Dos parques eólicos de Costa Rica se integran a la red eléctrica centroamericana

La Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE) ha otorgado la autorización a las empresas Eólico San Jorge y Vientos de la Montosa para que sus parques eólicos, cada uno con una capacidad de 20 megavatios, puedan inyectar energía en la red de transmisión regional conocida como Siepac. Esta información fue reportada por BNamericas, un portal especializado en inteligencia de negocios para América Latina.

Los proyectos, situados en la provincia de Guanacaste, ya contaban con contratos de suministro que habían sido adjudicados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para el año 2024. Esta autorización se produce en un contexto en el que el informe titulado "Perspectivas económicas de América Latina 2026", elaborado por la OCDE en colaboración con la CAF, la CEPAL y la Unión Europea, posiciona a Centroamérica como una de las subregiones con mayor potencial comercial del continente.

El informe destaca al Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central como la iniciativa de integración energética más avanzada en toda la región latinoamericana. Se describe esta infraestructura como un mecanismo que tiene el potencial de reducir costos eléctricos, mejorar la seguridad energética y facilitar el desarrollo de industrias que requieren un suministro de energía estable y con bajas emisiones de carbono, tales como centros de datos y manufactura.

La integración eléctrica en Centroamérica permite a los seis países del istmo compartir recursos renovables, disminuir tarifas y atraer inversiones en sectores que dependen de un suministro confiable, abarcando desde el procesamiento de minerales hasta la producción de fertilizantes verdes, según lo expuesto en el informe de la OCDE. Este sistema ha estado operando desde 1996, conectando a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá a través de una línea de transmisión física y un mercado eléctrico mayorista regional, que cuenta con su propio regulador y operador.

Además, la Agenda de Inversiones Global Gateway de la Unión Europea ha incluido explícitamente la profundización de esta integración energética entre sus prioridades para la región, según se detalla en el reporte.

La inversión europea en energía eólica se traduce en acciones concretas. Los programas GET.transform y GET.invest, respaldados por la cooperación de Alemania y la Unión Europea, han ampliado su asistencia técnica en América Latina y el Caribe. Su objetivo es facilitar la integración del sistema eléctrico centroamericano con el Sistema de Interconexión Eléctrica Andina, que corresponde a la región andina.

En el ámbito comercial, el informe resalta la importancia del corredor industrial que conecta Guatemala y El Salvador. Este corredor representa el 5.59% del comercio intraindustrial en toda América Latina y el Caribe, según un análisis que abarca 17 economías de la región. Este tipo de intercambio evidencia las capacidades productivas compartidas entre ambos países y promueve el desarrollo de cadenas regionales de valor en el sector manufacturero.

El documento indica que más del 70% del comercio en los principales corredores intraindustriales de América Latina se compone de manufacturas. Esto sugiere que la relación entre Guatemala y El Salvador puede profundizar su especialización conjunta en este ámbito.

En cuanto a Costa Rica, se destaca como el país más avanzado en términos de sofisticación tecnológica. Las manufacturas de alta tecnología constituyen el 19% de sus exportaciones intrarregionales de bienes intermedios, en comparación con solo el 6% de sus ventas de este tipo hacia mercados fuera de la región.

Además, el informe señala que el 78.9% de la inversión extranjera directa que recibe Costa Rica se destina a actividades de tecnología media-alta y alta, lo que refleja un entorno favorable para el desarrollo de este sector.

Sin embargo, persiste un obstáculo significativo en el transporte. La mayor complementariedad exportadora entre México y Centroamérica se da con Estados Unidos, alcanzando un 29%, y con China y los países de la ASEAN, que representan un 27%, según el documento de la OCDE.

Esta conexión entre la producción de la subregión y la demanda de esos mercados ofrece oportunidades para diversificar las exportaciones de agroalimentos, manufacturas y servicios digitales. No obstante, este potencial se ve limitado por una barrera estructural que un estudio reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha cuantificado de manera contundente: el costo de mover una tonelada de carga un kilómetro en Centroamérica puede ser hasta ocho veces mayor que en Estados Unidos, según lo publicado por Infobae.

El estudio de la CEPAL, elaborado por el economista Cordero, atribuye esta disparidad a las largas demoras en las fronteras, que pueden superar las 20 horas, y a corredores donde los camiones circulan a una velocidad promedio de 17 kilómetros por hora.

