Polo Sur
Hay normas que no admiten interpretaciones, matices ni excusas políticas. La Carta Orgánica del Banco de Tierra del Fuego es una de ellas. En su artículo 23°, inciso e), prohíbe de manera expresa que integren el Directorio del banco los parientes hasta el segundo grado de afinidad de ministros del Poder Ejecutivo. Aun así, esa prohibición fue ignorada: Roberto Daniel Peralta, esposo de la ministra Adriana Chaperón, ocupa actualmente la Vicepresidencia del BTF.
No se trata de una irregularidad menor ni de un tecnicismo administrativo. Es una infracción directa y objetiva de la normativa que rige al principal banco público de la provincia. La regla existe para evitar conflictos de intereses, concentraciones de poder y usos discrecionales de una institución financiera que administra recursos estratégicos del Estado. Cuando esa regla se viola, lo que se quiebra no es solo una cláusula legal: se quiebra la confianza pública.
El caso es aún más grave por el contexto. Chaperón deja su cargo ministerial envuelta en una deuda multimillonaria con la obra social del Estado, y mientras la provincia atraviesa una crisis financiera profunda, el Banco de Tierra del Fuego debería ser un bastión de institucionalidad, profesionalismo y transparencia. En cambio, aparece como parte de un esquema donde los vínculos personales pesan más que las normas.
La Carta Orgánica del BTF no es una recomendación ni un código de buenas prácticas. Es una ley vigente, aprobada para proteger al banco de interferencias políticas y familiares. Su incumplimiento no requiere investigaciones complejas ni interpretaciones subjetivas: el vínculo de afinidad es público, el cargo es público y la prohibición es explícita.
La pregunta inevitable es política e institucional:
¿Quién autorizó esta designación?
¿Quién controla el cumplimiento de la Carta Orgánica?
¿Y por qué, frente a una violación tan clara, no se activaron los mecanismos de corrección o remoción?
El silencio del Ejecutivo y del propio banco no hace más que agravar la situación. Cuando una institución pública tolera infringir sus propias reglas, habilita un precedente peligroso: el de un Estado que se administra como si fuera patrimonio privado.
En una provincia golpeada por el desfinanciamiento de la salud, el uso discrecional de fondos públicos y la pérdida de autonomía en áreas estratégicas, este caso sintetiza un problema mayor: la naturalización del poder sin límites y sin controles.
El Banco de Tierra del Fuego no es una empresa familiar ni un refugio político. Es una herramienta pública que debe responder a la ley. Y cuando la ley se viola con nombre y apellido, ya no estamos ante un error administrativo: estamos ante un acto de nepotismo institucional que exige explicaciones, responsabilidades y una corrección inmediata.
Porque cuando el Estado deja de cumplir sus propias normas, el problema no es solo legal. Es profundamente político y democrático.
