Polo Sur
En plena recta final hacia las elecciones de octubre, el oficialismo enfrenta una seguidilla de escándalos que ponen en jaque su credibilidad y golpean de lleno la imagen presidencial. Denuncias por estafas millonarias, redes de sobornos y vínculos con narcotraficantes colocan a la Casa Rosada en el centro de la tormenta política más grave de los últimos años.
El primero de los casos que sacudió la escena fue la red de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde laboratorios habrían pagado retornos a cambio de contratos millonarios, en un esquema que involucra a funcionarios y operadores cercanos al poder e incluso a la hermana del propio presidente. El escándalo derivó en allanamientos, despidos y la aparición de fuertes sumas en efectivo en oficinas privadas.
A este episodio se sumó la polémica por la criptoestafa $LIBRA, una moneda digital promocionada en redes sociales que dejó a miles de pequeños inversores en la ruina. La operatoria, denunciada como un “pump and dump”, benefició a un reducido grupo cercano a funcionarios que se desprendió de sus activos antes del colapso, generando pérdidas multimillonarias a nivel internacional.
Como si fuera poco, en las últimas semanas salió a la luz una denuncia explosiva: un documento judicial en Estados Unidos vincula al diputado oficialista José Luis Espert con un pago de 200 mil dólares realizado por el empresario Federico “Fred” Machado, condenado por narcotráfico y lavado de dinero en el país del norte. Aunque el gobierno insiste en hablar de “operaciones políticas”, el dato reaviva el debate sobre el financiamiento sucio de la política y pone en entredicho la transparencia de la campaña oficialista.
La concatenación de estos hechos ha desatado una ola de críticas desde la oposición, que acusa al gobierno de “convertir la Casa Rosada en un refugio de estafadores, coimeros y cómplices del narcotráfico”. Sindicatos, movimientos sociales y referentes políticos ya exigen explicaciones públicas y responsabilidades concretas.
Mientras tanto, la ciudadanía asiste a un escenario marcado por la desconfianza y la indignación, donde el poder parece más preocupado por blindarse ante los escándalos que por dar respuestas a los problemas reales de la gente.
La Casa Rosada tiembla. Y el costo político de estos escándalos amenaza con desbordar incluso las paredes del poder presidencial.
El secretario de Gobierno, Gastón Díaz, defendió la "identidad política" del proyecto de presupuesto 2026, asegurando la continuidad de la obra pública y los programas sociales en un contexto de recorte de fondos nacionales.
El partido de Sergio Massa prepara un encuentro y elabora un paquete de reformas para debatir en el peronismo. Apoyo a la unidad pero con estrategia.
La salida de Roch y el abandono silencioso de YPF confirman el derrumbe total del modelo energético fueguino. Bajo la gestión de Gustavo Melella, Tierra del Fuego pasó de soñar con convertirse en una provincia productora a quedar vaciada, sin inversiones, sin pozos activos y sin horizonte. Las operadoras huyen y la industria hidrocarburífera se apaga mientras el Gobierno insiste en un relato que ya nadie cree.
La provincia de Santa Cruz atraviesa una crisis financiera que obligó al Gobierno de Claudio Vidal a pagar los sueldos estatales de manera desdoblada, mientras que el municipio de Río Gallegos declaró la emergencia administrativa y económica hasta 2026 para equilibrar sus cuentas.
Tras rechazar la propuesta del gobierno, ATE anticipó que podrían profundizarse las medidas si el lunes no surge una propuesta superadora.
Hicieron un llamado de atención sobre el modelo que impulsa el gobierno que incentiva las inversiones en energía y minería. Advierten que por la irrupción de China los países protegen a sus empresas.
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