Polo Sur
El inicio de la actividad parlamentaria en la Legislatura provincial tendrá este 1 de marzo un condimento que excede lo formal. Gustavo Melella aprovechará la apertura del 43° período de sesiones ordinarias para oficializar un movimiento que muchos leen como una rendición política frente a las huestes de Javier Milei. El mandatario fueguino confirmará que la provincia finalmente se sube al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una decisión tomada bajo la presión de una caja que ya no aguanta más y la necesidad de seducir capitales extranjeros, pese a que el RIGI demostró ser un absoluto total fracaso.
La realidad económica que golpea al despacho del gobernador es agobiante. Con un default técnico a cuestas y las arcas públicas en rojo, Melella no encontró otra salida que archivar sus críticas hacia el León para suplicar auxilio financiero a la Casa Rosada. En los pasillos de la gobernación se admite que esta "arrodillada" ante el poder central es la única vía para garantizar el pago de sueldos y el funcionamiento básico del Estado, en un contexto donde el futuro se percibe como una caída libre sin red.
El plan que el Ejecutivo fueguino pondrá sobre la mesa busca captar desarrollos que superen los 200 millones de dólares en rubros de alto impacto regional como el turismo, la minería y la energía. Al adoptar los lineamientos del Decreto 105/26, la isla se suma al nutrido grupo de jurisdicciones que aceptaron las reglas de juego nacionales a cambio de otorgar beneficios aduaneros y fiscales por tres décadas. La decisión se precipitó tras los insistentes reclamos de los empresarios locales alineados con el espacio libertario, quienes temían que la provincia quedara borrada del mapa de las inversiones internacionales, inversiones que en realidad están en fuga, ya que el RIGI demostró ser un total fracaso.
En su discurso frente a los legisladores, el titular del Ejecutivo también enviará un proyecto de ley enfocado en beneficios tributarios internos. La movida que más ruido hace es la intención de reducir la alícuota de Ingresos Brutos, un gesto de absoluta demagogia por parte de Melella hacia el Ministerio de Economía nacional para demostrar que la provincia está dispuesta a ceder autonomía fiscal. El mensaje es claro ya que la administración no tiene más resto para sostener su esquema impositivo actual ante la magnitud de la quiebra.
Este viraje estratégico no ocurrió en el vacío. Los referentes locales de La Libertad Avanza, encabezados por Natalia Graciania y con el respaldo del diputado Santiago Pauli, venían martillando sobre la urgencia de este paso. Desde el sector libertario sostienen que el giro es el resultado inevitable de años de mala gestión de los recursos públicos. "Melella viene teniendo unas semanas complejas. Está cambiando a los titulares de sus ministerios, tiene internas con intendentes y precisa movilizar inversiones para mejorar la dinámica provincial", aseguran fuentes del oficialismo nacional, asociando el anuncio a la urgencia de tapar el bache de 20.000 millones de pesos que motivó el pedido de adelantos de coparticipación.
Pese a la coincidencia en la necesidad de atraer inversiones, la tregua política está lejos de concretarse. Melella sigue afuera del círculo de confianza de los armadores de Milei, quienes ya trabajan en una alternativa electoral para disputarle el poder en los próximos turnos. El roce entre ambas administraciones quedó expuesto hace poco con el conflicto por el Puerto de Ushuaia, donde la Nación puso un freno a la habilitación argumentando que la provincia gastaba fortunas en subsidios mientras que solo el 1,3% del presupuesto se destinaba a obras reales en la terminal.
