ACTIVA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LAS OFICINAS ITINERANTES SOBRE ASESORAMIENTO DE PROGRAMAS PROVINCIALES

El intendente de Río Grande, Martín Perez, firmó el Decreto de Obligaciones Cumplidas correspondiente a los terrenos del Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas”, un paso administrativo clave que permite continuar con el proceso de regularización dominial y avanzar hacia la futura obtención de los títulos de propiedad.

La advertencia de Moody’s no llega en el vacío: se inscribe en una provincia con un sistema energético al borde del colapso, con cortes, falta de inversión y dependencia creciente; con una educación atravesada por paros recurrentes, pérdida de días de clase y ausencia de planificación estratégica; con un sistema sanitario tensionado, desfinanciado y cada vez más lejos de garantizar respuestas oportunas; y con un Estado que gasta más de lo que recauda sin un horizonte claro de desarrollo. En ese contexto, la ratificación de la calificación no es un respaldo a la gestión, sino una señal de alarma: Tierra del Fuego navega sin rumbo, con desequilibrios fiscales crecientes y sin un plan energético, educativo ni sanitario que sostenga el futuro, mientras el gobierno de Gustavo Melella administra la coyuntura, posterga decisiones estructurales y deja a la provincia expuesta a un deterioro que ya no es solo financiero, sino integral.

La presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande, Guadalupe Zamora, junto a la concejal Florencia Vargas, recibieron al Cónsul General de la República de Chile en esta ciudad, Roberto Ruíz Piracés, en el marco de su despedida institucional tras culminar su gestión diplomática en la ciudad.

Seis años de gestión bastaron para dejar a Tierra del Fuego con menos producción, más incertidumbre y un rojo anual de USD 80 millones. La exposición en la Legislatura no aclaró el futuro: lo expuso. Ausencias, improvisación y números en caída confirmaron que la política energética provincial fracasó, mientras el Gobierno habla de soberanía pero administra el declive y traslada el costo a los fueguinos.

Una ministra que regula la energía y, al mismo tiempo, integra el directorio de la empresa que la explota no es multitarea: es juez y parte. La designación de Gabriela Castillo en Terra Ignis cruza un límite legal y ético claro, expone al Gobierno a una incompatibilidad grave y debilita la transparencia del Estado, al tiempo que podría poner en tela de juicio legal todas las decisiones adoptadas.

Mientras Javier Milei abre la puerta a televisores importados desde Egipto y acelera el desarme industrial, la industria fueguina queda expuesta y sin defensa. Con el empleo y la producción local en riesgo, el silencio del gobierno de Gustavo Melella deja a Tierra del Fuego a merced de una apertura que beneficia a importadores y castiga a quienes trabajan en la provincia.