La nueva resolución del Ministerio de Economía que redefine los procesos productivos para la fabricación de equipos de radiocomunicaciones móviles celulares vuelve a encender las alarmas en Tierra del Fuego.
El cambio en las condiciones técnicas del régimen de promoción industrial implica una modificación profunda del esquema de producción que durante décadas sostuvo la actividad fabril y el empleo en la provincia.
Lejos de representar un avance tecnológico, la medida supone una reducción de etapas locales de ensamblado y control, disminuyendo la participación del trabajo humano en favor de procesos más automatizados y dependientes de componentes importados. Los nuevos requerimientos productivos, que deberán implementarse en un plazo de 180 días, podrían traducirse en la pérdida de cerca de 400 empleos industriales directos, afectando también a proveedores y servicios asociados.
El impacto no se limitará al ámbito fabril. En Tierra del Fuego, cada empleo industrial sostiene una cadena económica mucho más amplia: comercios, transporte, gastronomía, mantenimiento, construcción y servicios públicos. Una reducción en la planta de trabajadores no solo compromete los ingresos familiares, sino que debilita la economía regional y agudiza la recesión que ya golpea a la ciudad de Río Grande.
Desde su creación, la Ley 19.640 no fue solo un régimen de beneficios fiscales, sino una política de desarrollo territorial y soberano. La industria fueguina permitió consolidar población, generar empleo calificado y sostener presencia efectiva en el extremo sur del país. Desarticular ese esquema bajo la premisa de "modernización productiva” significa retroceder medio siglo en la construcción de un modelo industrial federal.
Las consecuencias sociales son previsibles: pérdida de poder adquisitivo, aumento del desempleo y mayor desigualdad en una provincia que depende en gran medida del sector manufacturero. La ausencia de un plan de sustitución real o de políticas activas que promuevan la diversificación productiva deja a la industria fueguina en un escenario de vulnerabilidad estructural.
En momentos donde el país necesita potenciar sus capacidades industriales y tecnológicas, resulta contradictorio que se adopten medidas que debilitan uno de los polos de producción más estratégicos del territorio nacional.
El desarrollo del sur argentino requiere más inversión, más trabajo y más innovación, no un desmantelamiento gradual de la base industrial que garantizó durante décadas soberanía, empleo y arraigo.
Preservar la industria fueguina no es una cuestión sectorial. Es una decisión de Estado que define el tipo de país que la Argentina quiere ser: uno que produzca, genere trabajo y sostenga su presencia en el sur, o uno que vuelva a depender de lo importado y pierda su capacidad de construir futuro desde su propio territorio.