El 74% del comercio que se realiza entre México y Centroamérica se transporta por carretera, y la infraestructura terrestre presenta deficiencias que no pueden ser solucionadas únicamente a través de tratados arancelarios, según lo indicó el organismo. El informe titulado "Perspectivas económicas de América Latina 2026" respalda este diagnóstico, señalando que reducir a la mitad la brecha de infraestructura con respecto a las economías avanzadas podría incrementar las exportaciones de la región hasta en un 30%. Entre las prioridades que se mencionan se encuentran el desarrollo de corredores logísticos multimodales, una mejor gestión aduanera, la digitalización de la logística y la creación de infraestructura energética transfronteriza.

En cuanto a los avances en el ámbito aduanero, ya se están realizando movimientos significativos. El Consejo de Ministros de Integración Económica aprobó, el 29 de octubre pasado en Managua, la actualización del Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su reglamento. Esta actualización incluye la incorporación de trámites digitales, la posibilidad de realizar pagos en línea y la opción de presentar declaraciones anticipadas de mercancías, según informó DataExport, un portal especializado en comercio exterior de la región. Las nuevas normativas entrarán en vigencia el 29 de abril de 2027 y tienen como objetivo reducir la duplicidad de requisitos existentes entre las aduanas del istmo. “Desde el Viceministerio de Integración y Comercio Exterior trabajamos para que la facilitación del comercio contribuya a que más empresas guatemaltecas aprovechen el mercado centroamericano y amplíen sus exportaciones”, expresó la viceministra Ivannia Ponce al portal.

En relación con las barreras no arancelarias, que incluyen requisitos técnicos, sanitarios y de certificación, se estima que su costo equivale a un arancel promedio del 13% en toda la región, según el informe de la OCDE. Este impacto es aún más significativo en los sectores de agricultura, ganadería y pesca, donde se calcula que el costo se eleva a un 36%.

El documento también aborda la cuestión del financiamiento comercial. Se realizó un análisis de instituciones financieras de desarrollo de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá, enfocándose en los instrumentos de apoyo al comercio exterior. En este contexto, las cartas de crédito representan el 31% del total de los instrumentos utilizados, mientras que el financiamiento previo al embarque constituye el 13%.

Un informe sostiene que una mayor coordinación entre los bancos nacionales y las entidades multilaterales de desarrollo podría facilitar la movilización de recursos hacia pequeñas y medianas empresas (pymes), así como en los sectores de energía, transporte e infraestructura digital. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyectó un aumento del 7% en las exportaciones de bienes para Centroamérica durante este año, y un incremento del 12% en el sector de servicios. Panamá lidera este crecimiento con una proyección del 16%, según lo detalló la revista regional de economía y negocios, Estrategia y Negocios, en su cobertura del informe de perspectivas comerciales que fue presentado el 15 de octubre.

En otro ámbito, la presidenta de Costa Rica ha hecho un llamado a Europa para que reduzca el consumo de drogas, argumentando que una menor demanda podría contribuir a la disminución de la producción ilegal, así como del menudeo y del transporte de narcóticos. Esta declaración se realizó durante su participación en la cumbre iberoamericana que se llevará a cabo en Madrid, programada para noviembre de 2026.

En una acción policial reciente, se detuvo a un individuo sospechoso de ser el propietario de un hotel en Costa Rica, quien es acusado de atraer a menores de edad mediante videojuegos con el presunto objetivo de abusar de ellos. El hombre, de 62 años, habría contactado a niños y adolescentes en plazas, parques y otros lugares donde se desarrollaban actividades deportivas, para luego invitarlos a un establecimiento ubicado en Pérez Zeledón.

Además, las autoridades costarricenses informaron sobre la captura de dos ecuatorianos en el Pacífico costarricense, quienes transportaban más de 2.6 toneladas de marihuana. Los detenidos, de 25 y 49 años, fueron arrestados durante un operativo conjunto con Estados Unidos y Panamá, a 52 millas náuticas de Punta Burica. En el operativo, las autoridades lograron decomisar 2,648 paquetes de droga y 11 estañones que contenían combustible.

En el marco del XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, que se celebró en Madrid, Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, invitó a los empresarios iberoamericanos a invertir en su país, afirmando que “la mejor política para superar la pobreza es un empleo de calidad”. Durante su intervención, destacó el crecimiento de la industria de dispositivos médicos, la estabilidad económica del país y un modelo de capacitación financiado por el Gobierno que busca atender las necesidades de las empresas.

Por otro lado, el oficialismo en Costa Rica no logró impedir la reelección de Patricia Solano, quien continuará ocupando su cargo como magistrada durante ocho años más. La Asamblea Legislativa no alcanzó los 38 votos necesarios para destituir a la integrante de la Sala Tercera, lo que generó un enfrentamiento entre los diputados de Pueblo Soberano y la oposición, en torno a temas de independencia judicial y el desempeño de la magistrada.

Fuente original: Infobae América.