La nueva resolución del Ministerio de Economía que redefine los procesos productivos para la fabricación de equipos de radiocomunicaciones móviles celulares vuelve a encender las alarmas en Tierra del Fuego.
El cambio en las condiciones técnicas del régimen de promoción industrial implica una modificación profunda del esquema de producción que durante décadas sostuvo la actividad fabril y el empleo en la provincia.
Lejos de representar un avance tecnológico, la medida supone una reducción de etapas locales de ensamblado y control, disminuyendo la participación del trabajo humano en favor de procesos más automatizados y dependientes de componentes importados. Los nuevos requerimientos productivos, que deberán implementarse en un plazo de 180 días, podrían traducirse en la pérdida de cerca de 400 empleos industriales directos, afectando también a proveedores y servicios asociados.
El impacto no se limitará al ámbito fabril. En Tierra del Fuego, cada empleo industrial sostiene una cadena económica mucho más amplia: comercios, transporte, gastronomía, mantenimiento, construcción y servicios públicos. Una reducción en la planta de trabajadores no solo compromete los ingresos familiares, sino que debilita la economía regional y agudiza la recesión que ya golpea a la ciudad de Río Grande.
Desde su creación, la Ley 19.640 no fue solo un régimen de beneficios fiscales, sino una política de desarrollo territorial y soberano. La industria fueguina permitió consolidar población, generar empleo calificado y sostener presencia efectiva en el extremo sur del país. Desarticular ese esquema bajo la premisa de "modernización productiva” significa retroceder medio siglo en la construcción de un modelo industrial federal.
Las consecuencias sociales son previsibles: pérdida de poder adquisitivo, aumento del desempleo y mayor desigualdad en una provincia que depende en gran medida del sector manufacturero. La ausencia de un plan de sustitución real o de políticas activas que promuevan la diversificación productiva deja a la industria fueguina en un escenario de vulnerabilidad estructural.
En momentos donde el país necesita potenciar sus capacidades industriales y tecnológicas, resulta contradictorio que se adopten medidas que debilitan uno de los polos de producción más estratégicos del territorio nacional.
El desarrollo del sur argentino requiere más inversión, más trabajo y más innovación, no un desmantelamiento gradual de la base industrial que garantizó durante décadas soberanía, empleo y arraigo.
Preservar la industria fueguina no es una cuestión sectorial. Es una decisión de Estado que define el tipo de país que la Argentina quiere ser: uno que produzca, genere trabajo y sostenga su presencia en el sur, o uno que vuelva a depender de lo importado y pierda su capacidad de construir futuro desde su propio territorio.
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La Legislatura fueguina de Tierra del Fuego aprobó una nueva ley de acuicultura, que deroga la normativa vigente que limitaba la cría industrial de salmones en las aguas de la provincia. El proyecto fue impulsado por Melella en sociedad con los libertarios.
El reconocido militante ambientalista; pero además Doctor en Biología, licenciado en Filisofía, investigador del CONICET y docente en la UBA; tuvo una mirada crítica hacia el intento de reformar la Ley 1355 en nuestra provincia. Dijo, entre otras cuestiones, que “son proyectos que no tienen ningún tipo de justificación, salvo de grandes negociados, intentos desesperados de un sector político que ven eso, una entrada de dinero rápida y bajo ningún punto de vista, una proyección a cinco o diez años”. Además, señaló que “acá no se trata de la dicotomía conservar versus producir, sino que lo que estamos hablando son de las formas de producir”. ESCUCHÁ EL AUDIO COMPLETO DE LA NOTA
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La curva negativa con proyección ascendente de la percepción pública sobre la gestión de Gustavo Melella no es un fenómeno repentino ni producto del clima de coyuntura político nacional. Es, más bien, la consecuencia directa de una acumulación de errores, omisiones y promesas incumplidas que han erosionado cada vez más la confianza de los fueguinos sobre la propia figura del gobernador.
Mientras el Gobierno provincial da de baja pensiones del RUPE a personas con discapacidad, avanza con contratos por casi $500 millones para alquilar cuatro vehículos oficiales, profundizando un ajuste que golpea a los sectores más vulnerables.
Frente a las graves sospechas de coimas y la incautación de USD 700.000 que pesan sobre Ornella Calvete, su aval al Proceso Productivo de Celulares —rechazado por la UOM y el secretario General de ASIMRA por amenazar miles de empleos— carece de toda legitimidad. Exigir la anulación inmediata de todas las resoluciones de la exfuncionaria en la Comisión del Área Aduanera Especial, bajo la presunción de que sus decisiones fueron tomadas con fines corruptos y en detrimento de la producción nacional y la estabilidad laboral fueguina deben ser un imperativo de todos los fueguinos.
El reconocido militante ambientalista; pero además Doctor en Biología, licenciado en Filisofía, investigador del CONICET y docente en la UBA; tuvo una mirada crítica hacia el intento de reformar la Ley 1355 en nuestra provincia. Dijo, entre otras cuestiones, que “son proyectos que no tienen ningún tipo de justificación, salvo de grandes negociados, intentos desesperados de un sector político que ven eso, una entrada de dinero rápida y bajo ningún punto de vista, una proyección a cinco o diez años”. Además, señaló que “acá no se trata de la dicotomía conservar versus producir, sino que lo que estamos hablando son de las formas de producir”. ESCUCHÁ EL AUDIO COMPLETO DE LA NOTA
La Legislatura fueguina de Tierra del Fuego aprobó una nueva ley de acuicultura, que deroga la normativa vigente que limitaba la cría industrial de salmones en las aguas de la provincia. El proyecto fue impulsado por Melella en sociedad con los libertarios.
Con récord de semanas sin clases normales, jornadas reducidas y datos oficiales que el Gobierno provincial se niega a transparentar, Tierra del Fuego cierra uno de los peores ciclos lectivos de su historia. Mientras tanto, otras provincias como Santa Fe lograron garantizar 185 días de clases mediante acuerdos que premia EL PRESENTISMO y la continuidad pedagógica, dejando en evidencia que la crisis educativa fueguina no es inevitable, sino el resultado de decisiones políticas.
