Polo Sur
Perú nuevamente enfrenta una severa crisis política al decirle adiós a su presidente número siete en solo 10 años. José Jerí fue censurado y desituido del máximo poder del Estado tras cuatro meses en el cargo. El Congreso fue el responsable de su salida donde, en un pleno extraordinario, la mayoría votó por el cambio del mandatario luego de una serie de polémicas en las que se ha visto envuelto y ha dado pase a una investigación fiscal por presunto tráfico de influencias, el escándalo de las contrataciones en Palacio de Gobierno y una escalada en el rechazo ciudadano tras los destapes del llamado Chifagate.
En una maratónica sesión, que se inició a las 10:00 horas y terminó pasadas las 14:20 horas, el Pleno del Congreso decidió aprobar la moción de censura con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones.
Previamente, la representación nacional sometió a una cuestión previa para impedir la votación de las mociones de censura y proceder a la figura de la vacancia presidencial y así alargar hasta marzo el proceso para retirar del cargo a Jerí. Sin embargo, esta movida política, fue desestimada por la mayoría parlñamentaria.
Una caída anunciada
La caída política de Jerí se aceleró en el último mes. Según las más recientes encuestas de Ipsos e Imasen, la desaprobación del mandatario aumentó en 20 puntos porcentuales en apenas treinta días, alcanzando un 61% de rechazo según Ipsos y un 70,4% según Imasen. El desplome de su popularidad coincidió con las revelaciones sobre reuniones no registradas con empresarios chinos, entre ellos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, así como con la difusión de informes periodísticos sobre la contratación de allegadas mediante el Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), un régimen reservado para altos perfiles y que en este caso benefició a personas sin experiencia previa en el sector público.
La presión institucional aumentó aún más cuando la Contraloría General de la República solicitó expedientes y comprobantes de pago de varias de las contrataciones cuestionadas en el Despacho Presidencial. Paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación preliminar contra “los que resulten responsables” por la modalidad y los vínculos personales detrás de los contratos. Si bien Jerí no podía ser incluido directamente en la pesquisa por su investidura, el despacho del Fiscal de la Nación no descartó incluirlo.
El escándalo mayor, sin embargo, fue el Chifagate, que expuso la relación del presidente con Zhihua Yang, empresario con millonarios contratos estatales y señalado como operador del llamado “Club de la Construcción chino”. Las imágenes de Jerí ingresando encapuchado a un restaurante de San Borja, fuera de todo registro oficial, detonaron la crisis. El mandatario ofreció múltiples versiones sobre el motivo de la reunión y, finalmente, admitió el error y pidió disculpas públicas, pero el daño a su credibilidad ya era irreversible. Según Ipsos, el 78% de los peruanos percibe indicios de corrupción en el comportamiento del presidente.
El contexto político se volvió aún más adverso cuando surgieron nuevos cuestionamientos sobre la vida privada del mandatario. Reportajes recientes revelaron la realización de fiestas privadas con congresistas, ministros y personas vinculadas a una presunta red de prostitución en el Congreso, así como visitas reiteradas de jóvenes a su despacho parlamentario y presidencial, muchas de las cuales posteriormente accedieron a contratos en el Estado. Estos hechos, sumados a la filtración de imágenes y mensajes en redes sociales entre Jerí y sus colaboradoras, profundizaron la percepción de falta de transparencia y ética en su gestión.
¿Qué pasará con la Presidencia?
La destitución de Jerí activa el mecanismo de sucesión presidencial previsto en la Constitución. Según el procedimiento parlamentario, el Pleno del Congreso debe convocar a una nueva sesión para elegir a un nuevo presidente del Congreso, quien asumirá la jefatura del Estado de manera interina hasta la transmisión de mando el 28 de julio.
