PoloSur
El MEAB ha tomado la iniciativa de solicitar un jury de enjuiciamiento contra el juez Alejandro López, quien tuvo a su cargo la absolución de siete personas, entre ellas el dirigente sindical Maximiliano Cabaleyro, en el marco de un conflicto que involucró a la distribuidora Rey Distribución, ubicada en San Pedro. La organización empresarial sostiene que la actuación del magistrado representa un respaldo a la comisión de delitos.
La Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) ya habían expresado su preocupación, advirtiendo que la decisión del juez López podría tener un impacto negativo en la seguridad jurídica, en el derecho al trabajo y en las condiciones necesarias para atraer inversiones.
Verónica Razzini, fundadora del MEAB y diputada de La Libertad Avanza (LLA), informó a Clarín que hasta el momento unas 30 empresas de diversas partes del país se han sumado a esta iniciativa, y que el número sigue en aumento. La mayoría de estas empresas son parte del movimiento, que también realiza acciones para apoyar a la familia propietaria de la distribuidora afectada.
Razzini expresó su preocupación al señalar que “consideramos de extrema gravedad que este juez esté avalando la comisión de delitos y mezclando el fuero penal con el laboral. Son cosas diferentes”. La empresaria enfatiza que la resolución del juez pone en riesgo los avances en institucionalidad y envía un mensaje negativo a quienes invierten y generan empleo en el país.
El fallo que generó la controversia fue emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Nicolás, que absolvió a los siete acusados tras un juicio que abordó denuncias de amenazas, extorsión y bloqueos contra la empresa. La fiscalía había solicitado una pena de diez años de prisión para Cabaleyro, pero los jueces determinaron que no se habían probado los hechos denunciados ni que los acusados hubieran obstaculizado el funcionamiento de la distribuidora en febrero de 2021.
Pablo Salvatori, asesor legal del MEAB, criticó los fundamentos jurídicos de la sentencia. Su principal objeción se centra en la confusión que, según él, el juez habría mostrado entre los conceptos de tipicidad y antijuridicidad, dos elementos fundamentales en la teoría del delito, los cuales, según manifestó a Clarín, fueron mal interpretados en diferentes partes del fallo.
La tipicidad se refiere a la adecuación de una conducta a una figura delictiva prevista por la ley penal, mientras que la antijuridicidad se ocupa de determinar si esa conducta es contraria al ordenamiento jurídico o si existe alguna causa que justifique su realización.
Salvatori sostiene que las conductas que fueron objeto de investigación son tanto típicas como antijurídicas, por lo que considera errónea la interpretación realizada por el juez. En particular, criticó la mención al artículo 34, inciso 4, del Código Penal, que se refiere a situaciones de cumplimiento de un deber o al ejercicio legítimo de un derecho, autoridad o cargo. Para él, este punto es crucial, ya que implica que el juez no aplicó correctamente la ley en un caso que involucra a dirigentes sindicales.
En relación con los bloqueos, también expresó que una posible autorización legal podría eliminar la antijuridicidad de una acción, aunque no su tipicidad. A su juicio, el juez no logró diferenciar adecuadamente entre ambas categorías, lo que considera un aspecto de suma gravedad en una sentencia de carácter penal. Esta falta de distinción, según Salvatori, podría sentar un precedente peligroso para futuros casos relacionados con el ejercicio de derechos laborales.
Razzini vinculó este caso con las modificaciones legislativas promovidas durante la administración de Javier Milei en el ámbito laboral, así como con las limitaciones impuestas a los bloqueos sindicales. La fundadora del Movimiento Empresarial Argentino de Buenos Aires (MEAB) señaló que en los últimos años se han logrado avances en la restauración de la institucionalidad y en la disminución de la conflictividad. Además, advirtió que el fallo podría poner en peligro estos logros, afectando la estabilidad y el clima de trabajo en el sector.
Fuente original: Clarín Economía.
