Polo Sur
Una auditoría sobre el Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE) expuso deficiencias administrativas en Tierra del Fuego: documentación incompleta, sistemas informáticos fragmentados y dificultades para determinar deudas entre organismos. La fiscalización alcanzó al Poder Ejecutivo y a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), y derivó en requerimientos para corregir los circuitos de gestión.
El expediente también dejó una consecuencia para el gabinete del gobernador Gustavo Melella. El Tribunal de Cuentas apercibió a la ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, María Emilia Lucía Rossi, por incumplir la presentación de un plan de acción. A la ministra de Salud, Judit Jésica Rosana Di Giglio, le rechazó un pedido de ampliación del plazo para responder a otro requerimiento de la misma auditoría.
La resolución plenaria 118/2026 concluyó la fiscalización y aprobó los informes finales. Entre los hallazgos aparecen normas dispersas, procedimientos sin formalizar, deficiencias contables y falta de conciliaciones periódicas. La deuda histórica al 31 de diciembre de 2023 seguía sin cuantificarse. El trabajo registró 834 beneficiarios activos al 30 de junio de 2025.
Las observaciones describen problemas de administración y control. Por sí mismas, al momento no acreditan que los beneficiarios hayan cobrado indebidamente ni permiten atribuirles un fraude.
El Tribunal exigió planes con medidas, responsables y plazos a los organismos involucrados. Dispuso que pudieran ejecutarse en un máximo de dos meses y mantuvo el seguimiento a cargo de la Secretaría Contable. El cierre formal de la auditoría, por lo tanto, dejó obligaciones de corrección pendientes de seguimiento.
El requerimiento dirigido a Rossi establecía diez días desde la notificación para presentar un plan aprobado mediante un acto administrativo. Debía atender recomendaciones sobre situaciones susceptibles de obstaculizar o perjudicar las funciones de control del Tribunal. La notificación se produjo el 21 de agosto de 2026 y el plazo venció sin cumplimiento, según los fundamentos de la resolución plenaria 141/2026.
El organismo aplicó un apercibimiento y concedió cinco días corridos adicionales, bajo advertencia de multa. La sanción documentada es ese apercibimiento: la resolución no acredita que posteriormente se haya aplicado una penalidad económica.
En Salud, la respuesta tomó otro camino. El 28 de agosto, el director general de Facturación y Recupero, Damián Ezequiel Malandra, solicitó por instrucciones de Di Giglio una extensión de treinta días hábiles. El Tribunal la rechazó mediante la resolución plenaria 127/2026 y mantuvo el plazo original para presentar el plan requerido.
También hubo una medida correctiva. La Contaduría General aprobó, mediante la resolución 255/2026, un plan de fortalecimiento del control interno con cuatro anexos. Incluye procedimientos para pagos de OSEF, acreencias de Salud, facturación hospitalaria y cancelación de facturas entre la obra social y Bienestar Ciudadano. Su aprobación constituye una respuesta administrativa; no demuestra, por sí sola, que todas las observaciones hayan quedado subsanadas.
Resolución 255/2026: aprobación del plan de fortalecimiento del control interno.
Para la gestión de Melella, el expediente deja una obligación concreta: acreditar que las correcciones se ejecutaron. La administración de un régimen de protección social requiere registros confiables y coordinación entre los organismos que financian y prestan la atención. El seguimiento dispuesto por el Tribunal permitirá evaluar ese cumplimiento.
