La crisis de la vivienda, que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos españoles, resurgió con fuerza en el debate público en septiembre tras el desalojo forzado del apartamento de Maricarmen Abascal, una jubilada madrileña de 87 años que falleció pocos días después. Su caso provocó una ola de manifestaciones que incluyó la instalación de un campamento de activistas en la emblemática plaza del Puerta del Sol, donde se reunieron personas en busca de soluciones a la crisis habitacional.
Al amanecer, un bulldozer y otras maquinarias comenzaron a trabajar en la plaza turística para desmontar las tiendas de campaña, mientras que personas vestidas con monos blancos se dedicaban a limpiar el área, que estaba en gran parte cerrada por las fuerzas de seguridad, según constató un periodista de la AFP. La Delegación del Gobierno en Madrid emitió un comunicado en el que afirmaba que la operación "se ha desarrollado sin disturbios ni episodios de violencia", y concluyó con el desalojo de "334 personas y dos detenciones" por "desobediencia y resistencia" a la autoridad, lo que refleja la tensión en torno a la situación.
Sin embargo, los organizadores de la protesta denunciaron en un mensaje de Telegram que la intervención fue "policial violenta", y afirmaron que varios heridos resultaron "como consecuencia de los golpes y del uso de gas pimienta". Flor, una mujer de 43 años y sin hogar que vivía en el campamento desde el 26 de septiembre, relató: "A las 3 de la mañana entraron como 200 antidisturbios a porrazos. Nos han sacado, nos han golpeado, no nos han dejado sacar nada" de las tiendas. Con lágrimas en los ojos, expresó su angustia: "Toda mi documentación, mi teléfono, todo estaba ahí. No tengo nada. Me da mucha pena", enfatizando la desesperación que siente tras la pérdida de sus pertenencias.
Al igual que Flor, muchas personas sin techo habían encontrado refugio en las últimas semanas en la Puerta del Sol, junto a manifestantes y activistas por el derecho a la vivienda, en un asentamiento que contaba con varios centenares de tiendas de campaña, un comedor, una biblioteca e incluso una enfermería. Este campamento se había convertido en un símbolo de la lucha por la vivienda digna en un contexto de creciente crisis habitacional en España, donde la demanda de soluciones efectivas es cada vez más urgente.
El desalojo de la plaza fue llevado a cabo por un operativo que involucró a 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal de Madrid, junto con la participación de bomberos y personal de los servicios sociales, según informó la Delegación del Gobierno.
Ante la incapacidad de conseguir la aprobación en el Parlamento de dos proyectos de ley que buscaban abordar la grave crisis del acceso a la vivienda, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decidió convocar elecciones legislativas anticipadas para el 29 de noviembre, con la intención de aprovechar el descontento popular.
Para las familias de bajos recursos, encontrar alojamiento en las grandes ciudades se ha vuelto una tarea casi imposible en los últimos años, especialmente en Madrid, que ha sido designada por la red Barnes como la ciudad más deseada del mundo en el mercado inmobiliario de lujo para los años 2025 y 2026.
Según el portal Idealista, el alquiler de un departamento de 50 m² en la capital española tenía un costo promedio de aproximadamente 1.170 euros al mes en octubre, lo que representa casi la mitad del salario bruto medio.
En el contexto de la defensa del derecho a la vivienda, los propietarios de inmuebles demandan mayores garantías jurídicas y expresan su preocupación por el hecho de que el proceso de desalojo de inquilinos morosos puede extenderse durante meses e incluso años.
En los últimos años, factores como la inmigración sostenida y el crecimiento de los alquileres turísticos han aumentado la demanda de vivienda, mientras que la escasez de mano de obra y otros elementos han ralentizado la construcción de nuevas viviendas.
De acuerdo con datos del Banco de España, el país, que tiene una población aproximada de 50 millones de habitantes, enfrenta un déficit de 700.000 viviendas.
Fuente original: Clarín Mundo.
