PoloSur
El juez de Garantías Mariano Budasoff será el encargado de llevar a cabo una audiencia oral y pública el próximo lunes, donde se determinará qué documentos, registros contables, elementos digitales e informes podrán ser utilizados en el juicio. Este proceso forma parte del Sistema Acusatorio y, tras la finalización de esta etapa, la Oficina Judicial establecerá la fecha de inicio del juicio.
En este caso, los fiscales Gonzalo Badano y Juan Francisco Ramírez Montrull han presentado acusaciones contra Urribarri, señalando un incremento patrimonial injustificado que asciende a $ 11.546.740,92, USD 7.245.441 y 16.300 euros. La investigación sugiere que el exgobernador habría recurrido a la colaboración del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros y de Rubén Ángel Martínez para ocultar la titularidad de ciertos fondos y bienes. Martínez, quien tiene vínculos con la empresa Relevamientos Catastrales SA, resolvió su situación legal a través de un juicio abreviado.
Cardona Herreros, identificado como propietario de la firma que trabajó como contratista del estado entrerriano, Relevamientos Catastrales S.A., habría facilitado su estructura empresarial, así como a sus empleados y su propio nombre, para gestionar diversos pagos, viajes, adquisiciones y registros de bienes. Por su parte, Martínez fue registrado como propietario de un Ford Focus Ghia, adquirido en noviembre de 2011 por $ 117.000, mientras que las autorizaciones para conducir el vehículo fueron otorgadas a Mauro Gabriel Urribarri, Lucila María Sattler y Ana Lía Liliana Aguilera, esposa del exgobernador.
La investigación también ha puesto bajo la lupa una serie de gastos relacionados con viajes internacionales, que fueron contratados a nombre de Urribarri, Aguilera y otros miembros de su familia. Entre los destinos mencionados se encuentran Atenas, París, Roma, Jerez, Cancún, Venecia, Cerdeña, Natal, Miami, Nueva York, Londres y Río de Janeiro.
Además, el análisis abarca propiedades ubicadas en Puerto Madero y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reformas en una vivienda de la calle Garat en Concordia, así como la adquisición de vehículos, un reloj Rolex, esculturas de cristal de Murano, una moto de agua, un gomón y equipamiento destinado a la Casa del Lago.
En defensa de Urribarri, su abogado Miguel Cullen argumentó que los bienes, ingresos y gastos del núcleo familiar no pueden ser atribuidos de manera automática al exgobernador. En este contexto, destacó que su hijo, Bruno Urribarri, ha desarrollado una carrera como futbolista profesional en clubes de Argentina y Grecia, lo que le ha generado ingresos propios que deberían ser considerados al evaluar la situación económica de la familia.
Además, Urribarri enfrenta otro juicio que podría llevarse a cabo de manera simultánea al de enriquecimiento ilícito. Este nuevo caso se refiere a supuestas negociaciones incompatibles relacionadas con la contratación de un sistema de software para la Administración Pública de Entre Ríos, que se habría adjudicado a la firma Relevamientos Catastrales. La acusación sostiene que durante su gestión, el exmandatario provincial habría utilizado su cargo para favorecer a dicha empresa a través de contratos estatales, incluyendo presuntos pagos de coimas o beneficios a exfuncionarios. Por estos hechos, Urribarri y Cardona Herreros también enfrentan cargos de cohecho pasivo y fraude.
A los dos juicios pendientes se suman cinco causas de corrupción adicionales por las que Sergio Urribarri fue condenado a una pena unificada de 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Esta sentencia abarcó un conjunto de expedientes que formaron parte del megajuicio en su contra, que investigó el direccionamiento de fondos, contrataciones de imprentas, gastos en promoción turística, financiamiento para la Cumbre del Mercosur y una solicitada en contra de los fondos buitre.
En el caso conocido como “Global Means”, se analizó el otorgamiento irregular de publicidad oficial a una empresa vinculada al empresario Germán Buffa. La acusación argumentó que el gobierno de Entre Ríos desvió recursos hacia esta firma antes de que esta tuviera una existencia real. Por otro lado, en otra investigación se indagaron maniobras de peculado a través de facturación y contratos de imprenta y publicidad que se habrían realizado de manera falsa o direccionada. Las empresas mencionadas en este expediente son Next SRL y Tep SRL, las cuales están relacionadas con el entorno familiar de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri.
La tercera causa se relaciona con el “Sueño Entrerriano”, un parador playero que fue instalado en Mar del Plata durante el verano de 2015. Este emprendimiento incluyó una estrategia de difusión turística cuyo costo superó los 14 millones de pesos. Según la acusación, esos recursos públicos se utilizaron para promover la precandidatura presidencial del entonces gobernador Sergio Urribarri. Esta situación ha generado un fuerte cuestionamiento sobre la utilización de fondos estatales para fines personales y políticos, lo que podría constituir un grave abuso de poder en el manejo de los recursos públicos.
El cuarto expediente se refiere a la Cumbre del Mercosur que se llevó a cabo en Paraná en 2014. Este sumario investiga el manejo de los recursos destinados a la organización de dicho encuentro regional en la capital entrerriana. La cifra que se encuentra bajo análisis asciende a 28,4 millones de pesos. La realización de este evento, que reunió a varios países de la región, ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia y la correcta administración de los fondos públicos, en un contexto donde la correcta gestión de recursos es fundamental para la credibilidad de las instituciones.
El quinto proceso se centra en una solicitada de prensa que fue publicada en medios nacionales y provinciales en contra de los llamados fondos buitre. La justicia ha investigado la sustracción y el desvío de más de cuatro millones de pesos de la partida presupuestaria que se había destinado para financiar esta publicación. Este caso pone de relieve las irregularidades en la gestión de recursos públicos y la responsabilidad de los funcionarios en el uso adecuado de los mismos. La defensa de los intereses del país frente a los fondos buitre se convierte en un tema de gran relevancia, especialmente en un contexto donde las decisiones políticas pueden tener un impacto significativo en la economía nacional y en la vida de los ciudadanos.
El automóvil de Sergio Urribarri fue retenido en el contexto de una causa penal. Cuando intentó recuperarlo casi un año después, se percató de que le faltaban varias piezas. Ante esta situación, Urribarri inició acciones legales contra la compañía de seguros, sin embargo, la Cámara Comercial confirmó el fallo de primera instancia que había rechazado su reclamo.
Luis Juez, Diego Barroetaveña y Jimena de la Torre, quienes son los tres consejeros que promovieron la destitución del exjuez federal de Rosario, analizaron la sentencia emitida por el Jurado de Enjuiciamiento. En su evaluación, cuestionaron la decisión de desestimar el cargo relacionado con las supuestas coimas y señalaron las deficiencias en los controles de antecedentes de los postulantes a jueces. Además, propusieron modificaciones para prevenir que situaciones similares se repitan en el futuro.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas ha solicitado la reapertura de la causa $LIBRA, después del sobreseimiento de Javier y Karina Milei. Este organismo, dirigido por Sergio Rodríguez, ha asumido la acción penal y ha presentado una apelación subsidiaria para que la Cámara Federal intervenga en el caso. Esta decisión se suma a los recursos presentados por varios inversores involucrados.
Fuente original: Infobae Judiciales.
