Melella se gastó la plata de Río Grande y ahora no sabe cómo devolverla

El Gobierno de Gustavo Melella volvió a dejar a Río Grande sin respuestas. En la tercera reunión convocada por el Ministerio de Economía provincial, el ministro Alejandro Barrozo no pudo explicar cómo ni cuándo la Provincia devolverá los fondos de coparticipación que le debe a la ciudad. Según los registros municipales, la deuda supera los $17.294 millones.

En representación del intendente Martín Perez asistió la secretaria de Finanzas, Valeria Capotorto. También participaron las autoridades económicas de Ushuaia y Tolhuin. Río Grande llegó con un objetivo concreto: obtener un compromiso formal de devolución. Se fue sin él.

Fondos que llegaron pero no se transfirieron

El centro del reclamo es simple. La Provincia recibió recursos coparticipables que le correspondían a Río Grande y no los transfirió en los plazos que fija la ley. Para el Municipio, ese dinero se usó para cubrir gastos propios del Gobierno provincial y nunca llegó a la ciudad.

Según Río Grande, la deuda no surge solo de sus propios números. El reclamo se apoya también en información oficial del Ministerio de Economía de la Nación y en dictámenes e informes de los Tribunales de Cuentas provincial y municipal.

Barrozo no presentó un cronograma de pago ni precisó de dónde sacará la Provincia el dinero para cumplir con la ciudad. Esto ocurre aun cuando el propio Gobierno provincial reconoce que hay transferencias pendientes.

Todo depende de Nación

La minuta firmada al cierre del encuentro muestra hasta dónde llega la falta de respuestas. La Provincia solo se compromete a reducir los días de demora y a priorizar los expedientes más antiguos si recibe recursos extraordinarios de Nación. Hoy esos recursos no están garantizados. Si no llegan, el Ministerio de Economía apenas “trabajará en una propuesta” para disminuir los retrasos.

También se acordó crear una mesa de trabajo permanente y se fijaron dos nuevos encuentros técnicos: el 13 de noviembre en Tolhuin y el 24 de noviembre en Ushuaia. Pero ninguno de esos compromisos establece una fecha de cancelación de la deuda ni cuánto dinero recibirá Río Grande para empezar a regularizarla.

El costo lo pagan los vecinos

Las demoras afectan de lleno la planificación municipal y ponen en riesgo servicios esenciales: la potabilización del agua, la recolección de residuos, el transporte público, la obra pública y los dispositivos municipales de salud.

“El Municipio no está solicitando asistencia financiera ni recursos extraordinarios”, remarcaron desde la gestión de Perez. Lo que exige es la devolución de fondos que les corresponden a los vecinos de la ciudad. Río Grande sostiene además que la caída de la recaudación y la crisis económica no justifican que la Provincia deje de cumplir con la coparticipación.

La intimación sigue en pie

La intimación formal que el Municipio envió a las autoridades provinciales sigue vigente. Río Grande advirtió que evaluará los pasos administrativos y judiciales que correspondan para resguardar sus recursos. También analizará la posible responsabilidad de los funcionarios que intervinieron en la retención de los fondos.

Desde el Municipio insisten en que el Gobierno provincial debe explicar qué destino tuvo el dinero recibido y no transferido, y con qué mecanismo piensa devolverlo.

La conclusión de la tercera reunión es contundente. Después de meses de reclamos y de una intimación formal, la Provincia sigue sin un plan para devolverle a Río Grande lo que le corresponde. Para el Municipio, la coparticipación no es una ayuda ni una concesión del Gobierno provincial: es un derecho de la ciudad.