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El gobernador bonaerense cuestionó el alcance del régimen impulsado por Javier Milei y advirtió sobre la caída del consumo y la paralización de la inversión productiva.

Gastón Díaz, secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande e integrante de Provincia Grande, fue categórico al descartar versiones sobre un supuesto acercamiento político entre el espacio que lidera Martín Pérez y la conducción del PJ. Ratificó la construcción autónoma del espacio que conduce el intendente de Río Grande.

Ayer lo llamó “saqueo legalizado” y denunció que el RIGI permitía a las multinacionales explotar recursos sin pagar impuestos. Hoy lo presenta como una herramienta clave para atraer inversiones. El régimen no cambió. Lo que cambió fue Greve, el interlocutor de Melella en la legislatura fueguina. Y en política, las contradicciones sin explicación erosionan mucho más que cualquier debate técnico.

En medio de la discusión por la posible adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el legislador de Provincia Grande, Matías Lapadula, fijó una postura clara: el debate no es “RIGI sí o no”, sino “RIGI para qué”. Según sostuvo, el esquema nacional no ofrece beneficios superiores a los que ya otorga la Ley 19.640 y, por el contrario, la caída del empleo industrial en Tierra del Fuego responde a decisiones económicas del Gobierno nacional.

El gobernador Gustavo Melella anunciará la adhesión al esquema nacional y una poda de impuestos locales en un intento desesperado por conseguir fondos para pagar los escandalosos salarios de sus funcionarios vip

Prometieron una lluvia de inversiones y un shock de empleo. El resultado fue el contrario: fuga récord de capitales, miles de pymes cerradas y casi 300.000 puestos formales destruidos. El RIGI, emblema del modelo de Javier Milei, terminó exhibiendo su verdadera naturaleza: privilegios extraordinarios para pocos proyectos extractivos, escaso impacto productivo y una economía cada vez más frágil, dependiente y concentrada.