Polo Sur
Según la exhaustiva investigación del periodista ushuaiense Gabriel Ramonet, el 14 de noviembre de 2024 una comitiva de empresarios estadounidenses, posteriormente vinculados al caso $LIBRA, donde se encuentra seriamente involucrado el presidente Javier Milei; fue recibida de manera formal y protocolar en la Casa de Gobierno de Tierra del Fuego.
La reunión fue gestionada y encabezada por la ministra de Obras Públicas provincial, Gabriela Castillo, mujer de extrema confianza del gobernador Gustavo Melella, e incluyó también la presencia del entonces ministro de Energía e Hidrocarburos, Alejandro Aguirre.
El encuentro, registrado oficialmente en el salón Lasserre de la Casa de Gobierno en Ushuaia, tuvo como único objetivo, según las fuentes consultadas, escuchar las oportunidades de inversión en el sector hidrocarburífero que el gobierno fueguino podía ofrecer, sin que se abordaran temas de criptomonedas.
La delegación, identificada con pasaportes al ingreso, presentó credenciales empresariales de sus socios, cuyo portfolio incluía diversos rubros, entre ellos energía y activos digitales.
El análisis crítico de este episodio radica no en la legalidad del acto en sí -que no presenta, hasta el momento, indicios de ilícito-, sino en la oscuridad que lo rodea.
La decisión del gobierno de Melella de no difundir oficialmente este encuentro con representantes de lo que luego sería una trama de alto impacto internacional, genera preguntas incómodas. La lógica política convencional indica que las buenas noticias y las gestiones de inversión se publicitan, no se ocultan. Este hermetismo, sumado al perfil de la ministra Castillo -señalada por su vinculación con otros dossiers controversiales de la provincia, como el del radar de LeoLabs–, alimenta la percepción de una, cuanto menos, contradicción.
Por un lado, el gobierno fueguino se proyecta como una alternativa política al libertario Javier Milei. Pero por otro, sus acciones revelan una sintonía operativa cada vez más evidente, patentada en esta recepción a una comitiva que recorría el país en un contexto de acercamiento con el oficialismo nacional.
¿Por qué esconder una reunión aparentemente inocua? La falta de transparencia activa genera el caldo de cultivo perfecto para la especulación: ¿Hubo algún seguimiento tras este primer contacto? ¿Viajó luego algún funcionario fueguino para profundizar las tratativas? ¿Algún emprendimiento cripto actual en la provincia tiene su origen en esa visita?
La exposición de Ramonet no acusa, pero provee los datos que obligan a una rendición de cuentas. La oposición legislativa tiene la potestad de interpelar para despejar estas incógnitas, aunque la probabilidad sea baja.
El incidente, en definitiva, trasciende la anécdota para convertirse en un síntoma de la ambigüedad estratégica que caracteriza la relación entre Ushuaia y Buenos Aires, donde las acciones desmienten los discursos y la sombra reemplaza a la luz.
Fuente: agenda malvinas
