectores movilizados fue la necesidad de avanzar en una normativa que establezca un sistema automático, transparente y previsible de remisión de fondos.
La denominada “ley de goteo” aparece así como la herramienta clave para evitar discrecionalidades políticas y garantizar que los recursos lleguen sin demoras a los municipios.
En un escenario de creciente tensión financiera y política, la discusión ya no es solo administrativa: es, en esencia, una disputa por la autonomía, el control de los recursos y el equilibrio de poder dentro de Tierra del Fuego.
