PoloSur
La denuncia se centra en Hidalgo Páez, quien ocupa el cargo de subdirector de la Dirección Regional Undécima Chorotega Norte. La acusación fue promovida por la Unión Nacional de Policías (UNP), que ha solicitado una investigación exhaustiva sobre los hechos y la posibilidad de abrir un proceso disciplinario en contra del funcionario.
El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica ha confirmado que se encuentra llevando a cabo una investigación al respecto, aunque no ha proporcionado detalles sobre el alcance de las diligencias ni sobre posibles medidas que se tomen contra el subdirector. La institución ha señalado que es fundamental respetar el debido proceso en este tipo de situaciones.
Según el medio La Mesa Redonda, uno de los aspectos más preocupantes de la denuncia se relaciona con comentarios que el subdirector habría hecho durante sesiones de inducción para el personal policial. Testimonios indican que el jefe preguntaba a los agentes sobre el origen de sus apellidos, en un contexto donde varios funcionarios tienen ascendencia o familiares en Nicaragua.
Un agente denunciante relató que, tras escuchar a un compañero afirmar que “todos somos del norte” debido a los lazos con Nicaragua, el subdirector habría respondido con una burla y una frase que evidenciaba su rechazo hacia los nicaragüenses, llegando a expresar que “odiaba a los nicas”.
Además, el documento de denuncia menciona un comentario del subdirector sobre el matrimonio entre una persona costarricense y una nicaragüense, al que habría calificado como un “castigo de Dios”. Los agentes consideran que estas manifestaciones indican un trato discriminatorio hacia sus colegas y hacia ciudadanos que mantienen vínculos con Nicaragua.
La gravedad de las acusaciones se ve acentuada por la ubicación del mando denunciado. Guanacaste es una provincia que mantiene intercambios cotidianos con comunidades nicaragüenses, así como con costarricenses que tienen familiares al otro lado de la frontera. La xenofobia, en este contexto, puede impactar tanto a migrantes como a ciudadanos costarricenses, afectando a aquellos que son percibidos como nicaragüenses por su origen, apellido o relaciones familiares.
Los 17 agentes de policía también denunciaron supuestas presiones dentro de la estructura laboral. Según el documento presentado, el subdirector habría intimidado a aquellos funcionarios que cuestionaban sus órdenes o mostraban desacuerdo con sus exigencias. Entre las expresiones atribuidas al jefe policial se incluyen advertencias como “se le traslada” o “se le revienta”. El escrito también menciona que habría manifestado: “Yo hablo una sola vez. Si no se acomoda, lo reviento. Yo no me quedo con el problema, yo lo elimino”, y “sepa que lo estoy investigando”.
Los denunciantes afirman que se han producido amenazas, acoso laboral, elaboración de informes falsos y traslados arbitrarios. Estas conductas, según sostienen, han generado un clima de temor, estrés y desmotivación entre el personal, además de dificultar el cumplimiento de sus funciones. Por esta razón, los agentes decidieron presentar su reclamo de manera anónima. Argumentaron que temían posibles repercusiones laborales si sus identidades eran reveladas ante una autoridad que podría influir en sus destinos, evaluaciones e informes internos.
Este caso se desarrolla en un país que se ha convertido en uno de los principales destinos para quienes han abandonado Nicaragua debido a la situación política y de derechos humanos bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Desde 2018, cientos de miles de nicaragüenses han buscado protección fuera de su país, siendo Costa Rica el principal lugar de acogida.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó que, en marzo de 2025, Costa Rica albergaba a más de 194 mil solicitantes de asilo nicaragüenses y a 9,216 refugiados reconocidos de esa nacionalidad. El organismo advirtió que la continuidad de los desplazamientos y los recortes presupuestarios están presionando el sistema de protección costarricense.
La denuncia plantea un cuestionamiento sobre la idoneidad de que un funcionario acusado de realizar comentarios xenófobos contra nicaragüenses ocupe un cargo de conducción policial en una región donde esta población forma parte integral de la vida cotidiana. El medio La Mesa Redonda intentó obtener la versión de Hidalgo Páez, pero no había recibido respuesta al momento de la publicación de la información.
Emilio T. González, quien se desempeñó como director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, presentó cuatro medidas específicas con el objetivo de ejercer presión sobre el régimen de Nicaragua. Esta propuesta fue formulada tras el rechazo por parte de Managua a la embajadora que había sido designada por el gobierno de Washington.
En el ámbito de la salud, Nicaragua ha ampliado la infraestructura hospitalaria, aunque enfrenta una notable escasez de médicos para atender estos nuevos establecimientos. Entre los años 2018 y 2025, el Ministerio de Salud (Minsa) ha invertido 5,305.3 millones de córdobas, equivalentes a aproximadamente 144.36 millones de dólares, en diversas obras. Durante este período, se han creado 1,922 nuevos puestos de trabajo en el sector, mientras que la red de salud ha incorporado 1,074 camas adicionales en todo el país.
En un caso que ha llamado la atención, una maestra de Nagarote ha sido reportada como desaparecida, pero ha admitido su participación en actividades de narcotráfico internacional ante un tribunal. La docente se encuentra bajo prisión preventiva mientras se determina la condena que la Fiscalía ha solicitado, que podría alcanzar hasta quince años de prisión en esta causa.
Un economista ha declarado que "no existen derechos de propiedad para nicaragüenses ni para extranjeros", en referencia a un reciente despojo que afectó a jubilados estadounidenses en Nicaragua. El experto sugirió que este caso podría atraer la atención del Departamento de Estado de EE.UU. y relacionó la pérdida de propiedades con un patrón de transferencias hacia el Instituto de Seguridad Social.
Por último, un análisis de un medio local ha revelado que el costo básico de un entierro en Nicaragua equivale a casi cuatro salarios mínimos en el sector agropecuario. Según el informe de 100% Noticias, el gasto total que incluye una caja económica, un espacio municipal y el permiso correspondiente asciende a C$23.200, en contraste con los C$6.188,02 mensuales que se establecieron para los trabajadores rurales desde marzo.
Fuente original: Infobae América.
