Polo Sur
La administración de Gustavo Melella, acompañada por su fuerza política Fuerza Patria, decidió seguir el mismo camino que Javier Milei: imponer un techo salarial a los trabajadores estatales.
El ministro de Economía de Tierra del Fuego, Francisco Devita, fue categórico al anunciar que en 2026 los aumentos no podrán superar el 10%, en línea con las pautas del presupuesto nacional. Esto implica un ajuste directo sobre el bolsillo de los trabajadores y anticipa un escenario de conflicto con los gremios y de tensión social en toda la provincia.
La medida, presentada como una obligación derivada de la Ley de Responsabilidad Fiscal, desconoce la realidad cotidiana de miles de familias fueguinas, que ya padecen la pérdida del poder adquisitivo frente a precios que suben muy por encima de las metas oficiales. El propio ministro reconoció lo insostenible de la situación: “Es muy complicado planificar un año con un 10% de incremento salarial, porque esas variables no terminan reflejando lo que pasa con los precios ni con el nivel de vida. Pero no podemos hacer otra cosa”.
La decisión desnuda la falta de autonomía del gobierno provincial frente a la Casa Rosada. Mientras se eliminan obras claves para Tierra del Fuego —como el puerto de Río Grande, el puente y el interconectado eléctrico—, el Ejecutivo local se disciplina a las metas de Nación, aun cuando eso significa salarios congelados, menos obra pública y menos recursos para atender las necesidades básicas.
Lejos de defender los intereses de los fueguinos, la gestión de Melella y Fuerza Patria se alinea con la política de Milei: ajustar a los que menos tienen, limitar el salario y condenar a los trabajadores a perder frente a la inflación.
