PoloSur
Durante los últimos dos años, el presidente Donald Trump ha intentado minar la democracia en Estados Unidos. Sin embargo, el martes, los votantes decidieron hacer frente a sus acciones. Ante los múltiples esfuerzos de Trump por manipular las elecciones de mitad de mandato, que incluyeron la manipulación extrema de los distritos electorales, acusaciones infundadas de fraude electoral y esfuerzos para obstaculizar el voto por correo, decenas de millones de estadounidenses acudieron a las urnas y expresaron su rechazo al Partido Republicano que lo ha apoyado.
Como resultado de esta movilización, los demócratas lograron recuperar el control tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. El rechazo a Trump y a su partido fue tan contundente que logró trascender la polarización política que caracteriza al país. Los republicanos sufrieron pérdidas en escaños incluso en estados que tradicionalmente han sido bastiones republicanos, como Kansas, Kentucky, Iowa, Ohio, Carolina del Sur y Texas. Esta derrota se atribuye a que muchos votantes independientes e incluso republicanos consideran que el segundo mandato de Trump ha sido un fracaso.
Este resultado electoral representa un contrapeso fundamental al comportamiento autocrático de Trump. Además, otorga a los demócratas la capacidad de investigar posibles actos de corrupción y violaciones de la ley por parte del presidente, así como de aprobar legislación que ofrezca una alternativa a su agenda, que muchos consideran perjudicial. El país ya comienza a notar un cambio, el cual se consolidará en enero.
No obstante, Estados Unidos aún enfrenta numerosos desafíos a largo plazo para los cuales ninguno de los partidos ha presentado soluciones claras. Durante los próximos dos años, mientras Trump continúe en la presidencia, el Congreso y el sistema judicial deberán estar preparados para enfrentar sus nuevos intentos de socavar el orden constitucional. Sin embargo, este es un momento para sentir orgullo, ya que los aspirantes a autoritarios suelen utilizar las elecciones legislativas para consolidar su poder y debilitar la democracia.
En 2026, los votantes estadounidenses se negaron a permitir que Trump lo hiciera. El sistema democrático se mantuvo firme. Además de los votantes, hay tres grupos que merecen un reconocimiento especial: los trabajadores electorales, los abogados y los jueces. Los funcionarios electorales cumplieron con su deber este año a pesar de la presión constante ejercida por Trump, quien ha sostenido repetidamente que el fraude generalizado determina el resultado de las elecciones en Estados Unidos, a pesar de las décadas de evidencia que demuestran lo contrario.
Los funcionarios encargados de las elecciones, sin importar su afiliación política, han respondido a las afirmaciones falsas con la misma dedicación de siempre: facilitando a los ciudadanos el ejercicio de su derecho al voto y realizando el conteo de los sufragios. En numerosos estados, estos funcionarios implementaron medidas concretas para evitar la interferencia de la administración de Trump.
El año pasado, el Departamento de Justicia solicitó a los estados que entregaran al gobierno federal información sensible, que incluía las fechas de nacimiento de los votantes, datos sobre sus licencias de conducir y partes de sus números de Seguro Social. Sin embargo, varios funcionarios, incluidos algunos republicanos, se negaron a cumplir con esta orden. Entre ellos se encontraban la vicegobernadora republicana de Utah, Deidre Henderson; la secretaria de Estado demócrata de Michigan, Jocelyn Benson; y el secretario de Estado republicano de Virginia Occidental, Kris Warner. Todos ellos desoyeron la directiva, enfrentaron demandas por parte de la administración y lograron triunfar en los tribunales.
La capacidad de estos funcionarios para resistir al presidente resalta una de las ventajas del sistema de gobierno descentralizado de Estados Unidos. Tuvieron la facultad de negarse a acatar la orden porque el presidente no tiene la autoridad para revocar su decisión. La cláusula electoral de la Constitución establece que cada estado tiene la potestad de determinar cómo se llevan a cabo sus elecciones. Este federalismo ha demostrado ser un bastión contra los impulsos autoritarios de Trump.
Un segundo grupo que ha defendido la democracia durante este año ha sido el de los abogados. Cuando Trump intentó interferir en el proceso electoral mediante órdenes ejecutivas que buscaban complicar el registro de votantes, obstaculizar el conteo de votos por correo y ordenar al Servicio Postal que decidiera qué votantes recibirían las boletas, los abogados reaccionaron de inmediato presentando demandas. Entre los defensores de la democracia se encontraban el Centro Brennan, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la Liga de Mujeres Votantes, Common Cause y fiscales generales demócratas.
Algunos bufetes de abogados de renombre han expresado su preocupación por enfrentar los abusos legales de la administración Trump en los últimos dos años, lo que ha hecho que la labor de las organizaciones sin fines de lucro sea aún más crucial en la defensa de los derechos electorales y la integridad del proceso democrático.
Las demandas frecuentemente tenían éxito gracias a un tercer grupo: los jueces federales que se comprometieron a seguir la ley y proteger la Constitución, a pesar de los intentos de intimidación por parte de Trump y sus aliados. Jueces nombrados por presidentes de ambos partidos, incluido Trump, bloquearon partes clave de las órdenes ejecutivas relacionadas con las normas electorales, asegurando que se mantuvieran los principios democráticos en momentos de presión.
En 27 decisiones consecutivas de tribunales de distrito, los jueces desestimaron las exigencias del Departamento de Justicia sobre los registros electorales de los estados. La Corte Suprema ha recibido tanto elogios como críticas. Se equivocó al emitir fallos que facilitaron la manipulación electoral extrema por parte de Trump y los esfuerzos de su administración por crear una base de datos nacional de votantes, lo que generó preocupaciones sobre la integridad del proceso electoral. Sin embargo, los magistrados también tomaron medidas para salvaguardar el derecho de los ciudadanos estadounidenses a votar en este otoño.
En septiembre, confirmaron un fallo de un tribunal inferior que prohibía al Servicio Postal adoptar acciones que podrían haber restringido el voto por correo. Este fallo actuó como un recordatorio de que este tribunal tiene sus límites en materia electoral. Tras las elecciones de 2020, los magistrados se negaron a escuchar casos que presentaban las falsas afirmaciones de Trump sobre fraude electoral, lo que demuestra una resistencia a involucrarse en disputas infundadas. Es posible que tengan que desestimar alegaciones similares en las próximas semanas, lo que podría influir en la percepción pública sobre la justicia electoral.
Sin embargo, los retos que se avecinan no deben eclipsar los logros de los estadounidenses. Este año, funcionarios electorales, abogados y jueces defendieron las normas que protegen el voto, lo que refleja un compromiso colectivo con la democracia. Decenas de millones de estadounidenses acudieron a las urnas para ejercer su derecho democrático más fundamental, mostrando un alto nivel de participación cívica. Los ciudadanos demostraron que el poder de elegir a sus líderes les pertenece, reafirmando la importancia de la voz popular en el sistema democrático.
Ahora deben mantenerse vigilantes hasta que las autoridades certifiquen cada elección y los ganadores asuman sus cargos, lo que es crucial para garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso electoral. La vigilancia ciudadana es esencial para mantener la integridad del sistema y asegurar que cada voto cuente en la construcción del futuro político del país.
Fuente original: Clarín Mundo.
