LAS PASCUAS LLEGAN A LOS BARRIOS DE LA PROVINCIA EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA

El intendente de Río Grande, Martín Perez, firmó el Decreto de Obligaciones Cumplidas correspondiente a los terrenos del Centro de Veteranos de Guerra “Malvinas Argentinas”, un paso administrativo clave que permite continuar con el proceso de regularización dominial y avanzar hacia la futura obtención de los títulos de propiedad.

La advertencia de Moody’s no llega en el vacío: se inscribe en una provincia con un sistema energético al borde del colapso, con cortes, falta de inversión y dependencia creciente; con una educación atravesada por paros recurrentes, pérdida de días de clase y ausencia de planificación estratégica; con un sistema sanitario tensionado, desfinanciado y cada vez más lejos de garantizar respuestas oportunas; y con un Estado que gasta más de lo que recauda sin un horizonte claro de desarrollo. En ese contexto, la ratificación de la calificación no es un respaldo a la gestión, sino una señal de alarma: Tierra del Fuego navega sin rumbo, con desequilibrios fiscales crecientes y sin un plan energético, educativo ni sanitario que sostenga el futuro, mientras el gobierno de Gustavo Melella administra la coyuntura, posterga decisiones estructurales y deja a la provincia expuesta a un deterioro que ya no es solo financiero, sino integral.

Sin caja, sin previsión y sin plan, el gobierno de Gustavo Melella quedó expuesto al pedirle a las grandes empresas fueguinas un adelanto de impuestos para poder pagar el aguinaldo. Lo que debería ser una obligación básica del Estado se transformó en una muestra cruda del desorden fiscal: cuando una provincia necesita usar ingresos futuros para cubrir gastos corrientes, el problema ya no es coyuntural, es de gestión. Y la factura de esa irresponsabilidad no la pagan los funcionarios, la pagan los trabajadores, las empresas y toda Tierra del Fuego.

Seis años de gestión bastaron para dejar a Tierra del Fuego con menos producción, más incertidumbre y un rojo anual de USD 80 millones. La exposición en la Legislatura no aclaró el futuro: lo expuso. Ausencias, improvisación y números en caída confirmaron que la política energética provincial fracasó, mientras el Gobierno habla de soberanía pero administra el declive y traslada el costo a los fueguinos.

Una ministra que regula la energía y, al mismo tiempo, integra el directorio de la empresa que la explota no es multitarea: es juez y parte. La designación de Gabriela Castillo en Terra Ignis cruza un límite legal y ético claro, expone al Gobierno a una incompatibilidad grave y debilita la transparencia del Estado, al tiempo que podría poner en tela de juicio legal todas las decisiones adoptadas.

Mientras Javier Milei abre la puerta a televisores importados desde Egipto y acelera el desarme industrial, la industria fueguina queda expuesta y sin defensa. Con el empleo y la producción local en riesgo, el silencio del gobierno de Gustavo Melella deja a Tierra del Fuego a merced de una apertura que beneficia a importadores y castiga a quienes trabajan en la provincia.